La extinción de siete órganos autónomos encargados de procurar el derecho a la información, la protección de datos, la competencia en el mercado, la evaluación educativa, entre otros aspectos, avanzó al interior de la Cámara de Diputados con el empuje de Morena y aliados, pese a los reclamos y acusaciones de la oposición.
El proyecto constitucional enviado en febrero pasado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador dentro de un paquete de 20 iniciativas, fue aprobado con 22 votos a favor de parte de Morena, Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y recibió 17 en contra por parte del bloque de contención. Con esto, se busca trasladar las funciones de siete órganos a dependencias del Poder Ejecutivo.
Se trata de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval); el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai); la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH); la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), a la Secretaría de Educación Pública (SEP).
La oposición se manifestó contra el proyecto, al que calificó como una “venganza” en contra de órganos como el Inai, que ha permitido conocer de casos de corrupción como el de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).
En medio de gritos de la bancada de Morena, el coordinador de la bancada priista, Rubén Moreira, les aseguró que están generando un “supremo poder conservador”, por ver en esta reforma una muestra de que se oponen a ser criticados y a ser transparentes.
“Pero les digo a todos que ustedes están generando el supremo poder conservador, por eso van sobre los órganos autónomos, porque no les gusta la crítica, no les gusta la transparencia, porque ustedes están con los grandes oligarcas de este país, hombre, están con ellos, por eso quieren eliminar la Cofece”, exclamó.
De igual forma, subrayó que esta Comisión surgió como una necesidad de crear un mercado libre que acabara con las oligarquías y monopolios, por lo que advirtió que su extinción se traducirá en “arreglos con el poder” y perjudicará al crecimiento del país.
En cambio, desde Morena se defendió el proyecto bajo argumentos como que el objetivo del mismo es hacer un gobierno eficiente que no tenga que depender de órganos autónomos.
Entre otros argumentos, se expuso que esto reducirá gastos que consideran “innecesarios” y acabará con el “despilfarro de recursos de la nación” para reconducirlos a otros rubros como el combate a la desigualdad social.
Aunque se presentaron más de 50 propuestas de modificación, sólo se aprobó una emanada del morenista Marcos Rosendo Filigrana en la que se agregó que el candado para que las normas relativas a las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión no serán objeto de suspensiones, salvo que involucren multas o la desincorporación de activos, derechos, pero sólo se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio correspondiente.
También fija que los juicios de amparo en la materia sólo serán sustanciados por jueces y tribunales especializados y en ningún caso se admitirán recursos ordinarios o constitucionales.
En otros puntos, fija que el Poder Ejecutivo podrá conducir la política energética, en el sentido de llevar a cabo la regulación técnica y económica.
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FGR
