El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) aseguró que la competitividad del país será afectada con la aprobación precipitada de las recientes reformas en diversos ámbitos de la administración pública.
Tal es el caso de los cambios a la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, la reforma a la Ley General de Salud para eliminar al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para reconcentrar las compras públicas en la Secretaría de la Función Pública (SFP), y la reforma a la Ley Minera.
El Imco consideró imperativo que los dictámenes y minutas sean revisados con meticulosidad y responsabilidad por los legisladores, y las discusiones incluyan la participación ciudadana.
“De no hacerlo, podrían aprobarse leyes que pongan en riesgo el desarrollo tecnológico y de innovación, la provisión de salud pública, la imparcialidad de las compras públicas y la inversión minera en México”, manifestó en un boletín.
Cuestionó si se llevará a cabo, de nuevo, una sesión fast track que pueda ocasionar violaciones al proceso legislativo o se retomará la discusión en el siguiente periodo de sesiones que dará inicio el primero de septiembre.
El Imco reiteró que la aprobación de las reformas fue expedita y atropellada, ya que éstas carecieron de suficiente análisis y discusión, lo que genera incertidumbre en las reglas del proceso legislativo.
Señaló que con excepción de la Ley Minera (aprobada el 20 de abril), el resto de las reformas fueron discutidas y votadas fast track en la sesión ordinaria del 25 de abril de 2023, que duró más de 24 horas.
El Imco puntualizó que el uso de la urgencia como justificación genera opacidad en la toma de decisiones y, por lo tanto, incide directamente en las leyes que rigen este país. En este caso, la manera de legislar no permitió, por su premura, la participación de la ciudadanía ni la generación de consensos.
