Mientras la Cámara de Diputados arrancó este lunes una sesión maratónica de varios días para discutir el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024, en el que uno de los objetivos centrales es ver de dónde sacar recursos para reconstruir Acapulco, la Federación tiene una bolsa de más de 155 mil millones de pesos sin recuperar, correspondientes a montos erogados sin justificar, que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha señalado como presuntos daños al erario en este sexenio.
Dicho monto es más del doble de lo que el propio Gobierno proyectó la semana pasada en inversión para la recuperación del puerto, de 61 mil 313 millones de pesos.
A pesar de que aún no concluye el actual Gobierno y que la cantidad de auditorías practicadas al mismo, de las que se derivan dichas inconsistencias, es mucho menor en comparación con los dos que le antecedieron, la administración obradorista es la que tiene el monto más elevado de dinero que no recuperó, con más de 155 mil millones de pesos, que representan 52.5 por ciento del total de las últimas cuatro administraciones federales.
Con información actualizada al 31 de octubre del 2023 y consultada por La Razón, hay 295 mil 325 millones de pesos que no fueron ni han sido aclarados desde el año 2000, lo que representa un retraso en la rendición de cuentas sobre el gasto público.
De dicho monto, 335.7 millones corresponden a la Cuenta Pública del 2000, último año de gobierno del priista Ernesto Zedillo, en el que se practicaron dos mil 830 auditorías.
Del panista Vicente Fox quedaron sin justificar 611 millones de pesos, producto de dos mil 830 auditorías; de su sucesor por el mismo partido, Felipe Calderón Hinojosa, el monto sin subsanar asciende a seis mil 409 millones de pesos, derivado de seis mil 210 acciones de fiscalización.
Para la administración siguiente, del priista Enrique Peña Nieto, las irregularidades desbordaron hasta registrar un aumento de mil 971 por ciento, pues el dinero erogado que se quedó sin aclarar fue de 132 mil 738 millones de pesos, correspondientes a 10 mil 97 auditorías practicadas entre el 2013 y el 2018.
Ya en el Gobierno en curso, el aumento respecto al anterior es del 16.9 por ciento, con 155 mil 229 millones de pesos sin aclarar ni recuperar y observados en apenas cinco mil 821 auditorías, que son poco más de la mitad del gobierno peñista.
De esta cifra, nueve mil 62 millones se atribuyen a las irregularidades de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) y sus filiales Diconsa y Liconsa, que hasta hace dos semanas tenían un monto por aclarar superior a 20 mil millones de pesos.
El diputado emecista Mario Alberto Rodríguez, quien hace tres años presidió la Comisión de Vigilancia de la ASF en San Lázaro, explicó que este retraso es multifactorial, pues detrás de esto hay cuestiones legislativas, de operatividad, de forma y hasta presupuestales, que no han permitido eficientar el trabajo del órgano fiscalizador.
“Debido a reformas en la manera de fiscalizar, se ha hecho que la Auditoría tenga que meter entre sus recursos unos pronunciamientos que hacen que se lleve a cabo un litigio, sin serlo, entre el ente fiscalizado y la Auditoría, y que pueden generar este rezago en tiempo, antes de que pase incluso a ser un asunto jurídico.
“Hay que sumar los procesos de revisión. En febrero se publica un documento general con el que se notifica la entrega del informe general a la Cámara de Diputados. Vienen 30 días para la confronta y 120 para que se pronuncie la ASF; si le sumas todos estos días, ya es como medio año”, explicó a La Razón.
Señaló que otra causa detrás de este rezago es la insuficiencia presupuestal, ya que no se ha dotado de mayores recursos a la Auditoría Superior para que pueda incrementar su capacidad de funcionamiento.
En el 2019, primer año completo de la actual administración, la ASF recibió dos mil 304 millones 444 mil 27 pesos; desde entonces, su presupuesto aprobado apenas si se ha incrementado poco más del tres por ciento cada año hasta el 2022, pues para el año en curso se le aprobó 6.4 por ciento por arriba de lo que se le avaló el año pasado.
Sin embargo, los recursos recibidos fueron 4.3 por ciento menores al monto solicitado, pues para el 2023 pidió dos mil 815 millones 761 mil 633 pesos, pero se le aprobaron dos mil 693 millones 555 mil 575 pesos.
“En los últimos años no ha dado la posibilidad de incremento por este asunto de la austeridad republicana; entonces, ahí hay una especie de trampa, ahí en los años donde la Auditoría ha tenido que rebajarse incluso a la inflación del año pasado, donde no tiene la posibilidad de incrementar su presupuesto; incluso, este año estamos ahorcados”, declaró Rodríguez Carrillo.
Aunado a esto, explicó que las labores del órgano fiscalizador se complican cada que se cambia de administración, pues es en ese proceso cuando se atoran los procedimientos.
Estos temas fueron puestos sobre la mesa por el mismo diputado al auditor superior, David Colmenares, en la última entrega de Cuenta Pública, quien se comprometió a trazar una ruta para atender el rezago de la Federación.
Pasa PEF sin fondos para la reconstrucción
La Cámara de Diputados aprobó, en lo general, el último Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) que ejercerá el Gobierno lopezobradorista, en el que se ratifica un recorte por 13 mil 262 millones de pesos a órganos autónomos y a los poderes Judicial y Legislativo, y en el cual no se destinan recursos de apoyo a los damnificados por el huracán Otis ni para la reconstrucción de Acapulco.
Con lo aprobado, Morena prevé parchar un impacto presupuestal que deriva de una reforma que avaló hace unos días en la Ley de Ingresos y que disminuiría recursos a los estados.
Ayer fue el primer día de por lo menos tres en los que los legisladores contemplan discutir más de dos mil reservas o propuestas de ajustes, en la que, por lo pronto, se avaló en lo general, con 262 votos a favor, 216 en contra y una abstención, un gasto por nueve billones 66 mil 45 millones 800 mil pesos para el siguiente año.
A partir de las 10:00 horas de hoy se dará la discusión en lo particular, en el que se buscarán modificaciones para canalizar recursos a la recuperación de Acapulco.
Fuera del acuerdo común entre las bancadas por buscar recursos para el puerto, los insultos y reclamos se repitieron, acompañados por mantas, cartulinas y hasta una huevera en forma de gallina que el perredista Javier Huacus dedicó a Morena desde la tribuna, “para demostrarle a los mexicanos los pocos huevos que tienen para gobernar… y reasignar recursos”.
Al presentar el dictamen, el morenista y presidente de la Comisión de Presupuesto, Erasmo González, reconoció que ahora se deberá subsanar una modificación que el bloque de la 4T avaló en la Ley de Ingresos para disminuir la tasa aplicable por el pago de utilidad compartida a Pemex; es decir, el impuesto que la paraestatal paga al Gobierno, de 40 a 30 por ciento.
Al implicar este ajuste una disminución en el presupuesto para los estados, explicó que la salida fue modificar el PEF para crear el Fondo de Desarrollo de Infraestructura Estatal, al que estarían asignándole siete mil 189 millones de pesos.
“Nuestra solidaridad al pueblo guerrerense. Sin duda, seremos testigos de todo el respaldo y la fortaleza del PEF para levantar a Guerrero”, dijo, en referencia al fondo para el que buscarán recursos que serán destinados a Acapulco.
Salvador Caro (MC) intentó frenar la discusión del dictamen por medio de una moción suspensiva, argumentando que representaba una inconstitucionalidad por no justificar el gasto de la “deuda histórica”, pero su petición fue bateada.
El coordinador del PRD, Luis Espinosa Cházaro, subió a tribuna acompañado por su bancada, la panista y la priista, para anunciar que Morena contará con sus votos para avalar un PEF que reetiquete dinero para poner a Acapulco de pie.
“Una política económica retrógrada y sin sustento es aquella de una falsa austeridad, que elimina recursos necesarios para desastres naturales para usar su guardadito en épocas electorales. El Fonden no era producto de la casualidad, era una necesidad surgida de la atención a los desastres naturales, extinguido con el falaz argumento de malos manejos de los recursos por parte de los funcionarios públicos, los cuales, hasta la fecha, no se han comprobado… No hay culpables, pero tampoco hay Fonden hoy, que tanta falta nos hace”, reclamó.
El coordinador del PRI, Rubén Moreira, acusó a la 4T de que cada año del sexenio se respira “un lamentable ritual” en el que todas las propuestas de modificación son desechadas, “sin reflexión ni debate”.
Retó a Morena con una propuesta para dar recursos a Acapulco: Que se quiten 40 mil millones de pesos al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), al que “desde hace cinco años ustedes han votado los recursos presupuestales que lo soportan”. Para ello, pidió a la mayoría votar a favor cuando esta reserva sea presentada, porque, de lo contrario, “el Fobaproa va a ser de Morena, no de nosotros”.
“Desde hace cinco años ustedes han votado los recursos presupuestales que soporta ese injusto fondo. En unos momentos presentaré una reserva de ley para retirarles más de 40 mil millones de pesos; ese dinero debe ser para rescatar a Acapulco y para combatir la pobreza en forma efectiva. Pido su voto para terminar con ese abuso, sé que me lo darán, porque si no, el Fobaproa va a ser de Morena, no de nosotros”, dijo.
El panista Héctor Saúl Téllez propuso al guinda reducir en 30 por ciento el presupuesto para las megaobras, sin que ello signifique “descarrilarlas”, para obtener 85 mil millones de pesos; tomar 10 por ciento de los fideicomisos que tiene el Gobierno y fijar un monto proveniente de los excedentes petroleros para tener al final una bolsa de 200 mil millones de pesos.
“Hago y apelo a los diputados de Guerrero y de Acapulco que, por favor, nos pongamos de acuerdo. Si no les gustan estos mecanismos, propongan los que ustedes creen convenientes”, exclamó.
TEPJF, sin capacidad al 24 con recorte, insisten
El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes Rodríguez Mondragón, advirtió a la Cámara de Diputados que la justificación del presupuesto solicitado para 2024 es proteger el voto de 100 millones de mexicanos y el recorte que plantean deja a esta instancia sin la capacidad para enfrentar el proceso electoral.
Al participar en la inauguración del “Foro Internacional: Estado de Derecho, Justicia Abierta y Elecciones”, organizado por el propio TEPJF y el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, insistió en que “la reducción de 767 millones de pesos al presupuesto del Tribunal, propuesta por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, lo deja con un monto insuficiente para enfrentar las cargas de trabajo del proceso electoral concurrente 2024”.
“Las y los legisladores en la Cámara de Diputados y Diputadas tienen hoy la delicada responsabilidad de garantizar que las instituciones democráticas, en particular el Tribunal Electoral, cuenten con los medios para cumplir con sus tareas constitucionales y legales y estemos así a la altura de las expectativas que ha puesto en él el pueblo de México. A final de cuentas lo que la gente quiere es certeza de que su voto será respetado, los triunfos serán inobjetables y se garantizará la transmisión pacífica del poder público”, subrayó.
En su mensaje, recordó que para el año próximo se prevé que el Tribunal Electoral recibirá el doble de asuntos que los de este año y refirió, como ejemplo, que tan sólo en los últimos 12 meses han atendido siete mil 550 recursos.
“La justificación detrás de este presupuesto es simple, proteger el voto y defender la elección de casi 100 millones de mexicanas y mexicanos inscritos en el padrón electoral”, enfatizó.
Y explicó: “El presupuesto del Tribunal es cíclico, hay años en los que la actividad electoral es menor y, por tanto, se reduce el número de asuntos que son atendidos por el Tribunal; hay otros años, como el 2012 y el 2018, caracterizados por una intensa actividad que demandaron una mayor carga de trabajo. Respectivamente, en esos procesos se resolvieron más de 26 mil y 18 mil asuntos jurisdiccionales”.
Recordó que, en un año electoral, para el TEPJF todos los días son hábiles, lo que exige atención las 24 horas, por lo que deben contratar personal en todas sus salas, lo que requiere que cuenten con los recursos necesarios.
Rodríguez Mondragón enfatizó que la ciudadanía no permite dar un paso atrás en materia democrática, por lo que se deben defender estos derechos.
“La ciudadanía no permite dar ni un paso atrás. Éstos y otros derechos se exigen legítimamente como derechos humanos, ante estas exigencias es necesario construir, fortalecer y financiar a las instituciones electorales garantes de las libertades políticas y los derechos electorales; además estas instituciones hacen posible el entorno de equidad y piso parejo que requiere toda competencia electoral. La democracia es un bien colectivo”, remarcó.
