Con el voto a favor de la oposición, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reordenamiento Urbano y Vivienda aprobaron el dictamen de la reforma que eleva a rango constitucional el derecho a la vivienda adecuada para personas trabajadoras y convierte al Infonavit en constructor y arrendador.
Los senadores de las tres comisiones sumaron 33 votos en total para ratificar la minuta enviada por la Cámara de Diputados, la cual establece que toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otro ramo estará obligada a que sus trabajadores cuenten con viviendas cómodas e higiénicas.
¿En qué consiste la reforma de derecho a la vivienda?
La iniciativa que reforma el artículo 123 de la Constitución detalla que esta obligación de las empresas se cumplirá, mediante las aportaciones que hagan a un Fondo Nacional de la Vivienda, con el fin de constituir depósitos en favor de sus personas trabajadoras.
El Fondo establecerá un sistema de vivienda con orientación social, que permitirá a las personas trabajadoras obtener crédito barato y suficiente para su adquisición o mejora.
También podrá invertir sus recursos en la adquisición de suelo y la construcción de vivienda, para que la persona trabajadora pueda adquirirla o arrendarla en los términos que fije la ley.
Además, decreta que las personas trabajadoras después de un año de cotización, podrán acceder a las viviendas en arrendamiento social, propiedad del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
En estas operaciones, la mensualidad no podrá exceder del 30 por ciento del salario de las personas trabajadoras, según plantea el dictamen, que será presentado al pleno del Senado de la República este martes 28 de octubre para dar primera lectura.
Morena y oposición coinciden en avance de reforma para facilitar a trabajadores la adquisición de vivienda
Óscar Cantón de Morena y presidente de la comisión de Puntos Constitucionales, resaltó que esta iniciativa busca resolver un problema "enorme" al establecer una responsabilidad del Estado, para asegurar que todos los trabajadores tengan acceso a una vivienda digna y adecuada, lo cual ayudará a reducir la pobreza y la desigualdad en el país.
La senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, recordó que el derecho a la vivienda ha sido un reclamo histórico de la clase trabajadora, "ha habido un rezago a los trabajadores en la formalidad", y expresó su preocupación porque en esta iniciativa no se tomaron en cuenta a las personas que se encuentran en la informalidad.
Mely Romero Celis, senadora del PRI, refirió que ante la necesidad de vivienda en el país su bancada apoyaría el dictamen, "sabemos que existe una gran necesidad de vivienda; sabemos que hay familias que siguen viviendo dos, tres generaciones de familias en un mismo espacio".
La panista Mayuli Latifa, reconoció que la reforma reformula en la Constitución el derecho de las y los trabajadores de este país para tener acceso a una vivienda adecuada.
"Resolverá, efectivamente, una de las demandas sentidas de las y los mexicanos del derecho de tener una vivienda digna sus familias. México atraviesa por un problema de accesibilidad a una vivienda debido a los altos costos de la vivienda y la falta de viviendas adecuadas de interés social y la falta de acceso a créditos accesibles y suficientes", indicó.
El morenista Antonino Morales, abundó que esta reforma concita una causa justa, un ideal largamente anhelado, que busca saldar, con responsabilidad, una deuda histórica, para la clase obrera y trabajadora.
"Hablar de vivienda digna, es también hablar de justicia, igualdad y reconocimiento del esfuerzo de millones de mexicanos que día a día edifican la economía de nuestro país".
cehr
