A pesar de que en México se registra un alza permanente en la incidencia de delitos del fueron común, siete de cada diez policías y elementos encargados de la seguridad pública en las entidades federativas y municipios no tuvieron acceso a la actualización de su capacitación durante el 2022.
Este fenómeno está asociado a las irregularidades por 137.7 millones de pesos que se advierten en el ejercicio del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), con el que la Federación dota de recursos a las entidades para la formación de recursos humanos de seguridad, su equipamiento, mejoramiento y ampliación de infraestructura, entre otras acciones, según documentos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Como parte de la revisión, se analizaron los recursos del programa “Profesionalización, Certificación y Capacitación de los Elementos Policiales y las Instituciones de Seguridad Pública”, en el cual participan elementos de policías estatales, municipales, de las fiscalías y custodios de los centros de readaptación social estatales.
El informe no especifica cómo se ejerció el gasto para dicho programa, pero sí revela que en el 2022 había 313 mil 302 elementos en quienes se debieron aplicar los recursos, de los cuales únicamente 87 mil 827 fueron capacitados, es decir, sólo el 28 por ciento.
Este porcentaje está casi un punto por debajo de lo que el país registró el año que le antecedió, 2021, y que de cualquier forma representa un muy bajo nivel en el indicador de los uniformados que tienen acceso a la capacitación.
En aquel año, el número de elementos de seguridad locales capacitados fue ligeramente menor al del 2022, al registrarse 279 mil 784, de los cuales 80 mil 940 (28.9 por ciento) actualizaron su formación profesional.
Cabe resaltar que el reporte de la ASF corresponde sólo a los 31 estados, debido a que la Ciudad de México no rindió informes, pues el gasto para la capacitación de los policías capitalinos corre por cuenta del Gobierno local y no de la Federación.
La falta de actualización en la capacitación se traduce en una baja en la capacidad de los uniformados para hacer frente a delitos “cotidianos”, cuya contención únicamente es responsabilidad de las policías locales y no de las federales, explica Humberto -nombre ficticio- , exelemento de seguridad estatal, que prefirió mantener bajo reserva su identidad.
(La capacitación) nos permite recordar maniobras que a lo mejor hace mucho no practicábamos y que en una emergencia o te salvan la vida a ti o a la de la población que tienes que cuidaHumberto “N”<br>Expolicía estatal
El exoficial comentó que recibir capacitación es algo más que cumplir con un trámite, ya que los cursos o cualquier método que se emplee para actualizar a los policías “nos permite recordar maniobras que a lo mejor hace mucho no practicábamos y que en una emergencia o te salvan la vida a ti o a la de la población que tienes que cuidar.
“No es sólo ponernos a practicar tiros, manejar, o simular accidentes para adquirir conocimientos; muchas veces también implica que nos actualicen en cuestión de leyes, porque las cosas cambian y uno debe de estar informado para no cometer una irresponsabilidad que nos pueda entambar a nosotros mismos o, ahora sí que afectar al ciudadano en sus derechos”, señaló.
En el 2022, las fiscalías de justicia de las 32 entidades federativas reportaron la apertura de dos millones 141 mil 979 carpetas de investigación por delitos del fuero común, lo que representa 3.42 por ciento más que en el 2019, el primer año de la presente administración, cuando se abrieron dos millones 71 mil 179 carpetas.
En cuanto a los agujeros en materia financiera que encontró la ASF en la aplicación del FASP en el 2022, el órgano fiscalizador apuntó en su reporte que de los siete mil 980 millones de pesos transferidos a las entidades se auditaron cinco mil 476 millones.
Y de esta cifra fue de donde se detectaron 137.7 millones de pesos sin aclarar, lo que representa el 2.5 por ciento de lo revisado.
Entre las irregularidades descubiertas, la Auditoría apuntó que 62.5 millones de pesos, que representan 45.4 por ciento del total sin transparentar, se gastaron en conceptos que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública no autorizó.
Asimismo, se identificaron bienes adquiridos no localizados o servicios no realizados por 30.6 millones de pesos y falta de documentación justificativa o comprobatoria del gasto por 28.3 millones de pesos.
El órgano fiscalizador también encontró que otros conceptos, como bienes que no cumplen con las especificaciones del contrato, obras pagadas y no ejecutadas o de mala calidad, y penas convencionales no aplicadas, por un monto de 16.3 millones de pesos.
Derivado de esto, el ente fiscalizador señaló como detonantes de las irregularidades económicas que faltó supervisión en el ejercicio y aplicación de los recursos por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como la falta de control del registro de los movimientos financieros.
La ASF también señaló que hubo carencia de controles en la guarda y custodia de la documentación que comprobara el gasto, falta de sistematización del registro y control de la información y ausencia de planificación estratégica y operativa.
