El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, se declaró perseguido político del gobierno de Javier Corral, además de que corre peligro si las autoridades de la Corte del Distrito Sur de Miami decide enviarlo a México, alegó su defensa en la audiencia que se celebra este jueves.
Previo a la audiencia de ayer, Duarte Jáquez envío un escrito de 25 hojas a la jueza Lauren F. Louis en el que advierte que el mandatario estatal Corral Jurado impulsa una campaña en su contra por considerarlo su enemigo político, y explica, a través de sus abogados, que “muchas veces ha dicho de forma pública, incluso prometiendo reiterada y públicamente que pondrá a Duarte inmediatamente en prisión por tiempo indefinido tras su extradición”.
Sus alegatos no fueron escuchados por la jueza, quien determinó que el exfuncionario mexicano permanecerá en prisión en Miami, Florida, al menos un mes, hasta el 31 de agosto, cuando se lleve a cabo una nueva audiencia en torno a su extradición, confirmó el consejero Jurídico del gobierno de Chihuahua, Jorge Espinoza.
Agregó que al exgobernador estatal detenido el pasado 8 de julio se le negó la libertad bajo fianza, misma que solicitó al argumentar que presenta riesgos de contraer Covid-19.
Tendremos que esperar hasta el 31 de agosto para ver si ya están complementados los argumentos de las partes, como la jueza solicitó, y, a partir de ahí, ver la posibilidad de una nueva fecha (de extradición)Jorge Espinoza, Consejero jurídico del estado de Chihuahua
Aunque Espinoza Cortés aseguró que la jueza Lauren F. Louis fijó el 31 de agosto para una nueva audiencia, dijo que en esa fecha sólo se ofrecerá la calendarización del proceso de extradición. “Tendremos que esperar hasta el 31 de agosto para ver si ya están complementados los argumentos de las partes, como la jueza solicitó, y, a partir de ahí, ver la posibilidad de una nueva fecha”, puntualizó el funcionario.
La defensa de Duarte Jáquez rechazó que a su cliente se le asigne la categoría de fugitivo y que haya buscado el asilo en Estados Unidos; por el contrario, dijo que ingresó a ese país de forma legal en noviembre de 2016, cuando no tenía conocimiento de los cargos que le formuló la Fiscalía de Chihuahua, de los que se enteró hasta marzo de 2017.
Los abogados del exmandatario, Juan Morillo, Armando Rosquete Bell y Henry Philip Bell, alegan que en México los cargos penales no son públicos y las órdenes de aprehensión tampoco, por eso su cliente no se percató de las acusaciones en su contra por la supuesta comisión de varios delitos, sino hasta meses después de haber ingresado a Estados Unidos.
Agregaron que el exmandatario está dispuesto a someterse “al más alto grado de monitoreo disponible por las autoridades”, lo que echa por tierra el argumento de que podría escapar de Estados Unidos, por lo que tampoco se sostiene la denuncia de que representa un peligro para la comunidad.
César Duarte enfrenta una acusación por los delitos de peculado, desvío de recursos públicos y uso indebido del servicio público en perjuicio de la administración del estado de Chihuahua.
- El dato: El consejero jurídico de Chihuahua confirmó que al menos 10 familiares o allegados al exfuncionario, señalados como presuntos cómplices, se encuentran bajo investigación.