Por considerar que es un acto arbitrario que atenta contra algunos derechos humanos en materia de acceso a la información, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del decreto presidencial con el que se consideran las mega obras del actual gobierno como de seguridad nacional.
El legislador argumentó que el objetivo es defender las atribuciones que la Constitución da al Poder Legislativo como representante de la población mexicana.
“De manera concreta, lo que desea el presidente es que el pueblo no sepamos si está administrando con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, la construcción del Tren Maya, del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y de los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum”, dijo.
Señaló que esto contiene una gravedad doble, pues acusó que el presidente emitió el decreto pese a saber que fue inconstitucional dada la resolución de la SCJN en la que invalidó el decreto en la misma materia.
Por ello, dijo que el mandatario federal “quiere darle la vuelta a la Constitución” para “burlar” la decisión del máximo tribunal, lo que a su vez afecta la competencia de la Cámara de Diputados.
“Le recuerdo Presidente, que el pueblo mexicano decidió constituirse en una República, bajo el principio de división de poderes y le otorgó al Congreso la facultad exclusiva de definir el concepto y los alcances de la seguridad nacional, la transparencia y el acceso a la información pública gubernamental”, mencionó.
Por ello, Creel Miranda advirtió al titular del Ejecutivo que recurrirá ante la Corte “las veces que sean necesarias” para impugnar en caso de que decida publicar nuevos decretos en el mismo sentido.
“Cuando asumí la responsabilidad de ser el presidente de la Cámara de Diputados, protesté guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanan. Con la presentación de esta controversia, es exactamente lo que estoy haciendo. Yo sí honro mi palabra”, dijo.
El 18 de mayo de este año, la Suprema Corte aprobó, con ocho votos a favor, el proyecto del ministro José Luis González Alcántara Carrancá, quien propuso la invalidez del decreto publicado el 22 de noviembre del 2021, con el que las obras insignia de la administración actual se declararon como de seguridad nacional, a partir de lo cual se ha reservado información respecto a éstas en materia presupuestal y los proyectos de ejecución.
Sin embargo, en la versión vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF) de ese mismo día, fue publicado otro decreto presidencial en el que declaró bajo tales figuras a los proyectos ferroviarios y aeroportuarios mencionados.
Ante esto, Creel Miranda argumentó que el segundo decreto incurrió en las mismas violaciones, pues aunque hay diferencias formales, “sus consecuencias jurídicas son materialmente idénticas”.
Además, explicó que, aunque en la publicación se menciona sólo a determinados proyectos, tendrá efectos sobre otras obras, pues “en realidad constituye una orden a sus entidades y dependencias subordinados”.
JVR
