La Auditoría Superior de la Federación detectó que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) tiene un monto de 367 millones 38 mil 826.33 pesos por aclarar entre pagos de becas, estímulos del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y servicio de alimentos en 2019.
De acuerdo con la tercera entrega de los informes de la Cuenta Pública de ese año, hay 107 millones 228 mil pesos que el organismo no pudo justificar dentro de lo ejercido en los estímulos a integrantes del SNI.
Entre estas inconsistencias están el pago de estímulos por seis millones 10 mil 700 pesos a cinco familiares de cuatro investigadores que fallecieron, pero que no aparecen en el registro del SNI ni pudieron ser detectados.
Los familiares pueden acceder al pago correspondiente de la vigencia de la categoría del sistema y recibir el estímulo en una sola exhibición. Sin embargo, también se identificó que se realizaron depósitos mensuales.
El organismo encabezado por María Elena Álvarez-Buylla entregó dos registros diferentes entre los que varía la información, pues en uno dice que murieron 75 académicos y en otro 64 durante 2019.
El Conacyt también tiene registrados estímulos por 31 millones 573 mil 60 pesos a 137 investigadores que no tenían un convenio firmado, que es uno de los requisitos para recibir el apoyo.
“Las y los investigadores aprobados, tanto para permanecer como ingresar al sistema firman un convenio individual con el Sistema Nacional de Investigadores a través de los canales digitales establecidos por el Conacyt donde confirman el nombramiento otorgado y se sujetan a la normativa vigente del Sistema Nacional de Investigadores”, señaló el entonces director del SNI el 28 de octubre de 2020 en el informe de la ASF.
Otra de las inconsistencias reportadas por la ASF son la entrega de apoyos económicos por 60 millones 920 mil 600 pesos a investigadores y ayudantes que no correspondían con lo indicado en el tabulador del Reglamento del SNI vigente en ese momento.
En tanto se registraron 196 mil pesos sin justificar a investigadores y ayudantes, cuya vigencia dentro del sistema terminó en 2018. Mientras que realizó pagos por siete millones 884 mil 200 del ejercicio fiscal de 2018.
Las instituciones cuentan con 30 días hábiles a partir de la notificación para solventar las inconsistencias y 120 días hábiles desde la recepción de la respuesta.
En otro rubro, la ASF identificó un pago de 251 millones 443 mil 500 pesos en exceso de las Becas de Posgrado y Apoyos a la Calidad de acuerdo con lo establecido en los tabuladores de las convocatorias.
Entre las inconsistencias están 103 millones 698 mil pesos por conceptos que no se encuentran en la normativa del Conacyt como fue el caso del pago a 40 becarios de doctorado y mil 084 de maestría por la subcategoría de “cambio climático”, sin que en ningún documento se justifique este estímulo.
También se detectaron 135 millones 004 mil 600 pesos adicionales en el monto otorgado a los estudiantes de posgrado de acuerdo a lo establecido en las convocatorias.
Al respecto la Subdirección de Becas Nacionales de Conacyt respondió que el informe que “en ningún caso puede existir un incremento en los apoyos económicos, únicamente en el rubro de Colegiaturas debido a la actualización anual de las cuotas de Colegiatura que establecen las Universidades”. Por tanto, no se justifica este exceso del monto reportado en relación a los becarios.
El resto se divide en 4 millones 238 mil 200 pesos a becarios que rebasaron el límite de años que puede durar el apoyo; 5 millones 460 mil 900 a estudiantes cuya beca ya había concluido y 3 millones 41 mil 600 se destinaron al pago de ejercicios anteriores con presupuesto de 2019.
Por último, la ASF detectó el pago de 8 millones 367 mil 200 pesos a Pigudi Gastronómico SA de CV por un contrato abierto para el servicio de comedor institucional en el que no se presentó la documentación que compruebe que se llevó a cabo el servicio de alimentos.
También la Subdirección de Servicios Generales y Obra Pública solicitó no publicar el proyecto de convocatoria en CompraNet, ya que se requería a la brevedad un servicio de comida con productos “agroecológicos, sin tóxicos y/u orgánicos”.
