El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas reconoció que el Gobierno Federal cometió un error al dar autonomía a los Ministerios Públicos y Fiscalías, ya que no han generado resultados en el tema de desaparición forzada, lo que los ha obligado a crear mecanismos extraordinarios en las áreas en donde el Estado no ha respondido.
“Las salidas que hemos buscado para abatir la impunidad no han dado resultados, dotar de autonomía a los Ministerios Públicos ha generado un meta poder, que no ha generado resultados. Una autonomía no entendida, esta autarquía de las fiscalías, pues no solo no ayuda sino reproduce las mismas prácticas y las mismas personas, así como las mismas formas de trabajo. Nos la hemos pasando construyendo mecanismos extraordinarios en las áreas en donde el Estado no ha logrado dar resultados”, destacó.
El funcionario federal ejemplificó que se creó un Sistema Nacional de Búsqueda que está haciendo el trabajo de las Fiscalías; un Mecanismo de Protección a Periodistas cuando hay una fiscalía especializada en ello; además, respecto a la crisis forense y los servicios periciales, lejos de abatir el rezago se crea el Mecanismo de Identificación Forense, entre otros.
“Debemos repensar en serio de procuración de justicia para poder romper la impunidad que es el principal lastre del país, pues no hay muchas sentencias por desaparición forzada”, destacó.
Encinas Rodríguez dijo que harán realidad el Centro de Identificación Humana, pero aclaró que si no logran una sinergia para que la autoridad acompañe las acciones, la impunidad seguirá rigiendo.
Durante la presentación del libro: “La Desaparición Forzada en México” señaló que el Estado no solo negó la desaparición, sino que abdicó una de sus responsabilidades, que es la de buscar a las personas y regresarlas a su hogar. “Es una tragedia muy dolorosa que seguimos enfrentando por la crisis que persiste de derechos humanos. Fue una práctica para erradicar a los opositores en los años 60, pues no solo han prevalecido, sino que se han trasladado a la delincuencia organizada, en donde partición autoridades locales y que han disparado los niveles de desapariciones”, aseveró.
Mientras que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet aseguró que México debe revisar su modelo de seguridad. "México es un país que merece revisar su modelo de seguridad, asegurar la tranquilidad de sus habitantes, abatir la impunidad existente en los sistemas de justicia y erradicar la revictimización", recomendó.
En un videomensaje detalló que las desapariciones en México se presentan en un clima de impunidad y violencia.
Mientras que Guillermo Fernández-Maldonado, representante en México de ONU-DH dijo que la desaparición de personas se ha materializado en diferentes ámbitos, pues urge redoblar esfuerzos para erradicar la impunidad de los perpetradores, ubicar el destino de las personas, garantizar la no repetición y reparar el daño. “Urge combatir esta grave violación de los derechos humanos que perjudica a la sociedad. ONU-DH reitera su compromiso con las familias de las personas desaparecidas y con todas aquellas personas que buscan llegar a la verdad, para acabar con este grave flagelo”, agregó.
Santiago Aguirre, director del Centro Prodh detalló que una constante es señalar la impunidad generalizada y estructural que tiene México, pues en el país es el crimen perfecto ya que ocurren sin que haya sanciones, “y aunque haya más actuación que pueden hacer los jueces, lo principal es analizar lo que están haciendo las fiscalías”, añadió.
En Morelos desaparece una persona cada día
El pasado viernes, la joven Karen Jimena Barón atendía su negocio en el poblado de Chiconcuac, municipio de Xochitepec, Morelos, cuando unos hombres llegaron y, sin más, se la llevaron.
Desde entonces sus familiares y amigos emprendieron una campaña en medios locales y en redes sociales para pedir el apoyo de la sociedad para dar con el paradero de Karen, por quien, hasta la fecha, nadie se ha comunicado para pedir algún rescate.
Karen es una de las 488 personas que han desaparecido en esta entidad en lo que va del año, una cifra que lleva el estado gobernado por Cuauhtémoc Blanco a tener la tasa más alta de personas desaparecidas no localizadas del país, con 24.7 por cada 100 mil habitantes entre enero y agosto.
De acuerdo con cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en los primeros ocho meses de este año han desaparecido 497 personas en Morelos, lo que representa una al día en promedio.
Además, durante el mismo periodo del 2021 se registraron 217 casos, lo que significa que hubo un aumento del 124.8 por ciento entre un lapso y otro.
En cuanto a tasas, el estado de Zacatecas está ubicado en segundo lugar a nivel nacional con 15.8 reportes por cada 100 mil habitantes.
Luego están Quinta Roo, con 12; Sinaloa con 10 y Nayarit con tasa de 8.9.
Ayer, La Razón recogió testimonios durante uno de los actos de protesta que tuvieron lugar en la ciudad de México en el marco del Día Internacional de la Desaparición Forzada.
Frases como: “Se fue con el novio”, “No se preocupe, en una semana regresa, hasta en un mes” y “Nosotros la podemos demandar a usted por perderlo”, son la constante a la que se enfrentan quienes denuncian la desaparición de un ser cercano.
Es el caso de la madre de Tania Berenice Quesada, quien desapareció el 20 de octubre del 2018 en Zapopan, Jalisco, junto con Salvador Nápoles Vargas.
“A Tania se la llevaron junto con Salvador Nápoles, ella salió a visitar a Salvador porque eran amigos y eso fue lo último que supimos de ellos”, dijo su madre.
“Hasta la fecha sigo esperando la llamada de la Fiscalía para saber de los avances del caso, Tania tiene una niña de diez años que aún la espera en casa”, lamentó.
En tanto, la madre de Luis Axel Guzmán Zarate, quien desapareció el 27 de agosto del 2021 en el sur de la Ciudad de México, cuenta: “Nosotros fuimos de compras al Walmart de Taxqueña, mi hijo pidió permiso para ir al baño y de ahí jamás lo volví a ver”.
Respecto a la pregunta de qué avances hay en la investigación, dijo que la Fiscalía General de la República le dice que a un año del hecho no hay ninguna línea de investigación que perseguir.
Ayer, en la Glorieta de La Palma, rebautizada por los colectivos como Glorieta de las y los Desaparecidos, decenas de familiares develaron una placa metálica con la que se distingue a ese sitio con el nuevo nombre, aunque no es oficial.
Ahí, víctimas y activistas colocaron fotografías de personas desaparecidas y recabaron firmas para pedirle a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, que reconozca el nombre que “la sociedad” le dio a ese lugar.
Otro grupo de familiares y activistas se dirigió a la sede de la Fiscalía General de la República, en avenida Insurgentes, y tapizó la fachada de cristal del inmueble con fotografías de personas ausentes.
De igual forma, se realizaron marchas y actos de protesta en por lo menos otras nueve entidades, como Puebla, Hidalgo, Guanajuato, Coahuila, Guerrero, Colima, Veracruz, Oaxaca y Baja California, en las cuales se exigió un alto a la impunidad.
ONG exige acciones en materia de ausencia forzada
El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) exigió al Gobierno federal implementar la Ley General de Desaparición Forzada y Cometida.
El organismo detalló que el Estado debería tener una política de búsqueda en vida, de identificación forense, prevención efectiva y justicia; sin embargo, no es así.
Por esa razón, el MNDM exigió crear un mecanismo interinstitucional de seguimiento que involucre a los tres órdenes de Gobierno; coordinación efectiva para la homologación en las búsquedas, creación del Banco Nacional de Datos Forenses, el Registro Nacional de Fosas Comunes y Clandestinas, el Registro Nacional de Personas Fallecidas y No Localizadas, así como en el Plan Nacional de Exhumaciones y en el Plan Nacional de Búsqueda.
“Llamamos a las Fiscalías para comenzar a trabajar con el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense y el Centro Nacional de Identificación Humana y, además, realizar planes de investigación que den avances en los procesos de justicia”, exigió.
Por separado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos pidió instrumentar políticas públicas y medidas para su prevención, erradicación, investigación y sanción, a fin de que la desaparición forzada no quede impune.
FBPT
