Por unanimidad, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Estudios Legislativos y de Bienestar, aprobaron el dictamen de reformas a los artículos cuarto y 27 de la Constitución, para reducir de 68 a 65 años la edad para que adultos mayores reciban la Pensión Bienestar y elevar a rango constitucional el programa "Sembrando Vida".
En el dictamen de reforma aprobado por 39 votos a favor, los senadores establecieron una pensión no contributiva a las personas con discapacidad permanente menores de 65 años; se incluye la continuidad de los precios de garantía para maíz, frijol, arroz, leche y trigo, como parte de los programas sociales dedicados a productos de campesinos y pescadores.
Las modificaciones a la Carta Magna, que serán presentadas al pleno en la próxima sesión, también prevé que el Estado deberá entregar un jornal seguro, justo y permanente a campesinos que siembren árboles frutales, maderables y especies procesadas.
Además, el Gobierno federal tendrá que garantizar la rehabilitación de las personas con discapacidad permanente, prioritariamente, a los menores de 18 años, así como destinar recursos suficientes cada año para cumplir con lo relativo a las pensiones para adultos mayores de 65 años y más.
Andrea Chávez, presidenta de la Comisión de Bienestar, refirió que las reformas representan un paso fundamental en la promoción, reconocimiento y protección de la dignidad de aquellos grupos sociales históricamente marginados y que hoy reciben la protección del Estado mexicano.
"Constituye un avance importante para construir un México fraterno, justo y digno para todas y todos, para que nadie deba preocuparse por tener un techo adecuado, para que ninguna persona con discapacidad se enfrente sola a los retos de la vida cotidiana, para que las personas adultas mayores dejen de vivir en la incertidumbre", expuso.
"Es un acto de justicia"
La senadora de Movimiento Ciudadano, Amalia García, destacó que lo que se requiere es un Estado del bienestar que garantice el derecho de todas las personas, no un Gobierno que garantice recursos, programas, proyectos y políticas públicas con una visión clientelar ni tampoco una visión de filantropía.
"Las personas, los seres humanos tenemos derechos y el Estado tiene la obligación de garantizar esos derechos. Sin duda la Constitución General de la República es un documento esencial para que esa visión de derechos esté garantizada", agregó.
El panista Ricardo Anaya opinó que en Acción Nacional "estamos convencidos de que es un acto de justicia tanto la pensión para personas con discapacidad, la pensión para adultos mayores y, por supuesto, el apoyo a productoras, productores, pescadoras y pescadores".
JVR
