Diputados de oposición criticaron fuertemente la modificación realizada a la reforma por la que se pretende regular la figura del outsourcing.
El dictamen subió al Pleno con un cambio en el que se otorga un plazo de tres meses a las empresas privadas para migrar al sector formal, mientras que todas las dependencias del sector público tienen un año para cumplir con la disposición, a partir de la entrada en vigor del ejercicio fiscal 2022.
“Este plazo promueve un trato desigual entre la iniciativa privada y el sector público, es sumamente injusto”, declaró en tribuna el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Valenzuela González.
Por su parte, Pedro Pablo Treviño, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) precisó que en México 4.6 millones de trabajadores en encuentran en un esquema de subcontratación, por lo que “un plazo de tres meses derivará en despidos de los trabajadores que se encuentran en este régimen”.
Sobre otros puntos criticables del dictamen, Carlos Pavón, también del tricolor, denunció que se trata de una reforma recaudatoria “y no una reforma que venga a beneficiar a la gente”, ya que al incrementar el reparto de utilidades que le corresponde a los empleados, hacienda también recaudará más dinero.
Dijo que actualmente las utilidades que se entregan representan 56 mil millones de pesos, mientras que con la reforma ascenderán a 157 mil millones; “eso significa un 30 por ciento de utilidad e impuestos para hacienda”
Finalmente, Antonio Ortega Martínez del Partido de la Revolución Democrática (PRD), agregó que la minuta no solo representa un golpe al empleo, sino que además “se prevé la disminución de las inversiones por parte del sector privado”
La discusión se ha prolongado por un par de horas, y se prevé que sea votada en lo general, antes de las 21:00 horas.
