Libros de texto gratuitos

Coparmex exige acatar determinación del PJ

Hizo un enérgico llamado al Gobierno de México y a la Secretaría de Educación Pública para que respeten el Estado de derecho

Coparmex
Coparmex Foto: Especial

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), hizo un enérgico llamado al Gobierno de México y a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que respeten el Estado de derecho, en el tema relacionado con los libros de texto gratuitos.

El organismo patronal afirmó que ambas instancias deben atender las determinaciones del Poder Judicial y las inquietudes de padres de familia, maestros, especialistas y diversos sectores de la sociedad respecto del proceso de elaboración y distribución de estos libros.

“Los contenidos de los libros de texto para educación básica, deben responder a criterios pedagógicos y a métodos de enseñanza que aseguren el buen aprendizaje para las niñas, los niños y los jóvenes”, afirmó.

En un comunicado, señaló que hay una total falta de transparencia por parte del Gobierno para informar quiénes participaron y cómo se llevó a cabo el proceso de la elaboración.

De igual forma, prevalece el incumplimiento de lo exigido por la Ley General de Educación (LGE) para la elaboración y modificación de las obras de enseñanza.

Por tanto, la Coparmex subrayó que es urgente que el proceso sea repuesto y se incluya la participación de los padres de familia, docentes y especialistas en materia educativa y pedagógica, tal como lo establecen las normas.

“Desde la Confederación estaremos atentos de la actuación de las autoridades y del acatamiento del mandato expresado por la jueza Tercera de Distrito en Materia Administrativa, Yadira Medina Alcántara, quien el 31 de julio emplazó a la SEP a detener la elaboración de los nuevos libros de texto en un plazo de 24 horas, y a hacer constar que se cumplió la medida cautelar dictada en el mismo sentido desde el pasado 25 de mayo”, acotó.

Puntualizó que actualizar los libros de texto es una gran responsabilidad de las autoridades educativas que, con la colaboración de expertos y científicos y apegadas al debido proceso, deben garantizar el desarrollo de la niñez y la adolescencia.