Padres de niños con cáncer acudieron a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), para presentar una denuncia en contra del subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, por los delitos de genocidio, discriminación y omisión del servicio público.
La abogada Andrea Rocha Ramírez, pidió que la FGR aplique las sanciones contra el funcionario. “Queremos la prisión o en su defecto, la multa contra esta persona inhumana que no debería estar en ese cargo se me hace sumamente grave que descalifique la lucha de los papás y de las mamás de los niños con cáncer”.
Aseguró que el delito de genocidio lo cometió el subsecretario de Salud “si se llevan ataques a la integridad corporal o a la salud de dichas comunidades o se trasladaren de ella a otros grupos menores de 18 años, empleando la violencia física o moral la sanción será de cinco a 20 años de prisión y multa de dos mil a siete mil pesos. Quiero decirte que en las declaraciones de López-Gatell atacó la integridad de los padres y madres de niños con cáncer, entonces claro que se configura el delito de genocidio”.
Leslie Martínez madre de Pedro, menor de cinco años que perdió la vista en el ojo izquierdo por un tumor, “debido a que él tuvo diagnóstico de retinoblastoma bilateral y por el desabasto no tuvo el tratamiento como debía ser y el cáncer avanzó y no hubo más que retirarle su ojito”, confió a La Razón.
“Responsabilizo al Gobierno por la pérdida del ojo de mi hijo, porque él iba súper bien, pero por el desabasto interrumpió su tratamiento y el cáncer avanzó, ya cuando se le dieron las demás quimioterapias ya no quiso ceder”, subrayó.
La Red por los Derechos de la Infancia (Redim) urgió al Gobierno federal a resolver de manera inmediata el abasto de medicamentos para niños con cáncer, sin politizar y privilegiando el interés superior de la niñez, toda vez que la salud es un derecho inalienable previsto en la Constitución Mexicana.
A través de un comunicado, el organismo aseguró que la protestas que realizaron las familias este miércoles en el AICM, es un reclamo legítimo.
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