En el expediente del caso Iguala hay dos testimonios clave para evitar que quienes aún se encuentran presos (a la fecha hay 65) obtengan su libertad; para lo cual las autoridades deben atender la recomendación que hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), aseguró José Trinidad Larrieta, titular de la Oficina Especial para el Caso Iguala del organismo.
“Es tanto para que no se liberen personas indebidamente, como también (para que) puedan gestionar que se giren órdenes de reaprehensión”, sostuvo.
En entrevista con La Razón, Larrieta consideró que hay por lo menos dos líneas de investigación en el Caso Iguala que no se han investigado o que se han dejado del lado por parte de las autoridades.
“Es la revisión de las declaraciones de los hermanos Sotelo Salinas y los chats y llamadas que implican a (Gildardo López Astudillo) El Gil en la desaparición de los normalistas. Estos dos empleados narraron, incluso con presencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la manera en cómo ocurrieron los hechos, pero eso se desestimó”, señaló.
En declaraciones del 22 de enero de 2018 a la extinta Procuraduría General de la República (PGR) y el GIEI, los hermanos Bernabé —permanece recluido— y Cruz —libre bajo caución— Sotelo Salinas, quienes eran trabajadores de López Astudillo, señalaron que él ordenó a los sicarios que desaparecieron a los estudiantes que se escondieran y se resguarden en territorios específicos.
En las declaraciones, dijo, hay un señalamiento directo de Bernabé hacia El Gil —considerado por la extinta PGR de haber ordenado la desaparición y posterior incineración de los normalistas— de ser quien lideraba la organización en Cocula.
Larrieta destacó que las declaraciones fueron “limpias”, y sin ningún tipo de presión o tortura, “qué más garantías para entender que lo que dijeron en ese momento esas dos personas fue de manera espontánea, y por eso tienen más valor”.
En el caso específico de El Gil, liberado el 30 de agosto pasado presuntamente por haber declarado bajo tortura, indicó que a este sujeto se le consignó por el delito de delincuencia organizada y secuestro, “pero sólo se le dio un auto de libertad y no una sentencia como tal, ya que quedan con reservas de ley”.
En ese sentido, dijo, “existe la posibilidad legal de que el Ministerio Publico aporte pruebas al juez que decretó la libertad por falta de elementos y pueda valorarlos, para decidir sobre la reaprehensión”.
Respecto a las conversaciones electrónicas (chats) entre integrantes de Guerreros Unidos, obtenidos por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), dijo que esta prueba se desestimó porque las autoridades estadounidenses malinterpretaron el alias de López Astudillo, y creyeron que era Romero, cuando su seudónimo es Romeo.
En dichas conversaciones, y contrario a lo que se piensa, destaca, este sujeto instruye el bloqueo de las entradas y salidas de Iguala para evitar la entrada al territorio de Los Rojos mientras se da la agresión a los normalistas el 26 y 27 de septiembre de 2014.
“Era para evitar que llegaran a apoyar, por ello querían evitar a toda costa que entraran, y no como lo dijo Encinas, que ese bloqueo se había dado para evitar que los estudiantes salieran de Iguala”, sostuvo.
Larrieta también hizo referencia a El Patrón, quien en comunicaciones telefónicas desde Chicago habría ordenado capturar a los estudiantes, y señaló que es otra línea que se debe investigar.
“(El Patrón) es una persona de alto nivel capaz de coordinar y tener la capacidad de manejar a las policías de los tres niveles de gobierno; pero además, también en el ámbito político, porque hay una clara relación con diversos actores de muy alto nivel.
“Si analizamos quiénes pueden ser, el número se reduce a sólo unos cuantos, porque no todos tiene el perfil de una persona de alto nivel y quién es El Patrón, debe estar muy bien cobijado por el ámbito político, porque si no lo es, al menos tiene muchas relaciones públicas”, destacó.
El Dato: Según Segob, entre quienes podrían obtener su libertad se encuentran Sidronio Casarrubias, líder de Guerreros Unidos, y José Luis Abarca.
Gobernador Astudillo pide intervención de la SCJN
El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, consideró que la liberación de 24 personas implicadas en el caso Ayotzinapa es “inaceptable jurídica y moralmente”; además, pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisar las consideraciones que tuvieron los jueces para conceder dichas exoneraciones.
“La liberación de 24 implicados en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos y de las demás personas fallecidas ese día, nos ofende e indigna a todos los mexicanos, pero principalmente a sus familias. No es aceptable ni jurídica ni moralmente”, escribió el domingo en su cuenta de Twitter.
Y ayer, tras el desfile del Día de la Independencia, ratificó: “Me parece que en la ruta que se va, al rato no va a haber nadie que responda por estos asuntos tan lamentables, que sigue, sin duda siendo la exigencia de México que se esclarezca exactamente qué sucedió, dónde están los 43 jóvenes. Independientemente de eso, recordemos que no sólo son ellos, sino también hubo personas que fallecieron”.
El mandatario dijo esperar que las investigaciones den con los responsables para que se haga verdadera justicia.
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