Los primeros dos funcionarios relacionados con la muerte de 40 migrantes en el incendio de un centro de retención de Ciudad Juárez, fueron detenidos ayer, luego de que el Poder Judicial ordenó la aprehensión de cuatro personas, entre ellas, el delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en Chihuahua, Salvador González, y de que citó al titular del INM, Francisco Garduño, para una audiencia de formulación de imputación.
Por la mañana, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer las cuatro nuevas órdenes de aprehensión que obtuvo en contra de personal de migración, entre ellas la del contralmirante Salvador “N”, Juan “N”, Cecilia “N” y Eduardo “N” , quienes se encuentran vinculados directamente con las conductas que generaron los fallecimientos y las lesiones que sufrieron las 65 víctimas del incendio en la estación migratoria temporal.
Por la tarde, agentes de la FGR detuvieron a Eduardo Apodaca Magallanes, jefe de Recursos Materiales de la Oficina de Representación del INM en Chihuahua, por su presunta responsabilidad en los hechos.
Más tarde, se dio a conocer la aprehensión de Juan Carlos Meza Cumplido, coordinador del Grupo Beta Protección Migrante, y de la agente Cecilia Rivera Tena. De esta manera, sólo falta por cumplimentar la orden de aprehensión en contra del titular de la oficina del INM en Chihuahua, contraalmirante retirado Salvador González Guerrero, a quien temprano trataron de localizar, sin éxito.
Además, el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, citó a comparecer al comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez, y al director general de Control y Verificación Migratoria, Antonio Molina Díaz, en las audiencias iniciales de formulación de imputación, señalando como fechas el jueves 20 para este último y el viernes 21 de abril para el titular de Migración.
La dependencia federal detalló, el martes pasado, la apertura de la investigación penal contra los funcionarios y trabajadores del instituto, quienes incurrieron en presuntas conductas delictivas, al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, esto es, en las estaciones migratorias.
La FGR solicitó el citatorio para que Francisco Garduño y Antonio Molina acudan a la comparecencia y no una orden de aprehensión, como en el caso del resto de las personas que hasta el momento han sido detenidas o están por serlo, por su presunta responsabilidad en el caso, debido a que el delito a perseguir, en principio, es por ejercicio indebido del servicio público, una acción que no tiene prevista la prisión preventiva de oficio.
Silvia Alejandra Gutiérrez Tristán, administradora del Centro de Justicia Penal Federal en Ciudad Juárez, pidió notificar personalmente al funcionario federal sobre el citatorio, en su domicilio en la alcaldía Xochimilco, de la Ciudad de México.
De esta manera, Francisco Garduño se deberá presentar el próximo viernes ante un juez para que escuche los delitos que le imputan en el caso, y dependerá de las acusaciones que se le hagan para saber si se mantiene o no en el cargo.
Con estos nuevos mandamientos judiciales, hasta el momento son 11 las personas, entre funcionarios, agentes del INM y privados, y un migrante, quienes han sido acusados tras el incendio del centro de retención en Chihuahua, que el pasado 27 de marzo provocó la muerte de 40 extranjeros y lesiones a 25 personas.
En días anteriores, cinco personas -tres agentes del INM, uno de la empresa privada que prestaba servicios en el centro migratorio y el migrante de origen venezolano que inició el incendio- habían sido detenidas e incluso, vinculadas a proceso, por lo que tienen la medida cautelar de prisión preventiva.
ONG se inconforman por cargos contra comisionado
Organizaciones sociales aseguraron que no aceptarán investigaciones superficiales en el caso del incendio de la estancia migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, que derivó en la muerte de 40 personas.
En un posicionamiento público, Fundación para la Justicia, el Instituto para las Mujeres en la Migración, Al Otro Lado, Asylum Access, Dhia y Uno de Siete Migrando, entre otras, señalaron respecto a Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM) que el “ejercicio indebido de servicio público” por el que se le investiga es atribuible cuando no existan consecuencias derivadas del incumplimiento de sus obligaciones legales.
Sin embargo, aclararon que, en el caso del incendio, esas omisiones produjeron la muerte y afectaciones a la salud de decenas de víctimas, por lo que los delitos atribuidos deben ser homicidio y lesiones, ya que los superiores jerárquicos del INM eran garantes de la vida y salud de las personas privadas de su libertad en la estancia migratoria.
Señalaron que no desean resultados que solo busquen calmar la opinión pública, y no solucionar de fondo el caso.Por ello, exigieron expertos independientes para todos los peritajes que requiera el caso.
CNDH denuncia hacinamiento en sedes de Coahuila
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) denunció trato indigno y condiciones de hacinamiento en las Estancias Migratorias Provisionales en las ciudades de Saltillo y Piedras Negras, Coahuila, que afectaron principalmente a población infantil.
Derivado de actividades de verificación que desarrolla personal del organismo a dichos espacios del INM, el 11 de abril de 2022 se observó que la Estancia Provisional de Piedras Negras contaba con aproximadamente 250 personas migrantes en malas condiciones de alojamiento y con sobrepoblación, dado que este lugar tiene capacidad para alojar a 88 personas.
Se confirmó en ese momento que muchas personas dormían en colchonetas sobre el piso, no contaban con regaderas ni aire acondicionado, aunado a que había niñas y niños conviviendo con adultos. Dicha situación se agravó el 17 de mayo de 2022, cuando se informó la presencia de 306 personas alojadas, lo que provocó un incendio en el área de varones.
Mientras que en las instalaciones de la estancia de Saltillo, entre los días 12 y 13 de mayo del 2022, había 185 personas alojadas, cuando la capacidad es para 30, lo que implica condiciones de hacinamiento.
Por esa razón, se advirtió que esos lugares se encontraban superados en su capacidad de atención e infraestructura, y que no se había dado aviso al DIF para el traslado de los menores para su cuidado.
Por lo anterior, la CNDH emitió la recomendación 34/2023, en la que solicitó al comisionado del INM, Francisco Garduño, la inmediata reparación integral del daño a las víctimas, que deberá incluir una compensación, atención médica y psicológica por personal especializado, de forma continua y en lugares accesibles.
Además, pidió analizar la viabilidad y pertinencia de crear y habilitar una Estación Migratoria concentradora en Coahuila, y solicitó la colaboración del INM para presentar la denuncia administrativa correspondiente, ante el Órgano Interno de Control, contra los responsables.
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Leo
