Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) denunciaron actos de nepotismo, violencia de género, acoso laboral y discriminación por parte de jueces y magistrados en todo el país, y pidieron al Presidente Andrés Manuel López Obrador enfrentar esas "prácticas lesivas" a su integridad.
Advirtieron que se han presentado infinidad de denuncias formales en contra de los impartidores de justicia ante la Secretaría Ejecutiva de Disciplina y a la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas del Consejo de la Judicatura Federal; sin embargo, éstas frenan su trámite legal.
En una carta dirigida a la prensa, los inconformes señalaron que dichas instancias "sólo protegen" a los jueces y magistrados, bajo el argumento de que éstos cuentan con el principio de "presunción de inocencia" y su labor jurisdiccional no debe ser interrumpida con este tipo de acciones.
Los denunciantes ejemplificaron el caso de Altagracia Rodríguez Cuevas, trabajadora adscrita al Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito, con residencia en La Paz, Baja California, quien es objeto de violencia de género, acoso laboral y discriminación por parte del magistrado Jorge Dionisio Guzmán.
Subrayaron que "este servidor público sostiene que por sus relaciones con altos funcionarios del Consejo de la Judicatura Federal, no lo pueden tocar y menos cambiarlo de tribunal o sancionarlo por las denuncias que se presentan en su contra".
Esta situación de poder, agregaron, ha impedido que continúe la investigación de la denuncia 256/2019 y procedimiento de investigación J/76/2019, así como las diversas denuncias anónimas formuladas por personal de ese órgano jurisdiccional.
Lo anterior porque la Unidad General de Investigación de manera indebida y dolosa retrasa el trámite, lo que propicia que sigan los actos de acoso laboral, violencia de género y discriminación contra Altagracia Rodríguez, relataron los trabajadores del PJF.
Expusieron en su denuncia que ante la reiteración de violencia ejercida por el magistrado Dionisio Guzmán González, la mujer víctima de esos actos presentó el 30 de noviembre de 2020 nuevas denuncias contra este servidor público, sin que hasta el momento la Secretaría Ejecutiva de Disciplina acordara sobre su dimisión.
"Esto genera un completo panorama de impunidad y deja en total estado de indefensión a la citada servidora pública y al resto de sus subordinados. Pone en evidencia el ambiente de corrupción en el Poder Judicial y la vigencia de esa protección con la que se ufana el magistrado Dionisio Guzmán", aseguraron.
Los empleados del Poder Judicial hicieron un reconocimiento a López Obrador por la lucha emprendida contra cualquier forma de corrupción de jueces y magistrados, así como a las acciones del ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar para terminar con ese flagelo.
Para ello, manifestaron, se crearon las citadas Secretaría Ejecutiva y la Unidad General de Investigación, pero lejos de acelerar las denuncias entorpecen los trámites y las investigaciones con el argumento de no haber aportado pruebas o no hicieron una solicitud concreta de hechos.
EGC
