Las denuncias por corrupción contra funcionarios presentadas ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) durante este sexenio se incrementaron.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2019 se reportaron tres mil 227 denuncias, lo que representa 38.5 por ciento más que en el último año de gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.
En los dos años de la actual gestión suman siete mil 979 las denuncias y de acuerdo con la SFP, hasta el pasado 1 de septiembre, cuando el Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su segundo informe de Gobierno, se han sancionado a dos mil 261 de los involucrados; es decir, 30 por ciento de ellos.
“El ciudadano está desilusionado con el tema de las denuncias porque no ve una reacción o un resultado rápido”, reconoció Jesús Flores, presidente de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción (Conafa).
A pesar de ello, el experto recomendó impulsar una cultura de denuncia, pues otro aspecto que desincentiva es que “tenemos que hacer mecanismos de denuncia sencillos, ágiles, anónimos; en México no tenemos una verdadera ley que proteja a testigos y personas que pudieran haber participado en hechos delictivos y quieren denunciarlo”.
Flores Mier advirtió que tampoco se ha avanzado en la autonomía de estos organismos, pues apenas seis en todo el país cuentan con plena libertad de gestión administrativa y económica.
“Tenemos que ir buscando autonomía, hay alrededor de seis en el país que sí la tienen”, explicó en torno a las autoridades de Campeche, Quintana Roo, Chihuahua y Coahuila.
Romero Flores señaló que a pesar de las dificultades que han enfrentado, incluso el riesgo de desaparecer si hubieran estado ligadas a un fideicomiso, tienen un avance similar a la Federación.
“Se ha logrado la determinación de 30 por ciento de los asuntos, por las diversas modalidades que establece la norma general, como son la judicialización, acuerdo reparatorio, suspensión condicional del proceso, reparación del daño, no ejercicio de la acción penal y remisión por incompetencia”, señaló Flores Mier.
La pretensión, dijo, es llegar a un acuerdo resarcitorio y que los inculpados regresen el monto económico que representan sus delitos para el erario.
Los resultados concretos sobre la participación de las fiscalías anticorrupción se conocerán el próximo 16 de diciembre, adelantó.
A nivel federal, la Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción, a cargo de María de la Luz Mijangos, abrió mil carpetas de investigación por probables hechos delictivos denunciados ante esa instancia.
- El dato: Las denuncias que ha recibido la Fiscalía Especial en la materia corresponden al periodo de marzo de 2019 al 30 de junio pasado.
