El delito de extorsión en México, como el que estuvo detrás de los hechos violentos registrados en Texcaltitlán, con el “cobro de piso” a los pobladores, se ha incrementado 30 por ciento, de manera sostenida, en los últimos cuatro años, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
La información oficial establece que, de enero al 31 de octubre de este año, que se tiene el último corte, este ilícito suma ocho mil 809 casos, dos mil 039 más en comparación con el mismo periodo del 2020, cuando se reportaron seis mil 770 en los primeros 10 meses de ese año. En el 2021, la cantidad de casos sumó siete mil 274, y para el 2022 se documentaron ocho mil 705 eventos.
Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), aseguró a La Razón que este delito ha crecido 34 por ciento durante todo el sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador, comparado con el del priista Enrique Peña Nieto, y más de 64 por ciento en relación con el gobierno de Felipe Calderón.
Expuso que lo anterior se debe a la inacción y falta de un plan de gobierno para enfrentar este ilícito, que afecta a productores de aguacate, de limón, comerciantes, abarroteros, empresarios, transportistas, carniceros y comuneros de todo el país, ya que son víctimas de organizaciones del crimen organizado.
Hay evidencia de que, a pesar de que el delito ha crecido, el número de casos que se llegan a denunciar ha disminuido, en parte porque la gente no quiere o porque hay menos voluntad de las instituciones de seguridad de atender a las víctimasFrancisco Rivas, Director del ONC
“Hay evidencia de que, a pesar de que el delito ha crecido, el número de casos que se llegan a denunciar ha disminuido, en parte porque la gente no quiere o porque hay menos voluntad de las instituciones de seguridad de atender a las víctimas. Tenemos varios casos donde la gente denuncia y, literalmente, no les reciben las denuncias”, sostuvo.
Por ello, el especialista no descartó que en alguna comunidad de la República Mexicana se repitan más casos como el ocurrido recientemente en Texcalti-tlán, donde la comunidad, cansada de las extorsiones, decidió enfrentar a “la maña”, lo cual dejó como saldo 14 personas muertas y siete heridas.
“La extorsión se ha modificado a las necesidades del momento; es decir, hace un tiempo las extorsiones eran principalmente telefónicas, pero en los últimos meses hemos visto crecer las extorsiones presenciales de dos formas, no sólo las de derecho de piso, como lo que acaba de ocurrir en el Estado de México, sino también aquellas que están dirigidas a controlar mercados, a impedir a los comerciantes vender su producto o imponerles la venta de ciertas mercancías”, subrayó Rivas.
La pandemia declarada durante más de tres años —27 de febrero del 2020 al 5 de mayo del 2023— no fue condicionante para el aumento progresivo del fenómeno de la extorsión, que se ha incrementado año con año desde el 2020. En junio del 2022 se reportó el mayor número de ilícitos, con mil 89, y agosto de este año fue el segundo mes con más casos, al acumular mil 043.
De acuerdo con el Semáforo Delictivo, el Estado de México concentra 37 por ciento de los 843 delitos de extorsión que se cometieron sólo en octubre del 2023; siguen Veracruz, Guanajuato y Nuevo León, con ocho por ciento; la Ciudad de México y Jalisco, seis; Hidalgo, cuatro puntos; Michoacán, tres, y Morelos, dos por ciento.
Para Carlos Matienzo, especialista en seguridad por la Universidad de Columbia, la extorsión es uno de los delitos donde este Gobierno tiene peores cuentas que dar, lo cual se ha profundizado en algunos estados.
Lo que hace falta es invertir, por un lado, en policías locales en donde no las hay, pero la gran solución es llevar a la Guardia Nacional a las zonas donde hay menos control territorial de los propios municipios, e incluso de los estadosCarlos Matienzo, Especialista de la Universidad de Columbia
Añadió que otra entidad donde hay más extorsión es Colima, en la cual existe una fuerte presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y ocupa el segundo lugar a nivel nacional con alto índice de este delito.
Resaltó que el CJNG también está presente en las extorsiones en Guanajuato, donde disputa el territorio a los remanentes del Cártel Santa Rosa de Lima, en tanto que, en Baja California Sur, aun cuando los niveles de violencia son bajos, las extorsiones ocurren con alta incidencia, al igual que en Nuevo León.
Matienzo Zamora comentó que los 10 municipios con más extorsión en México, con una población superior a 50 mil habitantes, nueve están en el Edomex, y Celaya, Guanajuato, se cuela en ese top ten.
Coincidió con Francisco Rivas en el riesgo de que los hechos recientes en Texcaltitlán se repliquen en otros municipios rurales a nivel nacional, principalmente. Sin embargo, advirtió que sería grave que de nuevo se confronten los ciudadanos con la delincuencia organizada.
“Sería muy peligroso que la sociedad decida hacerse justicia, sería renunciar a la función primaria del Estado, que es proveer seguridad, pero además, es tener control sobre su territorio. Ya hemos visto malas experiencias de eso, como son las autodefensas en Michoacán”, subrayó.
Luego de afirmar que sería “el fracaso absoluto” del Estado permitir los grupos de autodefensa, como lo solicitaron recientemente los habitantes de Texcaltitlán para enfrentar a los delincuentes, Matienzo planteó, como una probable solución a los altos niveles de extorsión, la movilización de la Guardia Nacional.
“Lo que hace falta es invertir, por un lado, en policías locales en donde no las hay, pero la gran solución es llevar a la Guardia Nacional a las zonas donde hay menos control territorial de los propios municipios, e incluso de los estados.
“Es donde la Guardia debería estar y no distribuida en todo el país tratando de tener presencia por todos lados en pequeños grupos. No, hay que focalizarlo en esas zonas y dejarlas casi de manera permanente en donde no tengan capacidades esos pequeños municipios o en esas pequeñas poblaciones”, consideró.
