El Gobierno federal, en el informe que entregó sobre el caso Ayotzinapa cuestiona las decisiones tomadas por, al menos, 7 jueces, en el apartado que denomina “Obstáculos de la investigación”.
El jueves, al dar a conocer el informe, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, dijo que las irregularidades en torno al Poder Judicial, no solamente no permiten tener una jurisdicción única para atender el caso, sino que lleva a burocracia, a trámites administrativos y a criterios diferenciados entre los jueces.
“Hay jueces que consideran que el delito de desaparición forzada prescribe cuando está claramente establecido en nuestra legislación que este delito grave de violación a los derechos humanos no prescribe”, destacó.
Un ejemplo es el juez Gabriel Domínguez, del Noveno Distrito en Iguala, quien liberó en noviembre de 2019, tras el pago de una fianza de 10 mil pesos, a Marco Antonio “N”, quien había sido deportado de Estados Unidos y detenido en la frontera norte, y en enero de 2022 modificó una medida cautelar a un policía federal, también vinculado al caso, para llevar en libertad su proceso.
También se refiere al caso del juez Samuel Ventura, en Tamaulipas, quien liberó a 77 presuntos responsables por la desaparición, por haber sido torturados; Enrique Beltrán Santes, del Estado de México, ha demostrado desconocimiento sobre el desahogo de testigos con reserva de identidad;, refiere; José Álvaro Vargas Ornelas, en Guerrero, se niega a conocer los asuntos que se le presentan, apunta.
Igualmente, agrega, el Juez César Chávez, en Guerrero, no asume el delito de tortura; Alejandro López Cruz, en Colima, considera que el delito de desaparición forzada es prescriptible; el Juzgado Tercero de Morelos realiza interpretaciones equivocadas, y la magistrada Lambertina Galeana, en Guerrero, ordenó la destrucción de los videos tomados por las seis cámaras exteriores del Palacio de Justicia de Iguala —en donde se podrían ver claramente los hechos— al referir que no eran claros y tenían problemas técnicos.
Por otra parte, da cuenta de la fragmentación de los casos que se encuentran ante el Poder Judicial: en Tamaulipas (10), Estado de México (cinco); Guerrero (cinco), Ciudad de México (cuatro); Colima, Morelos y Querétaro, uno cada uno.
No me parece que el asunto de Ayotzinapa debiera de estar en muchos juzgados, porque a final de cuentas la FGRJuan Velásquez, Abogado
es la que lo está investigando y por ello, debe atraerlo todo en conjunto sin dejar casos en estados
De acuerdo con el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (CoVAJ), hasta el momento existen 28 causas penales vinculadas con lo ocurrido en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014, en dos sistemas procesales distintos, con criterios diferenciados y discrecionales de los jueces en la interpretación de los hechos, lo que ha generado trabas burocráticas y administrativas.
En entrevista con La Razón, expertos señalan que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene la facultad de concentrar en un sólo lugar la investigación.
El abogado Juan Velásquez dijo que es incorrecto y hasta contradictorio que un caso como el de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa esté regado en varios juzgados, pues si fue un compromiso del Gobierno federal, la FGR debe investigarlo bajo un mismo criterio.
Si hay elementos suficientes para que la FGR los atraiga, debe decretar un acuerdo para atraer los expedientes. Ha sido un error no hacerlo, ya que da la pauta para diversificar los criterios incongruentemente y dar lugar a la impunidadAlberto Woolrich, Academia Mexicana de Derecho Penal
“A mí no me parece que el asunto de Ayotzinapa debiera de estar en muchos juzgados, porque a final de cuentas la FGR es la que lo está investigando y por ello, debe atraerlo todo en conjunto sin dejar casos en estados, pues para eso lo analiza y también por eso se creó una fiscalía especial”, explicó.
Por separado, Alberto Woolrich, presidente de la Academia Mexicana de Derecho Penal, aseveró que la FGR tiene la facultad de atraer todos los casos que se encuentren en los juzgados para investigarlos en uno solo, debido a que el fuero federal está por encima del local.
“Si hay elementos suficientes para todos esos elementos que se están manejando para que la FGR los atraiga, debe decretar un acuerdo para atraer los expedientes, pero sí se puede hacer. Ha sido un error no hacerlo, ya que da la pauta para diversificar los criterios incongruentemente y dar lugar a la impunidad”, dijo.
Por otra parte, mencionó que la corrupción de jueces es recurrente en el país y ha sido un problema desde hace años que no termina: “Ha sido un fenómeno que ha lesionado la justicia a nivel nacional, porque la corrupción no se ha quitado. Ese tipo de corrupción de jueces es recurrente en el país y lesiona al sistema”.
