El presunto brote de COVID-19 que provocó que se reagendaran las comparecencias de académicos y exfuncionarios del Conacyt en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) fue sólo una amenaza que se descartó en el transcurso de las horas tras la prueba respectiva.
Fuentes de la dependencia señalaron que lo anterior permitió que Patricia Zúñiga Cendejas y Gabriela Dutrént Bielous, ex secretaria técnica y ex coordinadora del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), comparecieran este miércolesen la Fiscalía General de la Reública (FGR) para ser notificadas sobre la investigación en su contra por un presunto desvío de 244 millones de pesos.
Zúñiga Cendejas, fundadora del FCCyT, quien se reservó su derecho a declarar, arribó a las instalaciones de la FGR la tarde de este miércoles, ubicadas en Paseo de la Reforma 75, colonia Guerrero.
En tanto, el juez Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal otorgó una suspensión provisional para evitar la detención o presentación del exdirector de Planeación Tecnológica del Conacyt, Rafael Pando Cerón.
La medida cautela no evita que la FGR pueda interrogarlo con relación al caso; en las próximas horas, el juzgador resuelva si le concede la suspensión definitiva.
Rafael Pando Cerón acudió a las instalaciones de la FGR para declarar por el presunto desvío de 244 millones de pesos, a través del FCCyT, pero le notificaron que le darían una nueva fecha.
La FGR integró la carpeta de investigación y solicitó las órdenes de captura a partir de dos denuncias que presentó Rosenda Cruz Vixtha, apoderada legal del Conacyt, el 10 de julio de 2020 y el 10 de junio de 2021. Se acusa que el Foro Consultivo gastó 471 millones de pesos en tintorería, comidas, viajes y salarios.
El pasado 21 de septiembre, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con residencia en Almoloya de Juárez, Gregorio Salazar Hernández, negó a la FGR la orden de aprehensión contra los 31 académicos, científicos y exservidores públicos del Conacyt. Consideró que la acusación contra la asociación civil operó bajo las reglas previstas en la ley, por lo que el ejercicio de recursos fue legal.
RFH
