Pese al enfoque del combate a la corrupción de la actual administración, en el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador se ha registrado un menor número de averiguaciones en contra de dicho delito.
De acuerdo con datos revisados por el Senado, entre el 2014 y el 2020 se abrieron más de 140 mil averiguaciones por corrupción de funcionarios; sin embargo, el nivel más bajo de indagatorias, dos mil 554 averiguaciones y carpetas de investigación por delitos de corrupción, corresponde al periodo de gestión de la actual administración.
Señala que para el 2021, en los centros penitenciarios de todo el territorio nacional había sólo mil 465 personas presas por delitos de corrupción, tanto del fuero común como del federal, número significativamente menor al de otros delitos, como el robo, que ese año sumaba a más de 125 mil personas en prisión, así como el homicidio, por el cual estaban recluidas más de 51 mil, o el secuestro, con 37 mil.
En ese mismo año ingresaron a las cárceles del país 860 personas acusadas por delitos de corrupción, número que representa una reducción de 55 por ciento a las que fueron procesadas anteriormente.
El material, que fue revisado en comisiones de la Cámara alta y difundido por el Instituto Belisario Domínguez (IBD), apunta que las sanciones por faltas graves también han descendido considerablemente pues, entre el 2016 y el 2020, las destituciones de servidores públicos federales cayeron 71 por ciento, mientras que las inhabilitaciones disminuyeron 68 por ciento en el mismo periodo.
“Las sanciones administrativas a los servidores públicos de la administración pública federal han venido descendiendo notablemente cada año, pasando de siete mil 656 en 2016, a siete mil 303 en 2017; tres mil 197 en 2018; dos mil 747 en 2019 y mil 921 en el año 2020, lo que significó una disminución del 74 por ciento entre 2016 y 2020.
“En el periodo 2016-2020 se hicieron ocho mil 185 amonestaciones públicas o privadas, se suspendió del cargo a siete mil 814 servidores públicos federales, fueron destituidos mil 325 servidores, se inhabilitó a siete mil 641 funcionarios y se aplicaron cinco mil 410 sanciones económicas o administrativas”, indicó.
Según el análisis, la disminución de las sanciones contra la corrupción parece tener múltiples causas, entre las que se encuentran la reducción del presupuesto de las instituciones que tienen atribuciones de control, seguimiento y auditoría en el uso de los recursos públicos, el debilitamiento y pérdida de eficacia de las labores de fiscalización, así como la integración incompleta de algunas de las instituciones que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción.
En el caso del procesamiento por parte de la fiscalía entre 2014 y 2018, fueron procesadas ocho mil 517 personas por delitos de corrupción, a las que se suman 22 reportadas por la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción entre 2019 y 2021, lo que confirma una marcada tendencia decreciente en el castigo del delito.
