El caso del abogado Juan Collado, de ser un tema central en la opinión pública sobre la impartición de justicia en México, ahora es un asunto secundario, debido a la lucha de poder entre los grupos facciosos que utilizan a la justicia como un medio para adquirir más poder, consideró el politólogo de la UNAM, Edgar Ortiz Arellano.
“Las acusaciones son mutuas de comportamientos irregulares, tanto de la FGR como del Juzgado; ponen en evidencia las rupturas que existen en el interior del grupo gobernante”, estimó.
Esto luego que el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna determinó no vincular a proceso a los abogados y al asesor financiero del exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, a quienes se pretendía imputar los delitos de extorsión y tráfico de influencias, con base en las acusaciones hechas por Collado, quien permanece en el Reclusorio Norte.
Expresó que es una oportunidad para los actores en disputa el demostrar desde el ámbito de lo jurídico, que sin importar el peso político, económico o mediático que tienen los involucrados la sociedad mexicana puede esperar que se haga justicia con estricto apego a la ley.
Por su parte Rubén Salazar, especialista en temas políticos y director de la consultora de análisis de riesgo Etellekt, manifestó que entre el fiscal Alejandro Gertz Manero y el Presidente Andrés Manuel López Obrador existía un pacto de no agresión que implicaba darle carpetazo a las denuncias.
Éstas se han presentado por delitos de corrupción que involucran a familiares del Presidente y funcionarios de la 4T, y perseguir judicialmente a opositores, a cambio de permitirle a Gertz emplear a la fiscalía para venganzas personales.
“Ese pacto terminó rompiéndose (...) el fiscal se siente amenazado y puede tomar represalias destapando escándalos de corrupción que tocan al primer círculo presidencial”, examinó.
