Diputados de 4T extinguen el Insabi; oposición acusa “confesión de fracaso”

A poco más de tres años de su creación, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) comenzó ayer, en la Cámara de Diputados, su inminente ruta hacia la extinción, para ser reemplazado por el IMSS-Bienestar.

Mediante una iniciativa no discutida ni conocida hasta la mañana de este martes, el pleno aprobó una propuesta del diputado de Morena Emmanuel Reyes Carmona para consolidar la implementación del modelo IMSS-Bienestar.

Aunque la aplicación de IMSS-Bienestar comenzó desde el 2022, con esta reforma se concreta el planteamiento para sustituir al organismo que el Gobierno actual creó en el 2019 para garantizar la salud de las personas que carecen de seguridad social, en sustitución del Seguro Popular.

El proyecto fue aprobado con 267 votos a favor, 222 en contra y una abstención, luego de que el pleno le dispensó todos los trámites legislativos para acelerar la reforma a la Ley General de Salud.

Al presentar su iniciativa, el legislador aseguró que con su planteamiento se incorpora el Sistema de Salud para el Bienestar y el reconocimiento del IMSS-Bienestar como su órgano operador, cuya junta de gobierno se integrará por las secretarías de Salud (Ssa), de Hacienda y Crédito Público (SHCP), del Trabajo y Previsión Social (STyPS), del Bienestar, y cuatro órganos normativos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En los transitorios, da a la Ssa 180 días, a partir de la entrada en vigor del decreto, para emitir las disposiciones sobre los términos, plazos y condiciones para llevar a cabo la transferencia de recursos humanos, presupuestarios, financieros y materiales, del Insabi al IMSS-Bienestar.

En el decreto publicado en el 2019 se creó al Insabi como la institución encargada de proveer y garantizar la prestación gratuita de servicios de salud y demás insumos a las personas sin seguridad social, entre otras responsabilidades que ahora se ponen en manos del IMSS-Bienestar y cuya aplicación sólo será en las instituciones públicas de salud federal en las entidades federativas.

“Para tal efecto, el Insabi desaparece y sus funciones se integran al IMSS Bienestar para que sea un solo organismo descentralizado el operador de la Federación para la prestación de los servicios de salud en concurrencia con los estados”, dijo Reyes Carmona al presentar su iniciativa.

La oposición se fue en contra del proyecto con un mismo argumento: que el tiempo les había dado la razón.

“Se los dijimos, cuatro años después aquí estamos eliminando a Insabi. El día de hoy llega a esta Cámara de Diputados una iniciativa presidencial cuyo mensaje se traduce en el fracaso rotundo del Gobierno federal en materia de salud”, dijo el panista Juan Carlos Maturino.

De su misma bancada, Margarita Zavala mencionó que la discusión y votación de esta reforma era “la confesión del fracaso de salud de un gobierno irresponsable”.

La priista Frinné Azuara expuso el recuento de dificultades que se han vivido durante los últimos cuatro años en materia de salud, como la caída en la vacunación infantil y la disminución en el porcentaje de recetas médicas surtidas.

“Hoy no sabemos, y es la pregunta que nos seguimos haciendo y se los dijimos también desde hace varios años: el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos que nosotros, los priistas, la administración priista, le entregó a Morena, fue de 102 mil millones de pesos para la atención de todos los tipos de cánceres, para la atención de enfermedades raras, para la atención de VIH, para la atención de infartos. Hasta la fecha no sabemos en dónde pararon esos recursos”, reclamó.

Cuestionado sobre si hay temor de que este nuevo intento en materia de salud fracase, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, lo descartó.

El líder guinda consideró que la reforma, que ya fue enviada al Senado de la República, no extingue, sino fusiona de manera “virtuosa” al Insabi con el IMSS-Bienestar.

“Con eso se garantiza la atención a todos los que no son derechohabientes y garantiza un derecho universal a la salud para toda la población. Es una gran medida que es en beneficio de México y que yo creo que los que nos van a hacer el favor de escucharnos, de vernos y leernos, van a advertir que finalmente se va a contar con algo que dijo el Presidente, que yo coincido: en los próximos meses vamos a tener estándares de atención gratuita, universal, como Dinamarca. Y me hago responsable de mis palabras, ya lo verán”, dijo.

De acuerdo con la organización México Evalúa, con la transición del Seguro Popular al Insabi, la población objetivo —sin seguridad social— subió de 51 a 66 millones de personas.

Otras de las consecuencias que identificó fue el desplome en el apoyo a enfermedades de alto costo, pues ejemplifica que el gasto promedio a pacientes con VIH/SIDA era de 3.6 miles de millones de pesos, pero para el 2021 fue de 1.8 miles de millones.

Otro de los grandes problemas con la operación del Insabi es un consistente desabasto de medicamentos, que incluso a la fecha no ha podido resolverse.

Avanzan reformas que modifican instituciones

Al filo del cierre del cuarto periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados, Morena y sus aliados encaminaron varias iniciativas y dictámenes que, además de coincidir en su aprobación inmediata, concuerdan en sus objetivos: eliminar y modificar funciones e instituciones.

Hasta el cierre de esta edición, tres albazos se concretaron ante el pleno de la Cámara baja, con el único respaldo del bloque de la Cuarta Transformación y el reclamo constante de la oposición, que acusó a sus oponentes políticos de legislar por “consigna y obediencia ciega”.

El primer dictamen que aprobaron fue una iniciativa inscrita en la gaceta apenas este martes, con la que se sustituye al Insabi por el IMSS-Bienestar, y con la que la oposición insistió en que, con esto, se “confirmaba” el fracaso del órgano creado en el 2019.

El segundo albazo se consumó casi cinco horas después de que inició la sesión ordinaria del pleno, tras aprobar, con 264 votos en favor, diversas reformas a las leyes de Vías Generales de Comunicación, Reglamentaria del Servicio Ferroviario y Federal de las Entidades Federativas, para que los títulos de asignación de vías férreas se mantengan en manos del Estado por una temporalidad indefinida.

El morenista Pablo Amílcar Sandoval, quien impulsó la iniciativa, argumentó que se requiere una mejora jurídica para que los títulos de asignación se mantengan “siempre” en manos del Estado, con el fin de evitar que exista una “transferencia indebida a ninguna persona”.

De esta forma, se establece que el titular del Ejecutivo federal podrá asignar directamente a entidades paraestatales la prestación de servicios públicos, así como el uso, aprovechamiento y explotación de bienes sujetos al régimen de dominio público, por causas de utilidad e interés públicos, general, social o de seguridad nacional, con vigencia indefinida y cuya modificación o cancelación sólo podrá ser cuando se extingan las causas que le dieron origen.

Al pronunciarse en contra, el panista José Antonio García acusó a la mayoría de buscar, mediante este proyecto, “abrir paso y limpiar el camino para que, con tal opacidad, el Gobierno opere y administre sin ningún problema el Tren Maya”.

A las 21:45 horas, el pleno aprobó dispensa de trámites a la iniciativa presentada por la diputada Ana Elizabeth Ayala para que el máximo de descuento en la venta de bienes inmuebles sea de 10 por ciento y no de 40, como se establece actualmente.

De forma paralela, las comisiones unidas de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación y de Educación, se declararon en sesión permanente para discutir los cambios en la materia correspondiente y ante los que académicos, científicos e investigadores reiteraron su rechazo, al acudir a la Cámara de Diputados.

Hasta las 21:00 horas, la reunión se mantuvo en pausa, tras la advertencia de PRI, PAN, PRD y MC de que Morena haría a un lado los cinco foros de parlamento abierto que aún faltan por llevarse a cabo, y subiría un tercer dictamen al pleno con modificaciones que no conocían.

Otro proyecto que avanzó hacia el pleno fue el que aprobó la Comisión de Gobernación y Población a partir de un par de iniciativas presentadas por el morenista Javier Huerta y por el Presidente de la República, para transferir a la Secretaría de la Función Pública la facultad que hoy tiene la Secretaría de Hacienda para coordinar las Unidades de Administración y Finanzas o equivalentes en los entes de la Administración Pública Federal.