El Plan B de Reforma Electoral, empujado por Morena, recibió anoche un revés, luego de que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez Potisek, concedió una suspensión al Instituto Nacional Electoral (INE) en contra del segundo paquete de reformas promulgadas en febrero y con las que la estructura y funcionamiento del órgano eran modificadas sustancialmente.
El argumento para frenar el decreto fue que se considera que no sólo contiene normas de carácter general, sino actos concretos de aplicación, por lo que se advirtió la posibilidad de que los derechos político-electorales de la ciudadanía se verían afectados.
Específicamente, la suspensión y admisión fue respecto a la demanda de controversia constitucional interpuesta por el INE contra las modificaciones a las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales, de Partidos Políticos, la Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y la que expide la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicadas el 2 de marzo.
Dichos cambios a la legislación secundaria se traducen en una reorganización estructural del Instituto, como la compactación de comisiones operativas y hasta el despido de su personal.
Uno de los efectos inmediatos que tuvo la promulgación de estas reformas fue la remoción de Edmundo Jacobo Molina como secretario ejecutivo; sin embargo, hace dos semanas obtuvo una suspensión definitiva que le permitió volver al cargo.
El ministro concedió la suspensión que solicitó el órgano electoral respecto a todos los artículos impugnados “para efecto de que las cosas se mantengan en el estado en el que hoy se encuentran y rijan las disposiciones vigentes antes de la respectiva reforma”, se lee en el documento.
“La SCJN ha resuelto en ocasiones anteriores que en controversias constitucionales sí corresponde otorgar la suspensión aun tratándose de leyes, cuando pudieran vulnerar de manera irreparable derechos humanos. En el caso que nos ocupa se trata de la posible violación a los derechos político-electorales de la ciudadanía”, señaló.
En el mismo acuerdo, Laynez Potisek solicitó al Congreso de la Unión y al Presidente que presenten su contestación a la demanda dentro del plazo legal.
El anuncio causó reacciones inmediatas en redes sociales: mientras que la oposición celebró la decisión, en Morena se criticó oportunismo.
Por la noche, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, señaló que “el Estado de derecho jamás ha estado en riesgo, con la aprobación de la reforma secundaria, por el contrario, garantizar el acceso democrático de la ciudadanía y la transparencia de los recursos es un compromiso que la democracia debe abanderar y defender”.
El funcionario añadió en su cuenta de Twitter: “El oportunismo político encabezado por la oposición no debe dar paso a la duda de las acciones del poder de la SCJN, la suspensión otorgada el día de hoy se mantendrá hasta el momento en que los otros dos Poderes de la Unión respondan a dicha solicitud”.
El consejero del INE, Ciro Murayama, dijo que “la defensa ciudadana de las elecciones auténticas valió la pena”, pues con la resolución consideró que la división de poderes y la democracia están de pie.
Mario Delgado, líder de Morena, consideró que la decisión fue parcial e ilegal, así como una consigna para favorecer a los conservadores, mientras que el representante del partido ante el INE, Mario Llergo, refirió que es un procedimiento normal dentro del ámbito judicial, aunque cuestionó que el ministro, que fue procurador Fiscal en el sexenio pasado, suspendiera “toda” la reforma.
Por el contrario, dirigentes y legisladores de oposición celebraron la resolución, como el panista Marko Cortés, el priista Alejandro Moreno, y el perredista Jesús Zambrano, así como el presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, Santiago Creel, quienes destacaron que con esto, la Corte hace valer la salvaguarda de los derechos humanos, y que fue una muestra de la división de poderes.
Bartha Alcalde y Netzaí Sandoval, finalistas al INE
El Comité Técnico de Evaluación (CTE) publicó la lista de las 20 personas mejor evaluadas en la cuarta etapa para designar a quienes serán las próximas en ocupar las cuatro vacantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), a partir del 3 de abril.
Entre los nombres de quienes avanzaron a la conformación de las listas de las que el pleno de la Cámara de Diputados tomará la decisión final, se encuentran perfiles afines a Morena: Bertha Alcalde Luján, hija de la expresidenta del Consejo Nacional, Bertha Luján, y Netzaí Sandoval, hermano de la exsecretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, y del diputado Pablo Amílcar Sandoval.
Las otras nueve mujeres elegidas son Guadalupe Álvarez, Rebeca Barrera, Zircey Bautista, Nayma Enríquez, Arlett Espino, Jazibe Hernández, Miriam Hinojosa, Rita Bell López y Guadalupe Taddei.
De los hombres avanzaron Arturo Castillo, Diego Forcada, Armando Hernández Cruz, Luis Alberto Hernández, Víctor Humberto Mejía, Jorge Montaño, Ernesto Ramos, Bernardo Valle y Luigui Villegas.
Quedaron fuera los perfiles de la diversidad sexual: Rebeca Garza, mujer transexual y con 20 años de trayectoria en materia electoral, así como el magistrade no binarie de Aguascalientes, Ociel Baena.
El documento fue acompañado del voto particular de una de las integrantes del CTE, Esther Azuela, quien expresó haber votado en contra de seis de los perfiles por considerar que carecen de la imparcialidad y autonomía que exigió la convocatoria: Bertha Alcalde, Netzaí Sandoval, Guadalupe Álvarez, Guadalupe Taddei, Zircey Bautista y Víctor Humberto Mejía.
“En algunas personas aspirantes, es pública y notoria la cercanía e incluso parentesco que tienen con actores del Estado que integran otros Poderes de la Unión; en algunas, su curriculum deja en evidencia su trabajo de varios años dedicado a diversos partidos políticos”, escribió.
El CTE aún debe entregar a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) las cuatro quintetas para las vacantes que habrá en el INE: tres consejerías y la presidencia.
El miércoles, la Jucopo sugirió al Comité que la quinteta enfocada a la presidencia del Consejo se integre sólo por mujeres y no por tres y dos hombres, como lo marcó la convocatoria, en atención a una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para garantizar la paridad de género y que una mujer asuma la cabeza del órgano.
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Leo