En México se ha instaurado la práctica de usar el sistema penal de manera arbitraria contra personas que denuncian violaciones a derechos humanos, que las investigan y que acompañan a las víctimas de esas violaciones en su búsqueda de justicia, verdad y reparación integral del daño. Así lo advierte Amnistía Internacional México en su último informe Perseguidas: criminalización de mujeres defensoras de derechos humanos en México.
El informe, dado a conocer hoy, documenta los casos de la abogada Ana Lorena Delgadillo Pérez, la periodista Marcela Turati Muñoz y la antropóloga forense Mercedes Doretti, quienes fueron sujetas a una investigación indebida y a espionaje por parte del Estado mexicano por los presuntos delitos de delincuencia organizada y secuestro.
La intervención de las autoridades se dio sin que contaran con evidencias suficientes que mostraran la relación de las tres personas defensoras con alguno de los delitos referidos. La investigación y el espionaje ocurrieron cuando las tres defensoras trabajaban, desde sus distintas disciplinas, para esclarecer las masacres de personas de diversas nacionalidades halladas en agosto de 2010 y abril de 2011 en San Fernando, Tamaulipas.
Aunque la investigación y el espionaje datan de 2016, a la fecha se desconoce si ambos continúan. Esta incertidumbre, que se mantiene desde hace ocho años, ha puesto a las tres defensoras de derechos humanos en una situación de indefensión, pues existe la amenaza constante de que continúe el uso indebido del sistema de justicia y sean investigadas sin que se garanticen las normas básicas del debido proceso.
“Desde Amnistía Internacional hemos advertido con alarma y en diversas ocasiones, que en México vivimos una grave crisis de derechos humanos. En este contexto, el caso de Ana Lorena, Marcela y Mercedes es emblemático por la forma en que el Estado mexicano usa el sistema penal de manera arbitraria para perseguir a las personas defensoras, amedrentarlas y criminalizarlas”, declaró Edith Olivares Ferreto, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México.
“Con estas acciones persecutorias, las autoridades mexicanas generan temor no solo a las tres mujeres defensoras, sino también a otras personas defensoras de derechos humanos que están en todo su derecho de contribuir con su trabajo a la vigencia de los mismos. Es inconcebible que, por esta labor, una persona sea perseguida penalmente. Los tres niveles de gobierno tienen la obligación de velar por la vigencia de los derechos humanos y no por profundizar la impunidad”, declaró Edith Olivares Ferreto.
El informe "Perseguidas: criminalización de mujeres defensoras de derechos humanos en México" documenta la forma como el personal de la SEIDO de la PGR desvió recursos de la investigación de una de las violaciones más graves de derechos humanos, como lo es el caso de “las fosas de San Fernando” o “San Fernando II”, para espiar a las tres personas defensoras.
Para proceder en contra de las defensoras de derechos humanos, la SEIDO de la PGR, utilizó sin fundamento el marco jurídico de secuestro y delincuencia organizada para solicitar ilegalmente información de telecomunicaciones de las tres defensoras de derechos humanos.
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