Con la imposición de Morena y sus aliados, el Senado aprobó, en lo general, la extinción de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), por lo que la oposición anunció que emprenderá acciones de inconstitucionalidad para frenar su desaparición.
Con 67 votos a favor y 48 en contra, en el pleno se avaló la reforma al artículo 224 de la Ley Orgánica del PJF; sin embargo, 22 senadores hicieron reservas de toda la reforma, que incluye el artículo mismo y sus cinco transitorios, las cuales también fueron rechazadas.
Entre los senadores de Morena, tres se pronunciaron en contra: la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero; Rafael Espino, presidente de una de las comisiones dictaminadoras de la enmienda (Estudios Legislativos, Segunda), y Alejandro Rojas Díaz Durán, quien había invitado al Senado a la ministra presidenta Norma Piña.
Ernesto Pérez Astorga (Morena), presidente de otra de las comisiones dictaminadoras (Hacienda y Crédito Público), estaba presente pero no votó, mientras que la panista Xóchitl Gálvez no estuvo presente en la votación.
Durante el debate, Sánchez Cordero fijó su postura desde la tribuna y puntualizó que estaba a favor de defender el republicanismo y la autonomía de los poderes.
“Vengo a defender a los trabajadores del Poder Judicial, ante la eliminación de fideicomisos que representan sus conquistas laborales”, manifestó.
Aseguró que su defensa era a favor de 22 mil 896 oficiales judiciales, oficiales de parte, técnicos de videograbación, de servicio, intendentes y oficiales de seguridad; 11 mil 314 secretarios de tribunal, secretarios de juzgado, directores de área, administradores regionales y actuarios; mil 721 jueces y magistrados, y mil 611 defensoras y defensores públicos.
“Traigo ante ustedes una defensa de todo ese capital humano altamente especializado, al que afectaremos gravemente si desaparecemos todos los fideicomisos que administra el Poder Judicial de la Federación”, dijo.
Al puntualizar que no respalda la extinción de los fideicomisos, Sánchez Cordero llamó a quienes respaldaron el dictamen a que mantuvieran los fondos relacionados con los servicios de salud, las casas para los jueces en zonas de alto riesgo, las pensiones complementarias y el desarrollo de infraestructura.
“Hay momentos en la vida de las personas que son definitorios, para mí es hoy: como senadora de la República, votaré en contra (…) No quiero aplausos, pero tampoco vituperios”, puntualizó.
También rechazó el dictamen Alejandro Rojas Díaz Durán, suplente de Ricardo Monreal, quien dijo que su partido no debía avalar la extinción de los fideicomisos porque representa una infracción a la Constitución. “Por qué al Poder Judicial lo vamos a estigmatizar como la nueva mafia del poder (…) Pareciera que es el nuevo enemigo del pueblo”, reprochó.
La jornada en el Senado para avalar la extinción de los fideicomisos se inició ayer temprano y estuvo acompañada por las protestas de los trabajadores del PJF, que se realizaron afuera de la sede.
Primero se avaló el dictamen en las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda, donde la tensión fue tal que, incluso, se pospuso la comparecencia del subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio.
En dichas comisiones, la mayoría morenista impuso la integración de dos senadores más —el morenista Reyes Flores Hurtado y el petista Joel Padilla Peña— para garantizar la votación a favor.
Desde la Junta de Coordinación Política, y con acusaciones de la oposición por la falta de quorum, Eduardo Ramírez impulsó la aprobación del acuerdo para una nueva integración de las comisiones.
La decisión se tomó luego de que, a propuesta del emecista Noé Castañón, los miembros de las comisiones avalaron escuchar la opinión de Gilberto González Pimentel, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, quien puntualizó a los senadores que los fideicomisos no pagan sueldos ni prestaciones de ministros jueces y magistrados y su desaparición sí afectará a los trabajadores.
Luego de que las comisiones unidas avalaron, con 19 votos a favor, 13 en contra y dos abstenciones —de los presidentes de ambas comisiones, Ernesto Pérez Astorga y Rafael Espino—, las reformas a la Ley Orgánica del PJF, el dictamen pasó inmediatamente al pleno, donde se discutió y votó en la sesión vespertina.
Como parte del debate en la sesión del pleno del Senado, la priista Claudia Anaya ironizó que, con todas las ilegalidades que cometió la mayoría de Morena para aprobar la extinción de los 13 fideicomisos, “haciendo chicanadas legislativas”, facilitará la acción de inconstitucionalidad que presentará la oposición ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El emecista Noé Castañón resaltó la ilegalidad de la minuta, por la incompetencia legislativa, y auguró un nuevo triunfo del bloque de contención ante el máximo tribunal del país.
El senador Gustavo Madero, del Grupo Plural, reprochó que Morena gobierne y legisle con rencores y venganzas, pues dijo que busca eliminar los fideicomisos porque el Presidente Andrés Manuel López Obrador impulsa esta reforma ahora y no cuando estaba al frente del Poder Judicial el “impresentable” de Arturo Zaldívar.
Como parte del debate, se dio el choque por la elección presidencial, pues la panista Kenia López Rabadán señaló que la desaparición de estos fondos es parte de la estrategia para hacer el “cochinito” a Claudia Sheinbaum.
La acción de inconstitucionalidad anunciada por el bloque de contención se presentará una vez que siga el proceso para la entrada en vigor de la reforma; es decir, pasará al Ejecutivo federal para que la promulgue y se publique en el Diario Oficial de la Federación.
Segob rechaza que se afecte pensiones en PJ
La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Luisa María Alcalde, aseguró que los fideicomisos del Poder Judicial no son utilizados para pagar pensiones, prestaciones ni gastos médicos de trabajadores, como se ha mencionado.
Fue a través de sus redes sociales, donde aseguró que la eliminación de los 13 fideicomisos no afecta a los trabajadores del Poder Judicial. “Como mostró esta mañana el Presidente Andrés Manuel López Obrador, los fideicomisos del Poder Judicial no son utilizados para pagar pensiones, prestaciones ni gastos médicos de trabajadores.
“A diferencia de lo que se ha informado, todos esos rubros están incluidos en el Presupuesto anual del Poder Judicial. Es por ello que su eliminación no afecta a jueces, magistrados, ministros y mucho menos a las y los trabajadores”, destacó.
En sus publicaciones, la funcionaria incluyó una serie de gráficas que demuestran que los fondos de los fideicomisos se han ido acumulando año con año. De esta manera, detalló que en el 2013 la cantidad era de ocho mil 724 millones 890 mil 172 pesos y fue en incremento en los años subsecuentes hasta el 2022, cuando el monto llegó a 20 mil 501 millones 708 mil 331 pesos.
Los datos que presentó la encargada de la política interior del país indican que los recursos de estos instrumentos no se utilizan, puesto que en el presupuesto que solicita el Poder Judicial de manera anual ya se contemplan recursos etiquetados para los mismos fines.
En un análisis de la Segob, se muestra como ejemplo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pidió, para el ejercicio fiscal del 2024, en la partida presupuestal “prestaciones de retiro”, un monto de 181 millones 254 mil 884 pesos, cuando el acumulado del fideicomiso hasta el 2022, por “pensiones complementarias para mandos superiores”, era de 789 millones 397 mil 493 pesos, además de que las “pensiones complementarias para mandos medios y personal operativo” es de dos mil 815 millones 256 mil 192 pesos.
Otro ejemplo es el de la partida “prestaciones establecidas para condiciones generales de trabajo”, en el que se solicitan 267 millones 164 mil 116 pesos, pero en el fideicomiso “plan de prestaciones médicas” se cuenta con un acumulado de 137 millones 366 mil 145 pesos.
En la partida “impresión y elaboración de material informativo”, se detalla que se solicitaron 16 millones 456 mil 082 pesos, mientras que en el fideicomiso “manejo del producto de la venta de publicaciones CD’S y otros proyectos” se cuenta con un acumulado de 357 millones 620 mil 336 pesos. En otros fideicomisos, como “remanentes presupuestales”, hay un acumulado, hasta el 2022, de mil 311 millones 431 mil 357 pesos, además de que en el del “fondo nacional para el fortalecimiento y modernización de la impartición de la justicia”, de igual manera, se tienen 688 millones 432 mil 667 pesos.
La Segob muestra los montos de los fideicomisos acumulados de “pensiones complementarias de magistrados y jueces jubilados”, “mantenimiento de casas habitación de magistrados y jueces”, “apoyos médicos complementarios y de apoyo económico extraordinario”, “desarrollo de infraestructura del nuevo Sistema de Justicia Penal” y “recursos provenientes de sentencias que deriven de las acciones colectivas difusas”; este último sólo cuenta con un pesos de acumulado.
Perfilan extender el paro del Poder Judicial
El paro que desde el jueves pasado mantienen los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) quedó anoche en vilo, luego de que los trabajadores no alcanzaron un acuerdo para extenderlo o levantarlo y dejaron la definición para este miércoles.
Patricia Aguayo, representante de los trabajadores, dijo a La Razón que a las 20:00 horas de ayer cerró la votación nacional y luego se realizó un conteo en el cual el 70 por ciento votó en favor de que continúe el paro; sin embargo, será hasta hoy cuando se determinará qué ocurrirá.
Una magistrada, que optó por no revelar su nombre, dijo a La Razón que, a pesar de que se intentó, “los tiempos no dieron para poder resolver hoy mismo (ayer) si se alarga el paro o no”. Indicó que los tiempos y logística impidieron “que se logre un acuerdo”.
Patricia Aguayo dijo que los trabajadores del Poder Judicial determinaron que no sería ayer cuando decidieran si alargarían el paro nacional que, mencionó, podría ser hasta el 14 de noviembre.
Por su parte, la magistrada dijo que este miércoles los trabajadores del Poder Judicial se reunirán en las diferentes sedes a partir de las 8:00 horas, para acordar las líneas y acciones a seguir.
Después de casi 10 días de protestas, en los que los trabajadores del Poder Judicial de la Federación han exigido que no desaparezcan 13 fideicomisos que, señalan, les reportan beneficios económicos, durante la jornada de ayer habían afirmado que el paro se extendería posiblemente hasta el 14 o 15 de noviembre, lo que en su momento fue ratificado por su líder sindical, Alberto Prado Gómez.
“No se ha determinado aún por cuánto podría extenderse el paro, porque todo se somete a votación con los trabajadores; no hay nada definitivo; la decisión será tomada una vez que tengamos la determinación del Senado; todos tenemos confianza en que ellos recapaciten. Con esto no sólo pierde el Poder Judicial, sino también la ciudadanía, sólo que ahora no lo ven”, dijo Prado, quien es secretario general del Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial Federal.
Gilberto González Pimentel, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, coincidió en que “esto llegará hasta donde deba llegar y podría ser extensivo”.
Durante una manifestación afuera de la sede del Senado, donde ayer se discutió la liquidación de los fideicomisos, afirmó que la protesta ha sumado aproximadamente a 40 mil trabajadores, en “un movimiento nunca antes visto”.
“En este momento hay una gran afectación al retrasar juicios de amparo, protección a víctimas y demandas que requieren respuesta inmediata, pero, en cambio, se toma a burla el esfuerzo de los trabajadores”, reprochó.
Oswaldo Canto Ancona, secretario de la Sección 37 del Sindicato del PJF, dijo a La Razón que “nosotros vamos a seguir en la lucha de los derechos, no importa que el paro siga o no; continuaremos con amparos o lo que sea necesario, no es mentira que los trabajadores somos afectados”.
Además, Patricia Aguayo Bernal, secretaria del Tribunal Colegiado en Materia Laboral en San Lázaro, sostuvo que los trabajadores del PJF “continuarán dando la batalla legal y jurídica”.
Bloque opositor adelanta una “lluvia de amparos”
El bloque de contención en el Senado advirtió que no permitirá que el Presidente Andrés Manuel López Obrador arrodille al Poder Judicial de la Federación (PJF), por lo que, ante la imposición de la mayoría legislativa para la extinción de 13 fideicomisos, adelantó que, junto con las acciones de inconstitucionalidad, habrá lluvia de amparos.
Encabezados por la aspirante presidencial del Frente Amplio por México (FAM), Xóchitl Gálvez, senadores del PAN, PRI y PRD salieron de las instalaciones legislativas para reunirse con los trabajadores del Poder Judicial, que se manifiestan en contra de la extinción de los fideicomisos.
La política hidalguense expuso ante los trabajadores que la desaparición de los fideicomisos es una vendetta del Gobierno federal en contra del Poder Judicial.
“Morena violenta y agrede los derechos de los trabajadores para chantajear a los ministros y ministras de la Suprema Corte. El verdadero objetivo de Morena es pavimentar el camino para destruir las instituciones que sostienen la democracia en nuestro país e imponer a Sheinbaum por la fuerza, así lo intentó con el INE y ahora lo hace contra el Poder Judicial. Saben que no ganarán en las urnas, porque las calles del país han sido tomadas por la ciudadanía. Esta vendetta es una venganza pueril y absurda motivada por su agandalle legislativo”, manifestó.
El coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve, enfatizó que a pesar de que en el Congreso Morena tiene la mayoría legislativa para aprobar la extinción de los fideicomisos, la oposición se respaldará en la legalidad.
“Va a haber una lluvia de amparos en todos los juzgados del país, y no tengan la menor duda, tenemos la razón jurídica y le decimos a Morena y a sus aliados, desde aquí, ellos tienen mayoría, pero no tienen la razón y los argumentos, los vamos a dar hoy y presentaremos las acciones de inconstitucionalidad y vamos a apoyar, por supuesto, la legalidad, vamos a apoyar también el federalismo, la división de poderes, no vamos a permitir que el Ejecutivo arrodille al Poder Judicial, como no hemos permitido que arrodille al Poder Legislativo en el bloque de contención”, dijo.
Presidente pide explicar sueldos de 700 mil pesos
El Presidente Andrés Manuel López Obrador continuó la embestida en contra de la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, a quien emplazó para que explique por qué gana 700 mil pesos mensuales, hay tanta corrupción en el Poder Judicial y se liberan a tantos delincuentes del crimen organizado y de “cuello blanco”.
“Lo que tienen que hacer los del Poder Judicial es explicar por qué ganan 700 mil pesos mensuales, nada más, es lo único que tienen que hacer”, dijo al subrayar que es necesario ir al fondo del tema que son los “guardaditos” que tiene el PJF porque “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, ¿por qué los privilegios de los de arriba?”.
Dejó 12 preguntas que se le podrían formular a la presidenta de la SCJN, Norma Piña, en una rueda de prensa, entre ellas: ¿por qué ganan 700 milpesos?, ¿por qué nunca se castiga a jueces ni a magistrados ni a ministros por corrupción?Además, ¿por qué se contrató para el manejo de la oficina de la presidencia de la Suprema Corte a un hombre de absoluta confianza de (Genaro) García Luna?, ¿Por qué dejan en libertad a delincuentes con argucias legaloides? ¿Qué han resuelto en favor de la mayoría del pueblo de México, enlisten 10 acciones que hayan hecho en beneficio en los últimos 36 años?
López Obrador agregó: ¿Por qué no permitieron que se consultara al pueblo cuando se privatizó el petróleo? ¿Por qué no concedieron amparos cuando se privatizaron las pensiones de los trabajadores? ¿Por qué no aceptaron castigar a los responsables del incendio de la guardería ABC? ¿Por qué aceptaron, promovieron y apoyaron el desafuero del actual Presidente cuando era Jefe de Gobierno?, y ¿por qué en vez de castigar a los delincuentes de “cuello blanco” les dejan libres y les devuelven los bienes robados, como fue el caso de Raúl Salinas y otros?
Arremetió de nuevo en contra del ministro Juan Luis González Alcántara, a quien calificó de “traidorzuelo”.
