Crisis migratoria

Denuncian deportaciones sin procesos transparentes

El Instituto para las Mujeres en la Migración denunció que EU y México han llevado a cabo la deportación y expulsión de migrantes, sin transparencia y sin ningún compromiso de respetar y proteger sus derechos humanos

Deportación de migrantes
Deportación de migrantes Foto: Especial

El Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) denunció que Estados Unidos y México han llevado a cabo la deportación y expulsión de migrantes, sin transparencia y sin ningún compromiso de respetar y proteger sus derechos humanos.

En un posicionamiento señaló que los migrantes afectados provienen de países como Cuba, Guatemala, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y Venezuela; además que funcionarios estadounidenses han reconocido que, para implementar la expulsión y deportación, ha sido indispensable la participación del Gobierno de México.

La organización aseguró que en México los extranjeros irregulares son llevados a la frontera sur por aire y tierra, y tras ello los abandonan en ciudades como Villahermosa, Tabasco.

El IMUMI aseguró que los agentes del vecino del norte no escuchan las peticiones de los migrantes y su temor de regresar entornos violentos; aparte que, no les devuelven sus pasaportes o documentos de identidad, dejándolos varados en México sin papeles.

Con este contexto, los agentes migratorios mexicanos detienen de inmediato a las personas deportadas, llevándolas sin su consentimiento al sur y sin darles información sobre su derecho a acceder al asilo o a una regularización migratoria.

De acuerdo con la organización, en 2023 el Instituto Nacional de Migración (INM) realizó tres mil 153 traslados vía terrestres de personas migrantes, deportadas desde Estados Unidos, lo que se traduce en 47 mil 260 personas, de las que 25 por ciento fueron mujeres, cuatro por ciento niños y 71 por ciento hombres.

Por esta razón, señaló que organizaciones civiles de ambos países están litigando políticas, con el objetivo de obligar a Estados Unidos a reconocer su responsabilidad de lo que ocurre a los migrantes, además que buscan detener esas prácticas y proteger los derechos de las personas.