La Cámara de Diputados recomendó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que lleve a cabo nuevas y más profundas revisiones al ejercicio del gasto público realizado por Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) en el 2020, que presentó irregularidades por cinco mil 640.7 millones de pesos y que no ha podido justificar fehacientemente.
Para tal efecto, los legisladores han pedido la realización de auditorías forenses de cumplimiento a la dependencia, dio a conocer el diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo, de Movimiento Ciudadano.
“Luego de la presentación de la revisión de la Cuenta Pública 2020 (entregada a la Cámara de Diputados el 20 de febrero del 2022), la Auditoría Superior de la Federación debe notificar a las dependencias las irregularidades detectadas para que subsanen. Una vez notificadas, tienen 10 días para responder; luego, hay un periodo de 30 días para solventar y, terminado ese periodo, la ASF tiene 120 días para revisar y establecer si queda satisfecha la solventación exigida. Estamos en este periodo, pero evidentemente las pruebas presentadas por Segalmex no convencieron en su totalidad a la ASF”, dijo Rodríguez Carrillo, en entrevista.
Explicó que las auditorías forenses, que suponen una fiscalización rigurosa y pormenorizada de procesos, hechos y evidencias, con el propósito de documentar la existencia de un presunto acto irregular, permitirán documentar de manera precisa los actos o anomalías en los procesos y mecanismos de control y supervisión, con el fin de encontrar a los responsables y presentar las acciones correspondientes, en este caso 15 recomendaciones, tres solicitudes de aclaración, siete promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y ocho pliegos de observaciones.
El legislador aseguró que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (CVASF) determinó que, en la ejecución del programa presupuestario S-290, “Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos”, que tiene como objetivo incrementar los ingresos de los pequeños productores agrícolas mediante el establecimiento de “precios de garantía”, Segalmex no comprobó o justificó el gasto de cuatro mil 347.5 millones de pesos.
En su conferencia matutina, el Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que, paralelamente, la Fiscalía General de la República (FGR) está integrando una averiguación sobre el presunto fraude en Segalmex; sin embargo, por el sigilo que exigen las indagatorias, dijo, no se puede revelar el contenido de las mismas, pero se comprometió a que toda la información que tenga la Secretaría de la Función Pública (SFP), dependencia que presentó la denuncia, será dada a conocer en los próximos días.
“Sí, hay un presunto fraude en Segalmex que se está investigando. Ya está la denuncia desde hace algún tiempo en la Fiscalía General de la República y está abierta la investigación. No puedo precisar, porque se están haciendo auditorías y hay una revisión constante.
“Ya lo hizo la Secretaría de la Función Pública y ya está en manos de la Fiscalía General; ellos van a informarnos, pero sí podemos dar a conocer la información en lo general, sobre todo la Secretaría de la Función Pública; nos comprometemos a eso, a que se entregue toda la información”, ofreció el mandatario.
Otras de las irregularidades detectadas en Segalmex produjeron un quebranto a la hacienda pública por un monto de mil 293 millones de pesos, de acuerdo con la ASF, con lo que se acumulan cinco mil 640.7 millones de pesos de los que no pudo comprobar su uso legal.
En el caso de “Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos”, están observados 47.4 millones de pesos, por exceder el tonelaje permitido de las Reglas de Operación del Programa en las compras de maíz a 167 pequeños productores del ciclo productivo.
También debe explicar el destino de dos mil 854.6 millones de pesos, de los cuales no proporcionó las boletas de recepción y liquidación de los productores, que justifiquen la entrada de grano a los centros de acopio; tampoco hay evidencia de las transferencias bancarias.
En este caso, no entregó los comprobantes del pago del subsidio a medianos productores de trigo y arroz, bajo el concepto de “complemento” a maíz.
De acuerdo con el legislador Mario Alberto Rodríguez, la auditoría forense servirá para aclarar por qué pagó mil 445.4 millones de pesos a Leche Industrializada Conasupo (Liconsa), para presuntamente adquirir 520 millones 109 mil 083 litros captados a pequeños y medianos productores de leche.
El daño a la Hacienda Pública, explicó la ASF, proviene de desvíos en efectivo por 4.8 millones de pesos, pues no se acreditaron las entradas a almacén del pedido número GA02686/19, por lo que Segalmex deberá rendir cuenta sobre los rendimientos financieros que se pudieran haber generado si se mantuvieran en una inversión financiera desde la fecha de pago hasta su reintegro o recuperación total.
Otros 104.3 millones de pesos salieron de dos cuentas concentradoras y 27 subcuentas, correspondientes a disposiciones de efectivo no identificados por Segalmex; igualmente deberá cubrir los rendimientos que se hubieran generado.
En otros 212.3 millones, se simuló la compra de granos, pero no se sumaron a las existencias de maíz y frijol de los levantamientos físicos de inventarios y tampoco comprobó las entradas a almacenes de compras de productos de la canasta básica; en este caso, también deberá entregar los rendimientos financieros.
Asimismo, 9.2 millones de pesos se usaron para supuestamente pagar embarques del servicio de fletes en marzo, abril, mayo, noviembre y diciembre del 2019, que se realizaron con cargo al contrato CSS/014/2020.
Otros 50 millones de pesos fueron usados para el pago total del pedido A/009/2020, sin acreditar, con las notas de remisión, la recepción de plaguicidas, abonos y fertilizantes.
Finalmente, hay 909.9 millones de pesos que se usaron para la prestación del servicio especializado en apoyo de actividades institucionales, pero no hay documentos comprobatorios.
- El dato: en días pasados, Segalmex anunció la compra de 521 mil toneladas de maíz para garantizar el abasto del grano, como parte del Paquete Contra la Inflación y la Carestía.
