Activistas y expertos consideraron que la desaparición de personas sigue siendo uno de los grandes pendientes al cierre de 2022, pues si bien hay programas que se crearon, como el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), sólo se ha logrado reducir el delito en 16 por ciento en un año.
Por esa razón, exigen que se refuerce el combate a los grupos del crimen organizado —que son los responsables directos de la desaparición de personas— y con ello, disminuir el delito a nivel nacional.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación (Segob) del 1 de enero al 30 de noviembre de este año, se registraron nueve mil 687 desapariciones, mientras que en el mismo periodo de 2021 fueron 10 mil 389, es decir, hubo una baja de 16 por ciento.
No obstante, en la actual administración federal hay un aumento en la desaparición de 93 por ciento, ya que se registraron 39 mil 092 en 38 meses de gestión (1 de diciembre de 2018 al 30 de diciembre de 2022), contra 20 mil 243, pero del sexenio anterior (1 de diciembre de 2012 al 17 de diciembre de 2016), de acuerdo con cifras de la dependencia federal.
Al respecto, Delia Quiroa, madre buscadora en Tamaulipas, criticó que el Centro de Identificación Forense se haya logrado hasta el cuarto año de gobierno, cuando una de las promesas al inicio del sexenio fue el buscar e identificar a la gente desaparecida.
“Vamos en retroceso, vamos para atrás a pesar de que se creó el Centro de Identificación Humana es muy tarde, pues hasta el momento no tiene herramientas para comenzar a operar. La que ha avanzado es la Fiscalía General por el tema del predio La Bartolina -lugar considerado de exterminio en la entidad-, pero es a partir del escándalo que se generó”, indicó.
Aseguró que este año lo que causó mayor impacto es que las madres de familia al ver falta de respuesta de las autoridades, comenzaron a pedir permiso al crimen organizado para que las dejaran hacer sus búsquedas sin ser amenazadas o agredidas.
“Nosotros nos atrevimos a hablarle al diablo de frente, pero definitivamente vamos en retroceso”, indicó.
Destacó que las autoridades deben combatir a los grupos criminales, que son quienes desaparecen a la gente.
“Las autoridades deben combatirlos, ya que ellos son los que desaparecen a la gente, con ello se avanzaría y no habría tanta impunidad y falta de justicia. La estrategia de seguridad debe cambiar, si bien ayudan los programas, también lo haría la detención de responsables”, dijo.
Delia Quiroa mencionó que a medida que la estrategia de seguridad no funciona, los criminales cada vez son más “cínicos” en su manera de actuar, ya que antes se escondían para hacer sus delitos y ahora hasta lo publican en redes, lo que ha aumentado la violencia, mientras las autoridades siguen cruzadas de manos.
Agregó que mientras más pasan los meses, los criminales se hacen más fuertes, aparte que tiene varios conocidos que fueron policías federales que, al dejarlos sin trabajo, se fueron a las filas del narcotráfico.
De acuerdo a un documento en poder de La Razón, en diciembre de 2019 el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas aprobó, por mayoría, el Acuerdo SNBP/001/2019 por el que se crea el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, que practicará los peritajes pertinentes sobre los cuerpos o restos óseos que no han sido identificados y sean de su competencia.
El 10 de diciembre de 2020, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) publicó en su carácter de Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Búsqueda, como parte del proceso de selección del Grupo Coordinador del MEIF, los perfiles de las siete personas que integrarían al Grupo Coordinador; cuatro personas expertas en materia forense; una persona experta en derecho; una persona experta en cooperación técnica internacional, y una persona experta en enfoque psicosocial y vinculación con familias.
A pesar de ello, activistas consideran que no han visto el trabajo de los expertos, ni saben dónde están, pues la crisis forense sigue y no ven algún avance.
En tanto, la madre buscadora Ceci Flores Armenta consideró que la actual administración federal ha sido la peor, ya que no hay apoyo de las autoridades en la búsqueda de personas. “Yo creo fue un año perdido en el tema, pues a pesar de que se les dio mucha información no hicieron nada por investigar casos”, dijo.
Señaló que este año las autoridades sólo se cruzaron de brazos sin hacer acciones, pero lo que consideró peor es que este año aumentaron las amenazas hacia las buscadoras, como en su caso que piden 50 mil pesos por su muerte.
“Ellos saben quién gobierna, por ello hace lo que se les da la gana y nosotros tenemos que estarles pidiendo permiso para que nos dejen buscar, es algo risible”, aseveró.
La buscadora destacó que 2022 se caracterizó por la falta de apoyos a las familias, ya que varias se encuentran amenazadas y las autoridades “sólo han sido monos de aparador. Esperemos que con tanta presión mejore y no siga peor de lo que está en estos momentos, ya que el panorama no es el más adecuado”.
