A pesar de los esfuerzos oficiales, a ocho años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, aún no se sabe el paradero de los estudiantes y la investigación, con escasos avances, está envuelta en enfrentamientos entre varias áreas del Estado y actos violentos de estudiantes que exigen justicia.
Además, han sido liberadas más de 120 personas detenidas por el caso, aunque 64 están en prisión.
Recientemente, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, quien está a cargo de la Comisión de la Verdad, denunció que el juez tercero de Distrito en Procesos Penales Federales en Matamoros, Tamaulipas, liberó a 24 imputados por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.
A este reclamo en contra de un integrante del Poder Judicial se suma la demanda que el subsecretario hizo este fin de semana para que la Fiscalía General de la República (FGR) investigue una posible filtración de información oficial del caso que la comisión que preside le entregó.
Dicha filtración, que a decir de Encinas Rodríguez “es absolutamente irresponsable y una falta de respeto a los padres y madres de los estudiantes desaparecidos” y que, “lejos de ayudar a la investigación, la perjudican y abren paso a la impunidad”, se dio poco más de un mes después de que el funcionario presentó –el 18 de agosto– la investigación que lleva a cabo la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ), la cual establece que la desaparición de los jóvenes fue un crimen de Estado en el que tuvieron responsabilidad los tres niveles de gobierno, incluidos elementos del 27 Batallón de Infantería de Iguala.
Apenas se conoció que, del total de 83 órdenes de aprehensión que giró el juez segundo de Distrito en Procesos Penales Federales, Enrique Beltrán, el pasado 19 de agosto, derivadas de la investigación de la CoVAJ –20 de las cuales eran contra mandos y tropa del Ejército–, la FGR ya se desistió de al menos 21.
La Fiscalía desechó las capturas contra 16 militares de los batallones 27 y 41 de Infantería, que estaban prófugos por delincuencia organizada y desaparición forzada, además de que retiró otras órdenes de aprehensión en contra de cinco exfuncionarios de Guerrero, entre ellas las del exprocurador Iñaki Blanco Cabrera y la de la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lambertina Galeana Marín.
A la confrontación de Encinas con el juez de Matamoros y la actuación de la FGR se suma la aparente molestia de las Fuerzas Armadas por el manejo que el subsecretario de ha dado al caso, al acusar a 20 elementos del Ejército Mexicano de delitos como desaparición forzada y delincuencia organizada, basado en testimonios y afirmaciones “de oídas”.
Además, el pasado 13 de septiembre irrumpió una violenta serie de protestas encabezadas por supuestos estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Uno de los últimos tuvo lugar el 23 de septiembre pasado, cuando encapuchados destruyeron accesos en el Campo Militar No. 1.
A este ambiente adverso se sumó el pronunciamiento del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) para que el asunto sea esclarecido.
El órgano autónomo reclamó para que siga con la apertura de información, tras señalar que se han presentado mil 508 requerimientos que han derivado en 158 recursos de revisión a diversas instancias.
Legisladores dicen que las detenciones se politizaron
Legisladores federales aseguraron que la detención de militares y políticos de alto perfil en torno a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa se politizó “demasiado” y por ello es muy difícil que en breve se llegue a la verdad.
En entrevista con La Razón, la diputada del PAN Mariana Gómez del Campo señaló que el caso Ayotzinapa está definitivamente politizado, porque el Presidente Andrés Manuel López Obrador prometió justicia y no se ha hecho.
“Prometieron que habría justicia y no la hay, prometieron que iban a encontrar a los jóvenes y no se ha hecho; entonces, el Presidente desde que estaba en campaña ha manipulado el caso, por eso en estos momentos lo manejan a su antojo y la detención de militares y altos perfiles es parte de ello”, destacó.
La panista dijo que es entendible que los padres de los estudiantes estén enojados, pues no ha habido resultados en ocho años y se ha usado el caso Ayotzinapa como botín político; por ello, los padres comienzan a darse cuenta que esta administración también les mintió y, de esa manera, buscan que respondan, pero no con detenciones sino con respuestas claras.
La Razón publicó este sábado que un juez federal giró una orden de aprehensión en contra de Iñaki Blanco Cabrera, exprocurador general de Justicia de Guerrero, y Leonardo Octavio Vázquez Pérez, exsecretario de Seguridad de esa entidad, durante la administración de Ángel Aguirre Rivero, por los delitos de delincuencia organizada y la desaparición de los 43 estudiantes.
El diputado del PRD Marcelino Castañeda dijo que en realidad no ha habido ningún avance, sino sólo desviar la atención con las detenciones mediáticas. “Esto sólo hace que la investigación se rebusque, pero lo que buscan es ver que los funcionarios hayan mentido, pero no genera nada nuevo, pues lo que se desea es el paradero de los estudiantes”, indicó.
El legislador comentó que lo cierto, a pesar del trabajo que realiza el Gobierno federal, es que no se ha generado un resultado positivo, pues, dijo, sólo se han dedicado a echar culpas a la administración pasada.
