A pesar de las críticas del sector empresarial, las comisiones unidas de Trabajo y Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República avalaron aprobaron por unanimidad el dictamen para regular el outsourcing en México, con el fin sancionar a contratistas que evadan impuestos y su obligación de brindar seguridad social a los empleados, crear un Registro Nacional de Empresas de subcontratación y equipara esta práctica como amenaza a la seguridad nacional y delincuencia organizada al evadir impuestos.
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Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la comisión de Trabajo, rechazó los señalamientos del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de que con esta reforma se busca afectar a las compañías, y le recomendó leer un poco más porque la regulación busca acabar con las factureras, evasión de impuestos y cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Infonavit.
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Durante las últimas horas, la Confederación de Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) también se pronunciaron en contra de las modificaciones dentro de la ley.
El también dirigente de los trabajadores mineros reconoció que el outsourcing no desaparecerá del todo, sino lo que se busca es erradicar la subcontratación que simula que no existe relación laboral.
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Por ello, el dictamen prevé en dos artículos transitorios que las empresas de subcontratación que violaron los derechos y prestaciones de los trabajadores, deberán ponerse al corriente con esas obligaciones para poder subsistir, incluso enterando los impuestos no declarados o evadidos a la autoridad fiscal.
Con la ausencia del PAN, PRI, PRD y MC, las comisiones unidas avalaron el dictamen que será presentado el jueves ante el Pleno del Senado, en el que se obliga a los patrones a reponer a los trabajadores, de manera retroactiva y simultánea, el pago de utilidades correspondiente a todo el tiempo en el que estuvieron subcontratados.
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El senador morenista Germán Martínez definió al outsourcing como criminal y acusó que la principal corrupción es la subcontratación laboral, pues la subestimación de cuotas es una sangría millonaria en perjuicio del IMSS y al fisco que podría llegar a los 500 mil millones de pesos.
Ante ello, se establece la prohibición y se consideran como actos simulados para efectos de esta ley cuando la subcontratación de personal de trabajo tenga por propósito que el contratista provea de trabajadores con fines de simulación, evasión o elusión en beneficio de la contratante y contratista.
Asimismo, cuando el contratista tenga relación profesional, laboral o económica directa con el contratante, o forme parte de la misma empresa, entidad o grupo económico y se actualice cualquiera de las conductas antes mencionadas.
La minuta también contempla que los delitos en materia laboral se pueden equiparar con delincuencia organizada y son sujetos de una posible extinción de dominio.
lps
