Con los votos a favor de nueve de los 11 ministros, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le dio un revés a la primera parte del Plan B de Reforma Electoral que Morena y sus aliados impulsaron y aprobaron por la vía rápida en el Congreso, al invalidar la modificación a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas.
El argumento de los ministros —excepto de Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, que votaron en contra— para respaldar el proyecto de Alberto Pérez Dayán y declarar la invalidez de ambas normas, fue la violación al proceso legislativo en la que se incurrió en las cámaras de Diputados y de Senadores.
Los nueve ministros resaltaron que la iniciativa que presentó Morena, en la sesión del 6 de diciembre del 2022 en San Lázaro, no contó con el tiempo suficiente para que todos los legisladores conocieran a cabalidad su contenido para su discusión y aprobación, debido a que el proyecto fue presentado ante el pleno al inicio y se le dispensaron todos los trámites, sin que se publicara oportunamente en la Gaceta Parlamentaria.
Otros argumentos expuestos para invalidar el decreto, pero no compartidos por la mayoría, apuntaba como causa que la iniciativa presentada por Morena en el pleno era una copia exacta de la que envió el Presidente de la República horas antes.
La ministra presidenta, Norma Piña, subrayó que el decreto impugnado y su proceso dieron lugar a “un potencial invalidante”, ya que no brindó oportunidad para conocer los cambios propuestos, a pesar de que éstos contenían una “complejidad técnica considerable”.
“Ni siquiera se cumple con las condiciones mínimas de una deliberación democrática, pues el trámite precipitado provoca que no se conozca el contenido de la iniciativa; todo lo anterior, a mi juicio, es contrario a la configuración representativa, republicana y democrática que prevé nuestro texto constitucional”, mencionó.
Luis María Aguilar Morales consideró que el número de violaciones al proceso alcanzaron una “gravedad” que rompe con los principios constitucionales del Estado mexicano, por lo que calificó el hecho como una “deslealtad constitucional”, así como un “desdén” hacia las minorías parlamentarias —PAN, PRI, PRD y MC— que también representan un sector del pueblo de México”.
“Avalar un procedimiento legislativo con estos rasgos equivaldría a asumir que la mayoría parlamentaria, por el simple hecho de serlo, está por encima de las reglas constitucionales, lo que me parece inadmisible y acudo a la máxima de don Benito Juárez que dice: nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho, y subrayo, por el derecho”, dijo.
Avalar un procedimiento legislativo con estos rasgos equivaldría a asumir que la mayoría parlamentaria, por el simple hecho de serlo, está por encima de las reglas constitucionales, lo que me parece inadmisibleLuis María Aguilar Morales, Ministro de la SCJN
Las ministras Ana Margarita Ríos Farjat y Yasmín Esquivel señalaron que las reformas buscaban cumplir la sentencia que dictó la Primera Sala de la Corte en septiembre del 2021, en la que se ordenó al Congreso a establecer reglas claras para la asignación que hacen distintas ramas del gobierno mexicano al gasto en Comunicación Social.
No obstante, el pasado 25 de abril, el Senado aprobó una minuta enviada por la Cámara de Diputados, que partió del diputado de Morena Rafael Llergo, con la que se eliminó el tope que se estableció con el Plan B para que los gobiernos locales destinaran a dicho concepto de gasto un máximo del 0.1 por ciento del Presupuesto de Egresos.
Con dicho “parche” aprobado, se le dio a los estados y municipios la facultad para que por sí mismos establezcan sus propios montos en publicidad, retirando así la base que el Plan B había fijado como tope y respecto de la cual la oposición actuó en contra por considerar que vulneraba la autonomía de los gobiernos locales en la ejecución del gasto.
Ni siquiera se cumple con las condiciones mínimas de una deliberación democrática, pues el trámite precipitado provoca que no se conozca el contenido de la iniciativaNorma Piña, Ministra presidenta de la SCJN
En el entendido de que la iniciativa enviada por el Presidente sigue su trámite e integra el mismo contenido que la que presentó Morena, la ministra Ríos Farjat dijo que espera que salga adelante lo que se refiere al cumplimiento de la sentencia, pues argumentó que la invalidación que votó la Corte tenía como motivo la violación del proceso legislativo, mas no “los méritos constitucionales”.
Las únicas en defender las reformas avaladas en fast track por Morena fueron Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, quienes negaron que la publicación de la iniciativa sin la debida anticipación para que se conociera de qué trataba o el no argumentar la dispensa de trámites, no representaba “un potencial invalidante”.
“Considero que si bien la dispensa de los trámites legislativos por urgencia, sin expresarse las razones que lo sustentan, sí constituyen una irregularidad, lo cierto es que ello no tiene como consecuencia que se afecte la deliberación”, dijo Ortiz Ahlf.
Entre las modificaciones contenidas en este primer paquete de reformas se encuentra el cambio a lo que se entiende por propaganda gubernamental, con la que Morena propuso que no se consideraran las manifestaciones de servidores públicos en uso de libertad de expresión, sobre lo cual la oposición advirtió que se abría una ventana de violaciones a la veda electoral.
La discusión del Plan B en la Corte no concluye con esto, ya que aún debe deliberar sobre las impugnaciones contra el segundo paquete de reformas a las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales, General de Partidos Políticos, Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y la expedición de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, las cuales establecen los cambios sustanciales a la función y composición del INE y los tiempos de los comicios.
4T acusa atropello en resolución de la Corte
Líderes y legisladores de partidos de oposición reconocieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la votación mayoritaria con la que resolvió la invalidez de la primera parte del Plan B de la Reforma Electoral; sin embargo, políticos de la Cuarta Transformación criticaron la “miopía jurídica” de los ministros y que hayan pasado por encima de la voluntad popular representada en los legisladores.
Luego de que la mayoría de nueve de los 11 ministros del pleno del máximo tribunal invalidó las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, opositores y miembros del oficialismo fijaron en redes sociales su postura por la decisión de la SCJN.
Los líderes nacionales del PAN, PRI y PRD, Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, respectivamente, celebraron que después de las “trampas y violaciones” de Morena, los ministros hayan actuado como un verdadero contrapeso.
Otros integrantes de la oposición, como la senadora panista Kenia López Rabadán, incluso señalaron: “¡Tómala @lopezobrador_! Tenga para que aprenda”.
Además, senadores como los del Grupo Plural y el coordinador del PRI, Manuel Añorve, resaltaron que esta resolución permite adelantar que las reformas del “viernes negro” tienen una “sentencia de muerte”.
En contraparte, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, acusó que fue un atropello por parte de los ministros, a quienes les reprochó su “miopía jurídica”.
“La resolución de la @SCJN es un atropello al Poder Legislativo. Incongruencia y miopía jurídica de ministros que invocaron principios de democracia y representación popular, pero votan un proyecto en contra de la representación mayoritaria que eligió con su voto el Pueblo de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, con su actuar, impone un gobierno de los jueces y convierte al Poder Judicial en activistas políticos. Lamentable”, manifestó el legislador.
El dirigente nacional del partido guinda, Mario Delgado, acusó que esta resolución es “un claro atentado contra la división de poderes”.
Sin embargo, el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, reconoció que la SCJN les enmendó la plana, aunque señaló que era algo previsible, y recordó que él emitió su voto particular.
“Es obvio que hoy enmendaron la plana del Poder Legislativo, por procedimiento, por lo que haya sido; pero lo cierto es que ya la Corte decidió la primera parte del Plan B y nosotros estamos muy claros en que hay que observar la resolución”, declaró.
Tras la resolución de la SCJN, en el INE también hubo reacciones, como la de la consejera Carla Humphrey: “Por transgresiones sustanciales al procedimiento legislativo, la @SCJN aprobó por nueve a dos la invalidez total de la reforma legal del 27 de diciembre (1ra parte del llamado Plan B)”, publicó.
También el exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, reconoció que los ministros no se sometieron a las presiones desde el poder.
“En un encomiable ejercicio de autonomía frente a las inaceptables presiones desde el poder, hoy la @SCJN (por nueve votos) determinó que la primera parte del Plan B se aprobó violando el proceso legislativo, por lo que se anula. Ello anticipa el destino de la segunda parte”, indicó.
“Ministros pasaron encima de la voluntad democrática”
Ante el revés de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al Plan B de Reforma Electoral, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, consideró que los ministros pasaron por encima de los legisladores que avalaron las modificaciones en el Congreso de la Unión.
Por medio de su cuenta de Twitter, el funcionario federal acusó que la Corte “decidió seguir protegiendo intereses particulares” aun cuando la población “busca recuperar la confianza en sus instituciones”.
“Nueve ministros pasaron por encima de la voluntad democrática expresada por los representantes populares. No hay de otra: Plan C en las urnas”, dijo.
Los reclamos por el fallo de la Corte también emanaron de algunos gobernadores afines al movimiento de la Cuarta Transformación.
El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, opinó que el máximo tribunal del país se excedió al invalidar el primer paquete de reformas, pues sostuvo que éstas son constitucionales y emanaron de los legisladores que eligió la población.
“El Plan B es constitucional y fue resuelto por la soberanía de un poder emanado por el voto directo y universal del pueblo. Urge instalar el respeto entre poderes fuera de intereses corruptos que invaden la SCJN”, dijo.
El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes se manifestó en el mismo sentido, al referir que con el freno a lo aprobado por el Congreso se atentó contra el principio del equilibrio democrático.
“El principio de equilibrio democrático pasa por el respeto irrestricto entre poderes, la decisión de nueve ministros de la Corte no tiene por qué pasar por encima de la voluntad del pueblo de #México, representada a través de sus legisladoras y legisladores”, escribió en redes sociales.
