Más de tres mil personas con enfermedades mentales que requieren atención mayor se encuentran privadas de la libertad en prisiones federales, sujetas a una regulación legislativa “omisa” y que los deja “al amparo de nada”, con lo cual no sólo se vulneran sus derechos sino también se les pone en riesgo a ellas, quienes los rodean y se perjudica el objetivo de alcanzar la reinserción social.
De acuerdo con información proporcionada por la Coordinación General de Prevención y Readaptación Social a este medio vía transparencia, en el sistema penitenciario a cargo de la Federación hay un registro de tres mil 280 personas privadas de la libertad con algún padecimiento mental, de las cuales 214 son mujeres y tres mil 66, hombres.
Es decir, de las 19 mil 909 personas presas en las 14 cárceles a cargo del Gobierno Federal, hasta enero, 16.4 por ciento enfrentan algún padecimiento mental.
Aunque se le pidió a la instancia detallar la condición en que se encuentra este sector, únicamente respondió que hasta enero de este año 0.1 por ciento padece retraso mental; 0.1 por ciento, demencia; 1 por ciento, trastorno psicótico; 1 por ciento trastorno bipolar y cuatro por ciento, esquizofrenia.
Para procurar su salud, los recursos humanos son escasos, pues la atención médica de estos pacientes sólo está a cargo de 70 médicos generales y únicamente cinco psiquiatras.
Para la abogada Grecia Granados, el tema implica múltiples contradicciones del sistema mexicano y los compromisos que ha hecho en tratados internacionales, debido a que la legislación nacional no ha sido adaptada para procurar derechos de las personas, como se ha comprometido, lo que llega a tener un alcance mayor en este caso cuando se juntan dos factores: criminalidad y enfermedades mentales.
Explica que, en la legislación mexicana, la inimputabilidad de un individuo aplica cuando al momento de cometer un delito, la persona no tiene la capacidad de comprender la falta en que incurre; sin embargo, la complejidad inicia cuando en las leyes no se precisa el destino que tendrá la persona, en este caso una con enfermedad mental.
La especialista explica el vacío, principalmente en el Código Penal Federal, Ley General de Salud Mental, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Ejecución Penal porque en ninguna de éstas hay un marco normativo que defina con claridad el manejo y procesamiento a las personas en esta condición.
En el contexto donde la Cámara de Diputados y el Senado apresuran la salida de proyectos presidenciales, reclama que como parte del Estado no ha cumplido la tarea que se le encomienda de proteger y brindar a sus gobernados el acceso a derechos fundamentales como la salud y seguridad.
“El problema principal en términos de trastorno mental y sistema penitenciario es, de entrada, que falta un marco normativo que esté adecuado a los estándares… si a eso le agregamos que hay ausencia de personal especializado, que hay una escasez de medicamentos y de tratamientos y a eso le agregamos que tampoco tienen programas de tratamiento psiquiátrico, por supuesto que estás violentando los derechos humanos de las personas que tienen algún trastorno mental y que están privadas de la libertad. El sistema penitenciario es como el último círculo del infierno”, declaró.
