La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el Instituto Nacional Electoral (INE) debe ajustar su presupuesto para organizar la consulta sobre revocación de mandato, pues de lo contrario deberá responder ante autoridad judicial.
“Es improcedente la suspensión respecto a que el Instituto Nacional Electoral no tenga que hacer ajustes a su presupuesto, como se prevé en el artículo cuarto transitorio del decreto por el cual se expidió la Ley Federal de revocación de mandato (LFRM), así como que se exima al Instituto y a su personal de las sanciones administrativa, penales o de diversa índole a que hubiera lugar”.
En el acuerdo de admisión de la controversia constitucional promovido por el INE sobre el recorte a su presupuesto, el ministro Fernando Franco González Salas determinó que el órgano electoral debe ajustarse al presupuesto para el ejercicio de participación ciudadana en apego a la norma.
El viernes, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, afirmó que se tiene un déficit de más de 2 mil 554 millones de pesos para el eventual proceso de revocación de mandato, lo que pone en riesgo la organización de este ejercicio inédito de participación ciudadana.
"El INE contaría en total con una bolsa de mil 503 millones de pesos para un eventual ejercicio de revocación de mandato, misma que resulta clara y abiertamente insuficiente para llevar a cabo este proceso con las características y la amplitud que las y los legisladores establecieron en la propia ley federal de la materia hace unos cuantos meses y que, entre otros puntos, exige instalar el mismo número de casillas de un proceso electoral federal", explicó.
Durante la sesión extraordinaria del Consejo General del INE, el funcionario electoral expresó que el pasado 7 de diciembre el órgano electoral interpuso una controversia constitucional ante la SCJN para que determine si se debe avanzar hacia un proceso de revocación de mandato, sin los recursos requeridos para ello.
LRL
