Estos actos se dan por falta de castigos, señala experto

Despiden a asesor de diputados linchado; en impunidad, casi 95% de casos

En los últimos 26 años se reportan un promedio de 14 episodios cada 365 días; en el caso de Puebla se trató de un “método sanguinario”, señalan

Aumentan linchamientos, pero menos de 5% recibe condena.
Aumentan linchamientos, pero menos de 5% recibe condena. Foto: Especial

Frente a los crecientes casos de linchamiento en el país, el castigo para los responsables es casi inexistente, pues menos del cinco por ciento de los involucrados reciben sentencia, aseguró Raúl Rodríguez Guillén, académico del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

El viernes pasado el abogado Daniel Picazo González, quien hasta marzo del 2022 se desempeñó como asesor en la Cámara de Diputados, fue linchado por pobladores de Huauchinango, en la Sierra Norte de Puebla, al ser confundido con un secuestrador de niños.

El investigador de la UAM dijo a La Razón que en Puebla hay un contexto favorable para que estos actos ocurran, ya que la gente está dispuesta a cometer excesos y, aunque las causas no estén justificadas, se extralimitan porque la violencia permite que esto se realice y por la impunidad.

“Ahora, concluir un proceso para querer castigar a los linchadores es imposible, porque no se puede comprobar quién de todos dio el último golpe o fue causante de la muerte”, matizó.

Ahora, concluir un proceso para querer castigar a los linchadores es imposible porque no se puede comprobar quién de todos dio el último golpe o fue causante de la muerte
Raúl Rodríguez Guillén, Académico de la UAM Azcapotzalco

Eunice Rendón, experta en prevención, migración y seguridad, dijo que, en el caso de Daniel, fue un método “sanguinario” de asesinato: “por supuesto que es homicidio y es colectivo; esto no es nuevo. Desafortunadamente, los linchamientos se han dado en varias ocasiones... La justicia por propia mano es parte de nuestra realidad y no debe quedar impune”.

En los 26 años que comprenden de 1988 a 2014, se registraron en el país al menos 366 casos de linchamiento, considerados de modo genérico (en sus variantes de tentativa y consumación); es decir en promedio, 14 episodios cada año.En siete entidades se concentra el mayor número de casos (80 por ciento); es decir, 296 de 366 contabilizados en ese periodo.

El Estado de México y Ciudad de México (antes Distrito Federal) encabezan la lista, seguidos por Puebla, Morelos, Oaxaca, Chiapas y Guerrero, de acuerdo con el informe especial sobre linchamientos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) del 2019.

Gráfico
Gráfico

En 2015, la CNDH documentó 43 casos; en 2016, 59; 2017, 60; y en 2018, 174 casos, una cifra sin precedentes, aunque hasta septiembre de 2019 hubo 166.

La organización Causa en Común señala que, en el 2020, ya inmersos en la pandemia por Covid-19, se registraron 39 linchamientos; en el 2021 fueron 42 y entre enero-mayo de este año iban 10. Sin embargo, también refiere que en esos mismos años se han registrado 150, 279 y 82 intentos de linchamiento.

Luis Carlos Sánchez, investigador de Causa en Común, expresó que situaciones como la de Puebla, derivan de un abandono institucional por parte de las autoridades, en donde las dependencias de seguridad deberían ser garantes para que estos hechos no ocurran.

Por supuesto que es homicidio y es colectivo. Justicia por propia mano es parte de nuestra realidad y no debe quedar impune
Eunice Rendón, Experta en seguridad y migración

“Qué pasó con los protocolos de la policía municipal o estatal, ya que no pudieron salvar al joven. En el caso de Huauchinango planteaban, de acuerdo con los medios, que había 200 personas que golpearon brutalmente a Daniel; entonces, ¿cómo demuestras que esos sujetos participaron en el evento? y ¿cómo generas una carpeta de investigación para cada persona?”, sostuvo.

El especialista consideró necesario saber cómo las autoridades están investigando para dar con los culpables y que reciban un castigo.

Ayer, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, calificó como “un acto de barbarie” el linchamiento de Daniel Picazo, quien había sido asesor de la diputada panista Joanna Alejandra Felipe Torres.

En conferencia, llamó a los poblanos a regular su comportamiento social y a hacer “un alto a este tipo de actos”, ya que, dijo, las autoridades están trabajando en cada caso de violencia y delitos como la desaparición de personas. Agregó que la Fiscalía del Estado ya comenzó las investigaciones para esclarecer y aprehender a los responsables del asesinato.

Según la titular de la Secretaría de Gobernación estatal, Ana Lucía Hill Mayoral, se han registrado en Puebla 11 intentos de linchamiento en lo que va del 2022, con saldo de 15 personas rescatadas y una fallecida.

El factor es que hay una multitud que ejerce una agresión física contra un individuo y que lo pueden llevar hasta la muerte. Se requiere una buena investigación para dar con los responsables
Luis Carlos Sánchez, Investigador de Causa en Común

Joven intentó ayudar a Daniel

El único testigo que se presentó a declarar ante la Fiscalía de Puebla aseguró que intentó salvar la vida de Daniel Picazo, pero los pobladores no lo permitieron.

Así lo revelaron Nicandro Picazo y Angélica González, padres del abogado que el 10 de junio fue linchado y calcinado por pobladores de Huauchinango, luego de que lo señalaran por supuestamente intentar secuestrar a un menor.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, los padres del joven de 31 años aseguraron que, en una parte de su declaración, el testigo mencionó que mostró a la turba la identificación de Daniel, la cual acreditaba que laboraba en la Cámara de Diputados.

Totalmente aberrante. Prejuicios, ignorancia, rumores, un ambiente de no creer en la autoridad que está provocado por todo este momento que se vive en la sociedad
Miguel Barbosa Huerta, Gobernador de Puebla

Relató que mientras permanecía amarrado, Daniel le dijo: “¡Ayúdame, ayúdame, que yo no puedo”. Después le pidió sacar su cartera y, tras ver su identidad, el testigo mencionó a los pobladores que a quien tenían atado era un “hombre bueno”, pero no sólo fue ignorado por los pobladores, sino que lo señalaron como cómplice del abogado.

Al ser cuestionado acerca de qué sabía del caso, el padre de la víctima respondió: “No sé nada, no entiendo; trato de entender, no lo creo todavía”, y exigió que se haga justicia.

La madre añadió que las personas que están encargadas de darle respuesta a todas esas preguntas no estuvieron presentes. Denunció también que la gente de la Fiscalía no le ponía interés y el único que declaró fue un jovencito que contó todo lo que había sucedido.

Finalmente, los padres de la víctima mencionaron que no era la primera vez que su hijo visitaba el poblado, pues “a él le gustaba mucho ir allá; tanto, que formó parte de un equipo de futbol”.

“Nosotros somos de la Ciudad de México, pero tenemos una casa que nos dejó mi papá en un pueblito que se llama Las Colonias, que es del municipio de Huauchinango”, precisó Nicandro Picazo.

Acerca de cómo ocurrieron los hechos, mencionaron que ese día su hijo les dijo que iría a Las Colonias a darse una vuelta y que a su llegada avisó que todo estaba bien. Y al siguiente día, el sábado 11 de junio, les avisaron de su muerte.