Por estar en contra de la postura “irreflexiva” del Gobierno federal y considerar que los errores van más allá de los ortográficos y llegan hasta “un contenido ideológico con fines políticos”, la diputada federal e Morena, Adela Ramos Juárez, se sumó a las voces que exigen un freno a la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos y pidió que se practique una auditoría a su proceso de producción.
En conferencia de prensa, señaló que en México, la población quiere una “verdadera transformación (y por ello) los diputados tienen que defenderla, no mentir, no robar y no traicionar, sobre todo, los de Morena”.
Tras recordar que tiene experiencia como maestra de nivel básico y que ha “defendido” la educación pública y rural, dijo saber sobre los contenidos didácticos y pedagógicos que deben traer los libros.
“Estoy en desacuerdo con la posición irreflexiva de nuestras autoridades educativas y de nuestro Gobierno. Ante las múltiples expresiones de inconformidad, me sumo a la posición de no distribuir los libros de texto en este ciclo escolar hasta que haya condiciones favorables, hasta que se resuelva de manera correcta y legal y jurídicamente este proceso. Es evidente que no se trata sólo de errores ortográficos y gramaticales, sino de intenciones dogmáticas y filosóficas que conllevan un interés político con abusos exagerados”, declaró la chiapaneca.
Por ello, dijo, los libros deben ser revisados “sin simulaciones ni omisiones, mucho menos justificaciones burdas de los errores”. Como ejemplos de esto último, se refirió a lo dicho por el titular de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Marx Arriaga, quien la semana pasada optó por llamar a las fallas como “áreas de oportunidad”.
A fin de transparentar el proceso, la legisladora pidió que se practique una auditoría que revele los costos de producción y las personas involucradas en ella; además, exigió que la Comisión de Educación de San Lázaro se involucre mediante un llamado a comparecer a los funcionarios que participaron en la elaboración.
En sentido contrario, diputados de Morena y del PT que integran la Comisión de Educación anunciaron que en lo que resta de aquí al 28 de agosto realizarán asambleas informativas en todo el país, para mostrar los contenidos de los nuevos libros de texto y distribuirlos.
La guinda Aleida Alavez mencionó que no sólo intervendrán en las comunidades, sino también en los consejos técnicos escolares, como parte de la “defensa puntual” que emprenderán de los materiales.
El petista Reginaldo Sandoval dijo: “los libros de texto van y si los estados conservadores que se opongan no lo quieren hacer, nosotros podemos ir a hacerlo sin mayor problema, y vamos a desatar una discusión con padres de familia, con gobiernos estatales y municipales y con maestros, para demostrar que este modelo es adecuado para México”.
Por separado, el secretario de Educación de Coahuila, Francisco Saracho Navarro, dio a conocer que ya se alista la presentación de una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la distribución de materiales, con lo que sería la segunda entidad, además de Chihuahua, en actuar judicialmente .
En conferencia de prensa, el funcionario estatal aseguró que ya tienen listo el documento, elaborado por la Consejería Jurídica, y sólo falta su presentación ante el gobernador Miguel Ángel Riquelme.
4T acatará freno de libros en Chihuahua, aseguran
El Presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió ahora en contra del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, a quien calificó de “deshonesto”, por otorgar una suspensión para evitar la distribución de los libros de texto en el estado de Chihuahua; sin embargo, dijo que el Gobierno federal acatará la resolución.
“Un ministro deshonesto ordena que no se distribuyan los libros, buscando dejar sin libros de texto a los niños y estudiantes de Chihuahua. ¿Qué vamos a hacer?, pues vamos a respetar esa decisión, aun cuando es facultad del Poder Ejecutivo Federal la elaboración, la distribución de los libros de texto, es un mandato constitucional”, señaló.
Durante la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, López Obrador también acusó a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, de actuar de manera “irresponsable” en este caso de la distribución de los libros de texto.
“Estamos ante un caso especial de una gobernadora muy reaccionaria, conservadora, irresponsable y politiquera, que presenta una controversia para que no se entreguen los libros a los niños, a los estudiantes en Chihuahua”, señaló.
El mandatario federal dijo que hay una mentalidad muy retrógrada y conservadora de aquellas personas que acusan a los libros de texto de contener ideología comunista.
“Esto de los libros de texto… hay una persona que no voy a mencionar, pero jerarca, que dice: ‘No he leído ni voy a leer los libros de texto, pero estoy en contra porque son comunistas’, oye primo-hermano, o sea es una mentalidad muy retrógrada, muy conservadora, pero qué culpa tienen los niños, los estudiantes”, remarcó López Obrador.
Y agregó: “Cómo un ministro deshonesto quiere dejar sin libros, porque todavía está por verse, a los niños, los estudiantes qué opinan de esto los padres y madres de familia, cómo rechaza los libros”.
En ese sentido, López Obrador aseveró que le consta la deshonestidad del ministro Aguilar Morales, quien el pasado viernes concedió una medida cautelar a la gobernadora Maru Campos, con el fin de frenar la distribución de los libros de texto gratuitos en Chihuahua.
Tras recordar el dicho “Dios los hace y ellos se juntan”, reiteró: “Un ministro deshonesto, creo que se llama Luis María Aguilar —que me consta que es deshonesto y muy conservador, y muy adversario nuestro— resolvió que no se distribuyan los libros en Chihuahua”.
López Obrador insistió en que en la página del Conaliteg los papás y las mamás de los niños pueden consultar los libros de texto, y después que decidan si los aceptan o no en las escuelas. Adelantó que en los estados donde no hay amparos serán distribuidos los ejemplares, e incluso indicó que ya están en ese proceso.
En tono irónico, el titular del Ejecutivo federal preguntó a los gobernadores de Chiapas, Rutilio Escandón, y de Tabasco, Carlos Merino, “¿ustedes no promovieron amparos?”, a lo cual el chiapaneco precisó: “Ya los distribuimos (…) ya están en todas las escuelas”. Al mismo tiempo que el Presidente se congratuló: “Ah, bueno, ya son dos”.
Finalmente, confió en que en la mayoría de los estados, los gobernadores no van a presentar controversias contra los libros de texto, pues se trata sólo del bloque conservador.
“Con la suspensión no se daña a la sociedad”
En un breve mensaje, el ministro Luis María Aguilar Morales señaló que por la suspensión en la distribución de libros de texto en el estado de Chihuahua, “no se causa un daño mayor a la sociedad”.
En su pronunciamiento público a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), indicó que “el procedimiento para la publicación y distribución de los libros de texto gratuitos es un derecho a la garantía de la educación establecida en el artículo tercero constitucional”.
El ministro Aguilar Morales aseguró que la suspensión que concedió al gobierno de Chihuahua contra la distribución de los materiales, es en beneficio del interés superior de los niños, niñas y adolescentes.
Al explicar los motivos que lo llevaron a conceder el recurso, señaló que la controversia constitucional interpuesta ante la SCJN “no causa daño ni se afectan la seguridad y economía nacionales, ni las instituciones fundamentales del orden jurídico nacional”.
Aguilar Morales subrayó que se debe garantizar la opinión de los gobiernos de las entidades federativas, de diversos sectores de la sociedad, especialistas en educación, salud y cultura.
Agregó: “Se concede la suspensión solicitada por el poder Ejecutivo de Chihuahua para el único efecto que no se distribuyan los libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024, hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto, en el que verificará que se hayan observado los procedimientos legales respectivos”.
El ministro Aguilar también refirió que se otorgó el freno “para la determinación de los programas y planes de estudio establecidos en la ley general de educación”.
Dijo que lo anterior se debe a que para efectos de la presente medida cautelar y a partir de las constancias con las que se cuenta para su concesión, no es posible determinar si la emisión y la impresión de los citados libros se trata de actos consumados.
Leo
