Bajo la acusación de que se cometió una arbitrariedad, Agustín Caso Raphael denunció haber sido cesado de sus funciones de manera injustificada como auditor especial de Desempeño por parte del titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares.
A su salida, acusó que en el órgano se abdicó del cumplimiento para garantizar la autonomía e independencia de la labor de fiscalización que se le encomendó y que las labores en su interior se han envuelto en autocensura generada por “aspiraciones políticas”.
En una carta dirigida a sus compañeros y que hizo pública, denunció que la ASF puede estar en riesgo de “captura” por intereses políticos, evade auditorías relevantes para el país y se autocensura para no afectar a funcionarios del Gobierno.
Explicó que la decisión fue tomada este mismo martes y anunció que recurrirá a las acciones legales que correspondan, debido a que su despido obedece a una “conducta señalada como pecaminosa de haber sostenido la veracidad de los hechos, en vez de aceptar sumisiones”.
“En su oportunidad interpondré los recursos jurídicos necesarios ante una decisión arbitraria e ilegal, porque la remoción se hace sin demostrar que se haya incurrido en alguna de las causales establecidas en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación en sus artículos 93 y 94”, escribió.
Afirmó que su posicionamiento no representa una afrenta institucional ni una afectación personal, al considerar que esto es una situación normal de movimientos y ajustes en los equipos de trabajo.
No obstante, quiso advertir los “riesgos y retos” a los que se enfrenta la Auditoría y que, subrayó, deben ser expuestos libremente ante sus funcionarios y personal operativo, por ver en ellos el “mayor activo de la Auditoría Superior”.
“Debemos reflexionar sobre los riesgos de la partidización de la ASF e impulsar que sus funcionarios deban acreditar una imparcialidad fuera de dudas”, mencionó.
Llamó a sus ahora excompañeros a reflexionar sobre cómo fortalecer a la institución para protegerla de riesgos políticos para “evitar su captura”.
Para ello, dijo que la ASF es un órgano del Estado mexicano, más no del Gobierno, por lo que su labor fiscalizadora se atañe a la misma relación, por lo que dicha encomienda debe ejecutarse con rigor, técnica y profesionalismo, sin importar quién o quiénes se encuentren en el poder; es decir, con autonomía, imparcialidad y libertad.
“Nadie puede ensombrecer la función fiscalizadora, ya sea con amenazas o promoviendo compromisos a futuro”, dijo.
A lo largo del texto insinuó que las funciones de la ASF se han debilitado a voluntad de decisiones para no causar afectaciones a funcionarios, pues aseguró que “si una simple evaluación incomoda a un funcionario, ésta desaparece. Ya no se diga más de la integración del programa anual de auditorías, el cual se ha vuelto en una suerte de autocensura, pues no se nos permite incorporar los temas de relevancia nacional”.
Aunado a esto, acusó intromisiones en los enfoques, alcances y resultados de las auditorías que ahora ya no se sujetan a revisiones técnicas, sino de otro tipo, con el objetivo de “expurgar” cualquier información que no sea “políticamente funcional en el corto plazo”.
“Este abandono de los principios de autonomía e imparcialidad ocurre porque existe la aspiración claramente ponderada en estos días de hacer política… las motivaciones y aspiraciones políticas actuales son la causa raíz de la disminución o debilitamiento de funciones que deberían ejercer sin condicionantes”, expresó.
