La tensión entre México y Bolivia, que inició cuando se ofreció asilo al expresidente Evo Morales, va en aumento luego de que ayer se anunció que el Gobierno mexicano interpuso un recurso legal ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para que se termine el asedio a la embajada en esa nación sudamericana, lo que generó una dura respuesta de la administración interina.
“México está presentando un instrumento jurídico por violación a obligaciones diplomáticas. Planteamos que se preserve y se respete la integridad de las instalaciones y a quienes están al interior de estas instalaciones”, anunció el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard.
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El canciller explicó que el pasado 15 de noviembre recibieron a nueve solicitantes de asilo y se pidió al gobierno interino que se les expidieran salvoconductos para salir del país, pero fue hasta el 26 de noviembre cuando Bolivia informó que cuatro tenían órdenes de aprehensión en su contra, por lo que “de acuerdo con el derecho internacional, lo que predomina es el derecho de asilo”.
Agregó que como parte del asedio, el pasado 23 de diciembre aparecieron afuera de la embajada alrededor de 90 elementos de la Policía y del Ejército, por lo que, además de la denuncia ante la CIJ, se estableció contacto con las autoridades de ese país para mostrarles la preocupación por ese despliegue.
“Pedimos que se respete el Convenio de Viena y el Pacto de Bogotá para que se respete la integridad de la sede diplomática de México. Ni aun en los peores momentos de los golpes militares de los años 70 y 80 se puso en riesgo la integridad de las instalaciones de México y de sus residentes”, expresó.
A su vez, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pidió al gobierno de Bolivia que no violente las instalaciones de la sede diplomática.
“Esperemos que se recapacite y que se respete el derecho de asilo y que se aleje cualquier tentación de tomar o vulnerar nuestra soberanía, al querer entrar en nuestra embajada. Eso no lo hizo ni (Augusto) Pinochet (exdictador de Chile)”, sostuvo.
Al respecto, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, dijo que no hay ruptura de relaciones diplomáticas con Bolivia, sino que existe un reclamo internacional por el tema del aumento en la seguridad en la embajada, aunque consideró que sí existe un momento de tensión.
ENDURECEN POSTURA. La respuesta del gobierno boliviano no se hizo esperar. El ministro interino de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, declaró: “nos amenazan con llevarnos a la Corte; allá nos veremos con mucho gusto y veremos quiénes han violado el tratado”.
Señaló que el “único que han permitido que se violen los tratados y convenios ha sido el Gobierno mexicano”, cuando acogió a Evo Morales, a quien calificó de “terrorista confeso”.
Más tarde, la ministra de Relaciones Exteriores, Karen Longaric, también desestimó el anuncio de llevar el tema a la CIJ y pidió retractarse de esa intención, pues carece de argumentos.
“Deberían retractarse, porque ninguna fuerza policial ha ingresado a los recintos diplomáticos de México ni ha violado la Convención de Viena. Nadie puede instaurar una demanda por hechos no probados o por presunciones que anuncia la Cancillería mexicana. Nadie puede ser denunciado por hechos que no ha cometido”, dijo en conferencia de prensa.
Más tarde, la Cancillería boliviana reveló en un comunicado que la seguridad se brindó a petición del Gobierno mexicano. Aseguró, además, que la diplomacia mexicana ha “tergiversado y distorsionado la verdad” y manifestó su preocupación por “la injerencia de México en los asuntos internos de Bolivia”.
En respuesta, la SRE confirmó que, efectivamente, solicitó el reforzamiento de la seguridad por amenazas y protestas de grupos sociales, pero acusó que el operativo está fuera de toda proporción y representa una amenaza y violación a la Convención de Viena que vela por la inmunidad de los recintos diplomáticos.
En una tarjeta informativa, destacó que se registraron y revisaron automóviles pertenecientes a funcionarios de la misión en la embajada, además del asedio durante las 24 horas del día y seguimiento a los trabajadores en todo momento al salir de las instalaciones, con el objetivo de aprehender a los exfuncionarios del gobierno de Evo Morales que se encuentran al interior y no brindar seguridad al inmueble.
Quien elevó más el tono de la confrontación fue Jorge Quiroga, expresidente de Bolivia y actual delegado presidencial en defensa de la democracia, quien arremetió contra el Presidente López Obrador, a quien acusó de violar tratados internacionales y de ser el “padrino de los tiranos latinoamericanos”.
El dato: El gobierno de Cuba se sumó a las expresiones de rechazo al asedio del gobierno interino de Bolivia a la embajada de México en ese país.
En conferencia en su país calificó al Ejecutivo mexicano de “cobarde, matoncito, cínico, sinvergüenza y contradictorio” porque, dijo, ha confundido la deferencia de Bolivia con cobardía y le reprochó haberse “arrodillado” ante Donald Trump, porque éste lo obliga a deportar migrantes.
De inmediato, hubo cierre de filas con el primer mandatario: primero, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, ofreció su solidaridad y destacó que ante los ataques e insultos al Jefe de Estado, los mexicanos deben estar unidos.
En tanto que el canciller Ebrard destacó que “ante los adjetivos e insultos a México y su Presidente, se imponen la unidad nacional”.
Con información de Jorge Butrón
