Durante el 2021, 44 mil 905 personas de diez estados fueron víctimas del desplazamiento forzado a causa de la violencia, lo que representa un aumento de 361 por ciento respecto al año anterior, cuando se registraron nueve mil 741 casos.
De acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), desde que comenzó la actual administración 63 mil 310 personas han sido desplazadas de sus viviendas a causa de los contextos de violencia que irrumpen en su vida cotidiana.
Esto refiere que sólo los datos correspondientes al 2021 representan el 70.9 por ciento de los tres años de este gobierno y que, además, es la cifra más elevada desde que esta organización comenzó el registro en 2016, cuando se contabilizaron 22 mil 110 víctimas de desplazamiento forzado.
Desde entonces, la tendencia fue a la baja, pues al año siguiente se contabilizaron 20 mil 390 desplazados; en 2018, 11 mil 491, y en 2019, ocho mil 664; sin embargo, para el 2020 se vio un repunte del 12.4 por ciento al subir a nueve mil 741.
Los datos refieren que el mes de 2021 durante el cual más personas abandonaron sus hogares fue agosto, con 10 mil 475; seguido de julio, con cinco mil 182, y junio con tres mil 857.
El informe preliminar también indica que el año previo ocurrieron 40 eventos de desplazamiento en los estados de Oaxaca, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Jalisco, Sinaloa, Veracruz, Chihuahua y Zacatecas.
Este último, entre los estados más afectados durante los últimos meses, pues en noviembre 31 familias huyeron del municipio de Valparaíso a causa de enfrentamientos armados entre grupos rivales que amenazaron y despojaron de sus bienes a los pobladores, lo que también ha provocado el cierre de escuelas y clínicas de salud en algunas localidades rurales.
A esto se suman las 150 familias que se desplazaron tras el asesinato de tres hombres en diciembre y las recientes movilizaciones en comunidades del municipio de Jerez.
Uno de los episodios con más desplazados ocurrió a principios de noviembre, cuando cerca de tres mil habitantes del municipio de Aldama, Chiapas, huyeron ante los enfrentamientos armados.
La Comisión refiere que las condiciones de movilidad de estas miles de personas representa una violación a los derechos humanos, pues huyen de sus viviendas “como consecuencia o para evitar los efectos de una situación de violencia generalizada, de un conflicto armado, de violaciones a los derechos humanos, de desastres naturales o de catástrofes provocadas por el ser humano”.
Además, apunta que el desplazamiento vulnera múltiples derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, los cuales persisten hasta que las personas consiguen una solución duradera y dejan de ser vulneradas.
“Ante este escenario preocupante, que exige intervención inmediata de los tres niveles de gobierno para prevenir nuevos desplazamientos, atender a la población desplazada y encontrar soluciones duraderas a su situación”, instó el organismo.
