La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a 11 integrantes de la comunidad jesuita de Cerocahui, luego de considerar que se encuentran en una situación de riesgo, debido a los asesinatos de los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora, junto al guía de turistas Pedro Palma y el joven Paul Berrelleza, el 20 de junio del 2022 en esa comunidad de Chihuahua.
De acuerdo con los jesuitas en México, tras siete meses y ocho días desde los hechos, la impunidad continúa, ya que el perpetrador de los hechos no ha sido detenido. Además, la violencia en la región es incesante y el riesgo subsiste.
Por ello, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), junto con el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, AC (CEDEHM) y la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (COSSYDHAC), solicitaron medidas cautelares a la CIDH.
Tras recibir información de las autoridades mexicanas sobre el caso, la CIDH consideró que aún no se ha implementado un esquema de seguridad idóneo y efectivo para proteger a las personas en riesgo y estimó que la impunidad imperante aumenta el peligro que enfrentan los religiosos.
Por lo que la CIDH solicitó al Estado mexicano que adopte medidas para proteger la vida e integridad personal de las personas beneficiarias así como aquellas medidas que les permitan continuar realizando sus labores pastorales sin ser sujetos a más actos de amenazas o violencia.
La comunidad jesuita ha denunciado en reiteradas ocasiones la ola de violencia que impera en esa parte del estado, pues a pesar de la búsqueda de los responsables de los asesinatos, los resultados no son exitosos.
