El Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México ordenó mantener, por tiempo indefinido, los derechos y beneficios del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) para las universidades afiliadas a la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior A.C. (FIMPES), así como a un grupo de académicos de las universidades Anáhuac y Panamericana.
El secretario en Funciones de Juez otorgó una suspensión definitiva de amparo a la FIMPES, contra la decisión de la Junta de Gobierno del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), que excluyó del SIN a los investigadores afiliados a ese organismo.
El 21 de abril de 2021, el Conacyt presentó el nuevo reglamento SNI mediante el cual formalizó la salida de mil 636 académicos del sector privado del programa de becas. Con esa decisión, argumentó el Consejo que encabeza María Elena Álvarez-Buylla, en el documento que envió a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), se lograron ahorros para la institución.
El mismo reglamento permite que los funcionarios reciban el estímulo económico como investigadores y mantengan el puesto en la administración pública, “siempre y cuando cuenten con licencia sin goce de sueldo o equivalente en su institución de adscripción o una comisión donde gocen de un máximo de cinco por ciento de su sueldo”, dice el reglamento.
La FIMPES, que representa a más de 100 universidades privadas, impugnó la reforma al Reglamento del SIN, aprobado por el Conacyt.
Al resolver el amparo 726/2021, presentado el 8 de junio, el Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa decidió otorgar la suspensión definitiva con “el efecto de que las cosas permanezcan en el estado en que se encontraban, es decir, para que los investigadores quejosos de las instituciones privadas puedan seguir contando con los derechos y beneficios de que gozaban hasta antes de la expedición de las normas controvertidas”.
El amparo promovido por la FIMPES fue impugnado por el Conacyt, bajo el argumento de que “aún no se habían concretado afectaciones a los investigadores de universidades privadas, por lo que no procedía la suspensión”, pero fue desechada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa.
La suspensión definitiva también puede ser impugnada, pero mientras se resuelve por un Tribunal Colegiado o incluso podría llegar a ser discutido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los investigadores deberán recibir su beca íntegra por parte del Conacyt.
Hay al menos otros 13 amparos, promovidos por investigadores a título personal, así como universidades y asociaciones en contra de la reforma al SNI; hasta ahora no han sido resueltos.
- El dato: Las universidades particulares cuentan con 4.6% de los investigadores y generan el 10% de las publicaciones en revistas científicas
