U n juez federal dictó un nuevo auto de formal prisión en contra de José Luis Abarca, expresidente municipal de Iguala, Guerrero, por el delito de delincuencia organizada, confirmó el abogado Alejandro Rojas Arellano a La Razón.
El juez segundo de Distrito en Procesos Penales Federales con sede en Toluca, Estado de México, Enrique Beltrán Santes, encontró elementos suficientes para presumir que Abarca Velázquez tenía vínculos con la organización criminal Guerreros Unidos, presunta responsable de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.
En este proceso también se le dictó formal prisión por el mismo delito a María de los Ángeles Pineda Villa, esposa de Abarca, y a Felipe Flores Velázquez, exjefe de la policía municipal de Iguala, pero a él, además, se le imputó desaparición forzada de personas.
Sobre José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, no pesa ya ningún cargo relacionado con la desaparición y muerte de los 43 estudiantes normalistas de la normal rural de Ayotzinapa.
A la pareja se le acusó de delincuencia organizada, por presunto lavado de dinero producto del narcotráfico, aseguró.
José Luis Abarca fue absuelto por el juez primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, en el único proceso legal en que se mencionó al exalcalde de Iguala como responsable en la desaparición de los normalistas, ocurrida el 26 de septiembre del 2014.
“El único proceso que tenía abierto, no ambos sino sólo José Luis Abarca, era la causa 66/2015, radicada en el Juzgado Primero de Procesos Penales Federales de Matamoros, Tamaulipas; es la única causa. Pero la semana pasada, el martes 13, si no mal recuerdo, fue absuelto con respecto al tema de los 43 estudiantes de la Normal. Actualmente no hay ningún proceso que lo relacione con los 43 estudiantes.
“El nuevo proceso, que es la causa 15/2022 en Toluca, no tiene nada que ver con los estudiantes o su desaparición; son temas ajenos a los estudiantes, por lo que hace a José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda Villa”, señaló el abogado.
Explicó que ambos enfrentan seis procesos, pero en todos ellos el delito que les imputan es la presunta complicidad con el grupo criminal de Guerreros Unidos, escisión del cártel de los Beltrán Leyva.
A José Luis Abarca y su esposa los señalan dos testigos protegidos: uno, identificado como Juan, que en realidad es Gildardo López Astudillo, alias El Gil, y Karla, que en realidad es Carlos Leyva, pero ni siquiera son testigos presenciales, sino que son de “oídas”, pues se enteraron por terceras personas de las supuestas órdenes que habría girado Abarca para frenar el paso de estudiantes normalistas al salón donde rendía su informe de actividades María de los Ángeles Pineda, como presidenta del DIF municipal, el 26 de septiembre del 2014.
El abogado subrayó que, con cualquier causa, “buscan evitar que el exalcalde de Iguala salga de prisión”, para evitar que “al Gobierno le truene el caso Ayotzinapa”.
“Se acerca el 26 de septiembre y el Gobierno no tiene algo qué informar, y para tratar de justificar que está haciendo algo, sigue procesando a personas que en algún momento fueron relacionados con el tema de los estudiantes. Los jueces detectaron que no hay ninguna prueba que relacione a mi cliente en los procesos que le siguieron; entonces, eso es una respuesta para evitar que salga José Luis Abarca”, señaló el defensor.
“No hay prueba que involucre en los otros delitos que se hicieron en 2014; todas fueron fabricadas y ahora que empieza a salir absuelto lo quieren mantener en prisión para que no le truene al Gobierno por el problema de que él vaya a salir por el tema del sistema mediático”, apuntó.
El litigante ha pedido a los jueces que manden a su cliente a reclusión domiciliaria o a un hospital, sobre todo porque está en prisión preventiva y no ha sido condenado por ninguna causa, y se encuentra delicado de salud.
FBPT
