Con una señalada crisis desde entonces, el Poder Legislativo ha retrasado, durante más de 10 años, la aprobación de una legislación para garantizar el acceso al agua e incluso se saltó resolutivos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para ese fin.
Ahora se alista a sacar a marchas forzadas una nueva ley para asegurar el acceso a ese recurso vital como un derecho, tal y como se le ordenó hace más de una década, pero que, aunque se concrete, resultará insuficiente para resolver la escasez que golpea principalmente al norte y centro del país.
Para este último periodo ordinario de sesiones de la actual legislatura, la Cámara de Diputados intentará cumplir las órdenes judiciales para reformar leyes en diversas materias y una es la emitida el 27 de enero del 2022, cuando el pleno de la Suprema Corte determinó que el Congreso de la Unión incurrió en una omisión legislativa.
La ley es un marco regulatorio que permite eficientar el manejo y la gobernanza del agua, pero se requieren más acciones, por ejemplo, la tecnificación de los distritos de riego agrícolaGregorio Muñoz<br>Diputado de Morena
Y es que no expidió la Ley General de Aguas, como se instruyó en un decreto publicado el 8 de febrero del 2012 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), para lo cual se le había concedido un plazo de 360 días, por lo que dicha ley debió estar lista el 2 de febrero del 2013.
El decreto versó sobre una reforma al artículo 4 constitucional que avaló la LXI Legislatura, entonces dominada por el PRI y el PAN, para que toda la población tenga derecho al acceso al agua, a su disposición, saneamiento para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, tal como lo recomienda la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Para ello, el Estado debe garantizar este derecho y la ley definirá las bases y se tendrá que contar con la participación de los tres niveles de Gobierno y la ciudadanía. Sin embargo, ya transcurrió más de una década sin que esto se concrete.
Por esto, el año antepasado la Corte conminó al Congreso de la Unión a emitir la Ley General de Aguas durante su próximo periodo ordinario de sesiones; es decir, el que concluyó en abril del 2022.
Incluso, el 15 de marzo del 2023, el diputado morenista Javier Borrego Adame presentó una iniciativa para establecer que el Congreso de la Unión debería emitir la nueva Ley General de Aguas en un plazo no mayor al 15 de diciembre del 2023; sin embargo, la fecha llegó y no se vieron señales de la nueva legislación.
Ahora, en San Lázaro ya hay un anteproyecto que está a la espera de recibir la opinión de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, como la instancia rectora para determinar un acuerdo con el Gobierno federal en torno a esta nueva legislación.
El presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara baja, Gregorio Muñoz, explicó a La Razón que el documento plantea definir el derecho de acceso al agua, para tener garantizados 100 litros de agua al día por cada habitante.
También buscará la no privatización del líquido y ratificar la rectoría del Estado mexicano, con el fin de que exista una corresponsabilidad de los tres niveles de Gobierno para administrar los organismos operadores de agua, lo que a su vez estipula un servicio civil de carrera para que las y los servidores a cargo cuenten con una preparación mínima.
“Queremos ahora la participación de los gobiernos estatales y la concurrencia del Gobierno federal para que cuando un ayuntamiento no tenga la capacidad económica de dotar de infraestructura necesaria, asuman su responsabilidad los gobiernos estatales y cuenten con el respaldo del Gobierno federal a través de la Comisión Nacional del Agua”, explicó.
Aunque el morenista afirmó que este nuevo plan abonaría a resolver la crisis hídrica, admitió que no será suficiente para salir de la crisis que, por ejemplo, azota al Valle de México.
“Sí, ayudaría a subsanar esta parte, pero se requerirían medidas adicionales. La ley es un marco regulatorio que permite eficientar el manejo y la gobernanza del agua, pero se requieren más acciones; por ejemplo, la tecnificación de los distritos de riego agrícola. En el país, hoy, de cada litro de agua que se consume en México, 76 por ciento se va a la agricultura y necesitamos una estrategia nacional para tecnificar el campo mexicano para aprovechar las aguas residuales”, expuso.
El 5 de febrero pasado, el Presidente de la República remitió 20 iniciativas al Congreso de la Unión, una de las cuales plantea que toda persona tendrá derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable, asequible y preferente sobre cualquier otro uso.
Al respecto, el diputado sugirió que este proyecto presidencial podría acoplarse a la nueva ley, pues persigue el mismo objetivo.
Confiado en que al ser un tema de urgente resolución para el país, y que deberá ser apoyado por todas las fracciones parlamentarias sin filtros partidistas, Muñoz Álvarez espera que el proyecto sea presentado, discutido y aprobado este último periodo ordinario de sesiones de la LXV Legislatura.
“El agua es un tema que debemos verlo sin colores partidistas; lo tenemos que ver con una perspectiva regional, porque en el norte es un problema de escasez, de nuevas fuentes de abastecimiento, y en el sur, de excedentes, de sistemas de control… Esto ya no puede esperar más”, declaró el legislador.
