El Congreso de la Unión ha evitado participar en la toma de decisiones sobre el aborto, mientras que son las Legislaturas locales las que han avanzado en torno a leyes más garantías para legalizarlo, observó el Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República.
A través del estudio denominado "Aborto legal: de las 12 a las 24 semanas de gestación", elaborado por la investigadora Lorena Vázquez Correa, en cuanto a los derechos reproductivos de las mujeres, este tema se ha quedado en la congeladora legislativa a nivel federal.
Únicamente ha encontrado causa a través de los Congresos de algunas entidades federativas, ya que en seis se ha legalizado hasta las 12 semanas de gestación: Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Baja California y Colima.
Además, en abril de este año, el Congreso de Sinaloa dio un paso más al aprobar una reforma que permite el aborto hasta las 13 semanas de gestación.
El análisis refiere que el 7 de septiembre de 2021 el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que la criminalización absoluta del aborto es inconstitucional y, por primera vez, se pronunció a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre su cuerpo sin enfrentar consecuencias penales hasta la semana 12 de gestación.
El documento del IBD apuntó que países como Colombia, Singapur, Australia y Holanda, han legalizado el aborto hasta las 24 semanas de embarazo.
Destacó que los países que han ampliado el número de semanas más allá de las 12 han mostrado un cambio al poner en el centro de las resoluciones la perspectiva de género y los derechos constitucionales de las mujeres, mientras que las resoluciones más restrictivas mantienen los argumentos centrados en los límites del Estado para proteger la vida prenatal.
KEFS
