Durante 2019 el hallazgo continuo de fosas clandestinas y bolsas de plástico con restos humanos en Jalisco evidenció retrasos en la atención y carencia de equipo en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF).
Incluso organizaciones como Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos de Jalisco y México Evalúa, así como académicos de la Universidad de Guadalajara consideraron que se vivía una “crisis forense”.
Algunos de los municipios donde se ubicaron los cementerios clandestinos que pusieron en jaque la funcionalidad del IJCF fueron Zapopan, El Salto, Tonalá, Tala, Tlajomulco, Villa Guerrero y Lagos de Moreno, de acuerdo con los reportes de la Fiscalía local.
Simultáneamente el número de personas desaparecidas fue en aumento. Tan sólo durante los primeros nueve meses del año, el gobernador Enrique Alfaro detalló que no habían sido localizados mil 650 hombres y 300 mujeres.
Aunque la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas quedó lista para junio y su titular, Francelia Hernández, aseguró que se pondría a disposición de la población una línea telefónica 24/7 para reportar y buscar a personas desaparecidas, la propuesta no vio la luz.
Así, entre diciembre de 2018 y septiembre de 2019 el IJCF ingresó a tres mil 761 cuerpos en calidad de desconocidos; de ellos, 544 aún no estaban identificados.
En septiembre pasado, el Comité del Observatorio de Personas Desaparecidas de la Universidad de Guadalajara (UdeG) aseguró a La Razón que incluso había familias a las que autoridades les tardaban de tres a seis meses en entregarles los cuerpos de sus familiares.
Apenas el 15 de diciembre una fosa más se localizó en Jalisco, de donde exhumaron al menos 50 personas.
En los primeros 11 meses del año se reportaron dos mil 465 homicidios. De acuerdo con autoridades, la violencia se ha recrudecido por la lucha de plazas entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.
