Como consecuencia de uno de los paros más inusuales y grandes en la historia del país, “un hecho sin precedentes” en palabras de la jueza Juana Fuentes, titular de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), serán alrededor de 40 mil casos diarios los que quedarán pendientes con esta suspensión indefinida de labores, aunque ella aseguró que “no nos desentenderemos de las prioridades”.
La directora de la Jufed dijo a La Razón que el paro no tendrá freno hasta que la reforma propuesta al Poder Judicial de la Federación (PJF), motivo de la protesta, tenga un alto definitivo.
“Alrededor de 40 mil asuntos se dejarán de atender diariamente; sin embargo, como se expuso en una circular el día de ayer (martes), los asuntos de trámite urgente son aquellos que tienen que ver con la libertad, con la vida, con la salud; serán atendidos”, señaló.
La jueza expuso que el pedimento principal de los manifestantes es que la reforma judicial no pase como se planteó y dijo que existe la preocupación por la entrada de la próxima legislatura en la Cámara de Diputados, por el tema de la sobrerrepresentación, que ya es “una realidad, porque nadie ha puesto tampoco un freno a esta situación, a pesar de que no todos están de acuerdo con ello”.
Juana Fuentes dijo que la lucha seguirá para que se rechace el dictamen, pues afirmó que es totalmente “lesivo, no nada más para nosotros como juzgadores, sino para la sociedad”.
Entre los primeros efectos de la suspensión de labores judiciales, ya son varias las audiencias que se han tenido que reprogramar para nueva fecha debido a la movilización de los trabajadores; una de ellas es la audiencia con la que se determinaría el incumplimiento de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), por no realizar una inspección a la refinería de Cadereyta.
Otro caso es el expuesto por el bufete de abogados que representa a Carlos Ahumada, quien informó que la audiencia para revisión de las sanciones contra el empresario, que se tenía prevista para este miércoles, fue aplazada para el próximo 27 de agosto, a las 12:00 horas.
Otro más es el de Jesús Murillo Karam, que, por cuarta ocasión, se suspende luego de que un juez de Control, con sede en el Reclusorio Norte, aplazó la audiencia del exprocurador General de la República en la que sería imputado por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia relacionados con el caso Ayotzinapa.
La diligencia estaba programada para el martes, pero debido al paro de labores que mantienen los trabajadores del PJ, al que se sumaron jueces y magistrados, se reprogramó hasta nuevo aviso.
El abogado Martín Eduardo Pérez Cázares denunció que él es uno de los miles de litigantes afectados por la crisis, ya que tenía programada para ayer una audiencia en material oral mercantil, a la que asistió con su equipo, y que fue aplazada debido al paro.
“Teníamos una audiencia de juicio en materia oral mercantil. Según los informes, el 21 de agosto iba a iniciar el paro; consideramos que alcanzábamos a desahogar nuestra audiencia; sin embargo, nos sorprendió el paro. Me comentan que es indefinido, así que no hay otra cosa que hacer más que retirarnos”, señaló el abogado.
Morena cierra puerta a más cambios a dictamen
Morena cerró la puerta y no admitirá más modificaciones al proyecto de dictamen de la reforma judicial que se discutirá en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, luego de que ya se realizaron más de 100 ajustes con los que se integraron las voces emitidas en los diálogos nacionales.
Así lo afirmó el diputado federal morenista Hamlet García Almaguer, tras expresarse por que no se les pague a los empleados, jueces y magistrados que se encuentran en paro de labores, porque “es muy cómodo” que no trabajen y sí cobren su salario de manera normal.
Exhortó a estos trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), “ahora que van a estar de vacaciones”, a “leer bien” el artículo décimo transitorio del dictamen de la reforma, donde claramente se garantizan sus derechos laborales y no se trastocan.
En entrevista con La Razón, el legislador morenista fue consultado sobre si su partido aceptaría flexibilizar algunos puntos de la reforma en los que la oposición considera que hay un retroceso, durante la discusión del dictamen en comisiones el próximo lunes 26 de agosto.
“Ya hubo más de 100 cambios; se garantiza, por ejemplo, el derecho a presentar un recurso ante el Tribunal de Disciplina, porque una de las quejas fue que era un tribunal de única instancia. Esto ocurrió en el foro de Jalapa; ahí, representantes ciudadanos lo manifestaron y mi respuesta fue esa: ‘¿les parece si se subsana, si se pone una segunda instancia?’, y su respuesta fue sí, y eso hicimos. Se está garantizando la paridad, la independencia de la Escuela Judicial; eso es algo que se pidió en el foro de Saltillo; o sea, muchas de las peticiones y comentarios que se hicieron en los foros, ya están, incluyendo la gradualidad, que fue lo que planteó el ministro (Jorge) Pardo Rebolledo y Yasmín Esquivel, que fuera gradual”, expuso.
Respecto a las movilizaciones de los trabajadores del PJF en contra de la reforma, opinó que es un error porque es la misma estrategia de la moratoria legislativa que se utilizó hace dos años, cuando la oposición decidió no legislar y renunció al ejercicio de esa función.
“Es un sistema igualito que los va a llevar al mismo lugar que la oposición; ni modo que no atiendan sus funciones constitucionales”, expresó.
El representante de Morena ante el INE reconoció al ministro Pardo por su posicionamiento durante el primer día del foro sobre la reforma judicial, cuando pidió gradualidad en la elección de los jueces, magistrados y ministros, por lo cual no descartó que pudiera repetir en el cargo.
Hizo una petición a los jueces, magistrados y ministros: “que si van a paro, que no cobren porque qué a gusto estar de vacaciones y seguir recibiendo esos salarios estratosféricos. Al Consejo de la Judicatura le faltó en su comunicado sobre los asuntos urgentes, decir si van a estar cobrando o no”, dijo.
Recomendó a los trabajadores leer el dictamen en su página 283, que alude a los derechos laborales de los integrantes del Poder Judicial. Lo que establece, afirmó, es que están garantizados sus derechos. “El caso de los servicios médicos, de las compensaciones complementarias, de las condiciones generales de trabajo. Todo eso está ahí contemplado”, finalizó.
Corte avala paro, pero no se suma; TEPJF tampoco
El ministro Javier Laynez, integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseguró que “la mayoría” de quienes conforman el pleno del tribunal constitucional apoya el paro de labores de jueces, magistrados y trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF); sin embargo, aclaró que en la Corte no dejarán sus actividades, situación que también ocurrirá con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que no suspenderá sus actividades.
“Considero que hay un respaldo mayoritario, no sé si totalmente de los 11 (ministros), pero mayoritario, sí. Nos quedamos rezagados en cómo comunicarnos con los jueces, son cuestiones que tenemos que aprender”, externó el ministro en entrevista radiofónica con la periodista Azucena Uresti.
Laynez Potisek afirmó que su posicionamiento es en favor de la lucha de los derechos de los trabajadores que durante años han servido al Poder Judicial.
Su postura se da luego de que la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) cuestionara la falta de un posicionamiento de la Corte respecto al paro de labores que arrancaron los trabajadores del PJF el domingo pasado.
El ministro reconoció que “el Poder Judicial enfrenta problemas de corrupción”, pero afirmó que “una gran mayoría de jueces y magistrados no son (corruptos)”.
“Dime qué institución de ese tamaño no tiene problemas de corrupción, claro que los hay, pero yo no estoy diciendo que todo está perfecto, pero hay que ubicar dónde está el problema para extirparlo”, señaló.
Respecto a la posible elección de ministros, jueces y magistrados por voto popular —eje central de la reforma judicial que impulsa el Presidente Andrés Manuel López Obrador—, Laynez Potisek consideró que “la contienda electoral no será equitativa”, por lo que, en caso de que la iniciativa sea aprobada, él no participará.
“¿Cómo me pueden decir que no se está destruyendo la carrera judicial? Por eso están en paro, por eso hay que entender a los jueces, magistrados y trabajadores, y empatizar” con ellos, refirió.
Remarcó que es “inviable” el nuevo dictamen, que destaca que la campaña para la elección de ministros, jueces y magistrados durará 60 días y se les dará acceso a spots de radio y televisión, además de que podrán participar en foros realizados por el Instituto Nacional Electoral (INE), sector público, privado o social.
Este miércoles se resaltó que la Suprema Corte y el Tribunal Electoral no son parte de la suspensión de actividades en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación.
Abogados de NY piden claridad en plan judicial
Al expresar su preocupación por la reforma judicial que se discute en México, el Colegio de Abogados de Nueva York exhortó al Presidente Andrés Manuel López Obrador, y a la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, realizar un debate amplio y transparente porque la iniciativa conlleva riesgos que podrían socavar la imparcialidad y la eficacia del Poder Judicial.
La asociación advirtió que la reforma planteada por el Jefe del Estado mexicano al Congreso de la Unión contiene puntos críticos sobre la posible politización del Poder Judicial, la reducción de la independencia y eficiencia del sistema judicial.
Señaló que el debilitamiento institucional del PJF puede crear un desequilibrio de poder significativo en su relación con los poderes Ejecutivo y Legislativo, afectando los pesos y contrapesos en el funcionamiento del Estado mexicano.
“Esto puede poner en riesgo las condiciones democráticas fundamentales, erosionando la protección de las libertades individuales y la preservación de la fiscalización imparcial del poder político. Además, el trabajo de los abogados requiere de seguridad jurídica que un poder judicial débil no puede proporcionar. Un poder judicial parcial afectará a los negocios, a las oportunidades de inversión y al desarrollo económico”, aseguró.
Escuchar e incorporar perspectivas plurales en el debate público y en el proceso de toma de decisiones de la reforma, destacó, contribuirá a garantizar su fortalecimiento, en lugar de debilitar, preservando su independencia y la garantía de impartir justicia imparcial y oportuna.
En un documento de 11 páginas dirigido a López Obrador y Sheinbaum Pardo, mencionó que la motivación de la propuesta de reforma judicial es por el descontento del Presidente con las decisiones de la SCJN que anulan algunas de sus políticas y reformas legales prioritarias.
Y PAN lanza su propia propuesta de reforma
El PAN presentó una contrapropuesta de reforma al Poder Judicial, que busca hacer contrapeso a la iniciativa del Gobierno.
La iniciativa fue dada a conocer en el Senado por el dirigente Marko Cortés, y entre sus principales propuestas se encuentra que, para la selección de ministros, un comité técnico de evaluación del Poder Judicial que sea independiente, con siete integrantes y con participación ciudadana, haga las propuestas de las ternas al Senado, restándole esa facultad al Presidente de la República.
Plantea también elección del ombudsperson por voto popular. Y ante la ola de violencia que azota al país, propuso el establecimiento de la figura de jueces federales sin rostro.
Asimismo, en materia constitucional, planteó que para interponer una acción de inconstitucionalidad ya no sea necesario contar con un tercio de los integrantes de la Cámara de Diputados, sino que, por el simple hecho de ser parte de un grupo parlamentario, se tenga este derecho.
Y en el tema de controversias, se ocupe solamente el 20 por ciento de la petición de los legisladores de cualquier cámara. Respecto al acceso a la justicia, la propuesta panista señala que no sea sólo en materia tributaria, sino en cualquier caso que se judicialice en cualquier materia, y que sean seis meses máximo para que resuelvan los jueces y magistrados.
Por su parte, el PRI no apoyará la reforma judicial del Presidente Andrés Manuel López Obrador, ni “catafixiará” un voto con Morena, a cambio de que esa fuerza política valide la reelección de Alejandro Moreno dirigente nacional tricolor. Aseguró lo anterior la senadora electa del PRI, Paloma Sánchez Ramos, quien calificó como “rumores” esas versiones.
