La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó un incremento de 26.9 por ciento en el costo del Tren Maya, al pasar de 141 mil 20 millones 761 mil pesos, en 2019, a 178 mil 984 millones 371 mil pesos, en 2021.
La tercera entrega de los informes de fiscalización correspondientes a la Cuenta Pública 2020, que presentó ayer el auditor David Colmenares, refiere que también existen anomalías por 265 millones 882 mil pesos de los recursos ejercidos para el desarrollo del proyecto durante dicho periodo y que están pendientes de aclaración.
Explica que, de acuerdo con lo reportado por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), al tercer trimestre del 2020, el avance financiero del Tren Maya fue de 33 mil 190 millones 994 mil pesos, lo que significó el 18.5 por ciento de la inversión total del proyecto, la cual está estimada en 178 mil 984 millones 371 mil pesos.
Entre las observaciones hechas por el órgano auditor, señala que la realización del proyecto del Tren Maya se lleva a cabo de manera desarticulada, debido a que no dispone de un programa de desarrollo regional que permita planear las acciones de las instancias responsables.
Indica que, al inicio de la inversión del Tren Maya, se informó sobre la adquisición del derecho de vía de 461.7 kilómetros en los tramos del 1 al 3, que representa 66.7 por ciento de la meta originalmente establecida, y 88.5 por ciento de lo programado por contrato.
Sin embargo, el Fonatur informó que, por la pandemia de Covid-19, se atrasó el proceso y a la fecha del cierre del informe no tenía previsto nuevos contratos para adquirir los derechos de vía pendientes.
Respecto al turismo, la ASF refirió que, pese a que el Tren Maya planteó que esta área es uno de sus principales objetivos, no ha establecido una coordinación con la secretaría del ramo para definir líneas de acción que encaminen a la derrama económica del turismo en la región sur-sureste del país.
Identificó que los principales riesgos en el proyecto son los relativos a la obtención de permisos y aprobaciones ambientales, la liberación del derecho de vía, el riesgo arqueológico, el riesgo geológico, las demandas de terceros, los amparos, las acciones gubernamentales ejecutadas sin la coordinación y participación de los tres órdenes de gobierno y la ciudadanía, así como las comunidades sustentables implementadas de manera deficiente.
La Auditoría Superior de la Federación señala que es necesario dar seguimiento puntual a los contratos, acreditar la adquisición del derecho de vía y garantizar las comunidades sustentables, pues advierte que, de no hacer las correcciones necesarias, existe el riesgo de que se atrase el proyecto.
“De no corregir las debilidades encontradas, se incrementa el riesgo de que el proyecto no entre en operación en la fecha prevista y no se alcance el objetivo de promover el desarrollo económico, detonar el desarrollo turístico incluyente en la Península de Yucatán, crear empleos, impulsar el desarrollo sostenible, proteger el medio ambiente en la zona y propiciar el ordenamiento territorial”, establece.
