Con deudas y sin dinero, albergues en el norte del país se declararon en emergencia para afrontar el regreso de cientos de centroamericanos bajo el programa “Quédate en México”, luego de que los gobiernos estadounidense y mexicano acordaron reactivarlo.
Representantes de los albergues señalaron que hay desinformación, ya que desconocen qué día se implementa y bajo qué condiciones, aparte de que temen que de nueva cuenta las autoridades federales se apoyen en ellos, cuando no tienen dinero para solventar sus gastos recurrentes, así como la alimentación para los migrantes que se encuentran ya en los inmuebles.
Esmeralda Shiu, vocera de la Coalición ProDefensa del Migrante, que tiene seis albergues en Tijuana y Mexicali, Baja California, explicó a La Razón que las autoridades planean dar alojamiento y alimento a las personas, pero teme que los dejen a la deriva y que pidan un techo en sus instalaciones que ya se encuentran a su máxima capacidad.
“Nos agarra de sorpresa, aunque no hay fecha en la que comience a operar, pensamos que puede ser el lunes, tampoco sabemos cuántos lleguen y por cuánto tiempo esperen a ser llamados. Como siempre nos vamos a ver afectados porque seguramente vamos a tener que brindarles albergue, aunque no tenemos recursos para ello”, dijo.
La activista mencionó que otra de los temas que les preocupan, es que muchos de los migrantes no están vacunados contra Covid-19, y en caso de que existan cientos de regresos masivos, pueden provocar daños a la salud de la población que residen en el norte del país.
Por su parte, el internacionalista Agustín Barrios Gómez opinó que lo más importante de la reactivación del programa “Quédate en México” no es el hecho de que regresen al país los aspirantes de asilo en Estados Unidos, sino que es una señal para miles de personas de que ya no podrán migrar a través de nuestro país.
“Afectará a miles, pero no pasará a cientos de miles, que van a decir para qué me voy a meter a Estados Unidos, si lo único que voy a lograr es quedarme a merced de los narcotraficantes en México, es un efecto disuasivo, no punitivo”, explicó el analista del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales.
