El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, convocó a la ciudadanía a que promueva amparos de manera individual en contra de las leyes que modificó el Plan B de la Reforma Electoral.
Luego de que legisladores y partidos de oposición impugnaron la legislación aprobada por la mayoría legislativa en el Congreso y de que el propio órgano electoral anunció que interpondrá dos controversias, el consejero presidente del instituto apuntó que también corresponde a los ciudadanos la responsabilidad de que “el barco de la democracia no se quede a la deriva”.
Durante la presentación del libro La democracia no se toca, escrito junto con el consejero electoral Ciro Murayama, en el Centro Cultural San Ángel, evento en el que también participaron los exconsejeros electorales Jacqueline Peschard y José Woldenberg, además de la periodista Carmen Aristegui, puntualizó que la democracia es una conquista y su preservación requiere de una defensa colectiva.
Por ello, enfatizó que a todos los ciudadanos les corresponde la responsabilidad “de que este barco no solamente no quede a la deriva, sino que siga avanzando en esa ruta de avanzar y consolidar nuestra democracia”.
En ese contexto, Córdova sostuvo que es fundamental que quienes tomarán la decisión final sobre el Plan B, es decir, los integrantes del Poder Judicial, cuenten con la información necesaria para evaluar los verdaderos alcances de la reforma.
“Dentro de los cauces legales debemos poner en la mesa a quienes tendrán que tomar la decisión final, a nuestras y nuestros jueces constitucionales, todos los argumentos y elementos que creamos convenientes para que ellos cumplan esa tarea de control en la Constitución”, dijo.
Todavía están a tiempo de escuchar, dialogar y evitar un daño profundo a nuestro sistema electoral. En todo caso, el INE recurrirá a todas las instancias judiciales e interpondrá todos los recursos posibles para evitar este retroceso democráticoLorenzo Córdova<br>Consejero presidente del INE
Antes, en un mensaje a través de redes sociales, Córdova Vianello afirmó que todavía es tiempo de evitar un “daño profundo” al sistema electoral antes de aprobar el Plan B de la reforma.
Se refirió al informe que elaboró todo el personal del órgano electoral y que respaldan los 11 consejeros electorales, el cual, sostuvo, difundirán con todos los involucrados en la decisión de la que depende el futuro de la democracia.
Señaló que la intención es que conozcan los “riesgos” que involucra hacer una reforma que no partió de un diagnóstico “serio y objetivo” sobre el funcionamiento del sistema electoral y que se evite un “daño mayor” a la democracia mexicana.
Expuso que el INE está listo para interponer los recursos necesarios para frenar un “retroceso democrático” de esta magnitud.
Organizaciones prevén deterioro en comicios
A pocos días de que el Plan B de Reforma Electoral pueda concretarse con el inicio de un nuevo periodo ordinario en el Congreso de la Unión, donde podrá ser aprobado lo faltante, más de 50 organizaciones de la sociedad civil manifestaron su preocupación por considerar que el proyecto desencadenará un “deterioro inevitable” de las elecciones limpias.
En un pronunciamiento suscrito por organizaciones como Ocupa, Unid@s, Causa en Común, se expresó un “profundo rechazo” a la reforma.
Argumentaron que los cambios dañarán la autenticidad del derecho político fundamental que representa el voto.
Advirtieron que con el desmantelamiento a la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE) que tiene como efecto constitutivo la reforma, se despedirá al 85 por ciento de los trabajadores que laboran en el órgano.
Las demás modificaciones como la reducción de los instrumentos de fiscalización al dinero de partidos y campañas; restar funciones al INE o permitir la intromisión del gobierno en las campañas dará marcha atrás a la construcción “que nos llevó décadas”, dijeron.
Tras advertir que dicha reforma nace sin el consenso entre partidos políticos, subrayaron que si la reforma avanza se producirá una “crisis de credibilidad y desconfianza en las reglas del juego”, antes de que arranquen los procesos electorales.
“Lo que ese intento generaría es un extendido litigio nacional y un quiebre constitucional de consecuencias no sólo electorales, no sólo en contra de la vida democrática, sino también en contra de la estabilidad política del país”, dijeron.
Por ello, las organizaciones insistieron en que ahora se vive la antesala de una crisis política mayor que puede ser evitada si el Senado “asume su cabal responsabilidad y busca los acuerdos, ciñéndose con rigor, a la letra y espíritu de la Constitución”.
