Sin cumplir quedará el compromiso 54 de los 100 que hizo Andrés Manuel López Obrador, en el Zócalo capitalino, el 1 de diciembre del 2018, durante su toma de protesta como Presidente constitucional, de emprender la descentralización de las secretarías de Estado al interior del país, bajo el argumento de que la pandemia de Covid-19 causó retrasos en esta mudanza.
A un mes de pasar la estafeta a la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, apenas se tiene un avance de entre 20 y 25 por ciento en la descentralización, pues sólo dos dependencias llevaron a cabo la mudanza de forma parcial: las secretarías de Energía a Villahermosa, Tabasco; y Salud, a Acapulco, Guerrero, así como la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (Conapesca) a Sinaloa.
Apenas en julio pasado, López Obrador justificó el retraso en la descentralización. “Yo en el Zócalo, cuando tomé posesión el 1 de diciembre de 2018, hice 100 compromisos con el pueblo, he cumplido 98. Me faltan dos, y uno es el de la descentralización del Gobierno federal, que no hemos podido, sobre todo por la pandemia que nos llevó a estar aquí para enfrentar el Covid y todo el daño que causa, pero vamos a ir avanzando en este propósito”, dijo.
En el transcurso de estos años, los costos para la descentralización han aumentado por razones de logística y cuestiones financieras, como el pago de renta a edificios, viáticos, sueldos y reubicaciones de viviendas para los altos directivos y los trabajadores.
Para la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), esta reubicación de secretarías y otras áreas federales es considerado uno de los proyectos más onerosos en la historia de la Administración Pública Federal (APF), lo cual no se traduce en infraestructura estratégica como carreteras, escuelas, puertos u hospitales.
El organismo patronal agregó que, de acuerdo con el Proyecto de Nación que formuló el Presidente López Obrador, el traslado de las dependencias federales tendría un costo aproximado de 125 mil millones de pesos, más dos mil millones que se establecían en la inversión de estudios preliminares y otros gastos.
“Esta iniciativa de reubicación de las dependencias federales parece contradictoria a las medidas que se emprendieron para eficientar el gasto público federal”, consideró la Coparmex en el estudio Reubicación de dependencias: ¿conviene a México?.
Según datos del Gobierno, se logró un avance en la descentralización en la Secretaría de Salud, para trasladarla a Acapulco, Guerrero, mientras que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) iría a Mérida, Yucatán; la Secretaría de Cultura, a la capital tlaxcalteca, y la Secretaría de Educación Pública (SEP), a Puebla capital, pero no se concretó.
En la Ciudad de México se concentraría la Presidencia de la República, además de las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Gobernación (Segob), Relaciones Exteriores (SRE), Defensa Nacional (Sedena) y la Marina-Armada de México (Semar).
“El resto de las secretarías se van a los distintos estados, pero se detuvo esto por la pandemia, pero ya vamos a continuar”, reiteró el mandatario a principios de este año.
Sebastián Godínez Rivera, politólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), consideró que se necesitaba una mayor planeación por parte del Gobierno federal para cumplir con este objetivo de descentralizar la Administración Pública Federal.
Ni siquiera hay una secretaría completa que haya pasado a una entidad federativa, sino que quizá fueron sus cabezas, principales mandos, pero no necesariamente esto se traduce en una descentralizaciónSebastián Godínez Rivera, Politólogo de la UNAM
En entrevista con La Razón, recordó que en su momento el entonces presidente José López Portillo habló de la reforma administrativa en siete fases, pero nada más llegó a la tercera, lo cual es muestra de que sí existen frenos o necesariamente hay percances, como señaló López Obrador en el tema de la pandemia.
“Ni siquiera hay una secretaría completa que haya pasado a una entidad federativa, sino que quizá fueron sus cabezas, principales mandos, pero no necesariamente esto se traduce en una descentralización; al contrario: todas las cabezas de las carteras siguen viniendo a Palacio Nacional para ver al Presidente; aparte, tiene que ver con los tiempos de traslado o en caso de que haya percances, porque así es la administración pública, así es el gobierno, gastan más venir de Guerrero a la capital o de Tlaxcala a la Ciudad de México”, aseguró.
Godínez señaló que en el próximo sexenio de la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, no hay una pretensión de que dará continuidad a la descentralización iniciada por López Obrador.
“No parece ser una preocupación principal de la Presidenta electa y quizá no se lleve a cabo; lo que podríamos ver es una reconcentración de las secretarías en la capital del país, sobre todo porque es más dinámico. Si hay percances o hay emergencias, es más fácil que la secretaria o el secretario se trasladen de aquí en la misma capital. Tampoco que vaya a continuar, no es uno de sus proyectos prioritarios”, destacó.
Sebastián Godínez refirió que apenas se logró descentralizar entre 20 y 25 por ciento de las dependencias, ya que “no se hizo ni siquiera completa una secretaría”. Agregó que el Gobierno indicó que con esta mudanza administrativa se iba a generar desarrollo económico, político, social y de seguridad.
En el caso de la Semarnat, que tenía como plan cambiarse al estado de Yucatán, sólo se notificaron los traslados temporales de directivos en los últimos años, aunque la titular de la dependencia, María Luisa Albores, se pasa más tiempo en la Ciudad de México, donde la mayoría de su personal de base opera desde su sede original aquí.
La Secretaría de Turismo tenía como objetivo instalarse en Quintana Roo, aunque no hay avances al respecto. Tampoco se sabe nada de llevar a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) al puerto de Veracruz. Lo mismo sucede con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), que tenía como centro de reubicación el Estado de México, y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social (Sader), que debería estar en Sonora, pero no ha ocurrido.
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se tenía planeado instalar en Colima, mientras que del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) estaba contemplada su operación en Michoacán, pero tampoco ha sucedido.
El plan del Presidente López Obrador era también sacar de la capital mexicana a la Comisión Nacional Forestal (Conafor) hacia la ciudad de Durango, y a su vez el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) estaba previsto instalarlo en Bahía de Banderas, Nayarit; sin embargo, no ocurrió.
En Baja California Sur se albergaría al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), mientras el Instituto Nacional de Migración (INM) llegaría a Tijuana, Baja California, y tampoco se concretó.
Puebla fue considerada para concentrar los trabajos de la Secretaría de Educación Pública, proceso que se realiza de manera parcial. Lo mismo sucede con las secretarías de Bienestar a Oaxaca, Cultura a Tlaxcala, Energía a Tabasco, Trabajo y Previsión Social a Guanajuato, y Petróleos Mexicanos a Campeche.
